La CIDH respaldó la legalización del aborto en Argentina

En medio del debate por la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en Argentina, a pedido de organizaciones de derechos humanos, una audiencia pública con el fin de orientar el debate legislativo, reforzando los estándares internacionales respecto a la salud sexual y reproductiva.

“Las mujeres tienen el derecho y la autonomía a decidir sobre sus cuerpos y el Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres, en particular a las niñas y a las personas jóvenes”, aseguró la jamaiquina Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH.

Además, agregó que era responsabilidad del Poder Ejecutivo transmitirle al conjunto de legisladores y legisladoras las obligaciones internacionales que tiene Argentina respecto al marco jurídico. “Los estándares son claros”, enunció.

“Detallamos los obstáculos al aborto no punible y la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo para garantizar los derechos de las mujeres, personas trans, niñas y adolescentes”, explicó por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su página web, una de las organizaciones solicitantes de la audiencia, junto con Amnistía Internacional Argentina (AIAR) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

“Muchos de los argumentos utilizados en contra de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados hacen un uso espurio del derecho internacional de los derechos humanos”, subrayó el CELS.

Legalizar el derecho a abortar es un imperativo

Más de la mitad de las provincias argentinas, no cuentan con normas que aseguren el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción legal del embarazo, “previsto para los casos en los que la gestación implica un peligro para la salud de la mujer, o en casos de violación”, apuntó el CELS en referencia al aborto no punible contemplado en el Código Penal vigente.

Es decir, una gestante puede acceder a un aborto legal en una jurisdicción, mientras en otra su derecho puede ser negado, “empujándola a la clandestinidad y la criminalización”.

En nuestro país, más de medio millón de mujeres se someten a abortos clandestinos cada año, y más de tres mil mujeres han pagado con su vida por la criminalización del aborto desde 1983. “Pese a estos datos, la Argentina insiste en adoptar una política represiva en torno a los derechos reproductivos”, criticó el CELS y agregó que “reformar la norma que penaliza el aborto es un imperativo de derechos humanos”.

Si bien la Organización Mundial de la Salud recomienda la interrupción del embarazo bajo el uso de medicamentos, en el país el misoprostol es autorizado exclusivamente para tratamientos gástricos. “Solicitamos que la CIDH indique al Estado la necesidad de garantizar el acceso a estas medicinas esenciales, como parte de una política de salud pública coherente”, finalizó el organismo.