Grabois sobre la incineración de basura: «Es una política que vamos a terminar derrotando»

Juan Grabois, abogado y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), conversó en FM La Patriada sobre a ley aprobada la semana pasada que habilita la incineración de residuos en la Ciudad y sus consecuencias tanto ambientales como laborales.

– ¿Cómo viven esta aprobación del proyecto para incinerar basura impulsado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y qué consecuencias tiene para los recicladores urbanos, también llamados cartoneros?

– Es una batalla de varias. Se perdió producto de que esta gente tiene mucho poder que no solamente lo ejercen con los medios que les da la ley sino que caminan por el borde. Los correos electrónicos que se filtraron dan cuenta de una campaña de dudosa legalidad en la que varios periodistas de importantes medios fueron paseados por Viena o París a costa del erario público para que hagan bloqueo informativo o moderen la opinión sobre un proyecto que es verdaderamente criminal.

Esto es así por varios motivos: uno ambiental que nos afecta a todos. Lo que va a suceder es que se va a incinerar, se van a liberar toxinas al ambiente que son cancerígenas, que producen enfermedades y hacen daño a la población. Los filtros no destruyen la materia, que va a un lugar, eso genera cenizas que son tóxicas. Es un sistema que se utilizó y se sigue utilizando en Europa pero hay dos temas: no todo lo que sucede ahí es bueno y en Europa lo están discontinuando.

La Unión Europea recomendó retirar los incineradores de circulación y no abrir ninguno más porque atenta contra la forma racional de gestionar los residuos, que tiene que ver con la responsabilidad del consumidor, con ponerle impuestos a los productos que tienen más de packaging y con fomentar alternativas para recuperación y reciclado, que ademas generan muchas fuentes de laburo.

En Argentina, los sectores más humildes encontraron en el cartoneo una forma de escapar de la miseria y la tristeza de tener que vivir de la asistencia del Estado.

– ¿Cuántos cartoneros hay hoy en la ciudad de Buenos Aires?

– Hay un circuito que está reconocido por el Estado, donde hay más de seis mil trabajadores y trabajadoras que si bien todavía no alcanzaron la plenitud de los derechos, gozan de algunos cómo por ejemplo ganar un salario social complementario, obra social, guardería para los chicos, elementos de higiene y seguridad, una logística, etc.

Son quienes prestan el servicio público de recuperación y reciclado a través de 14 cooperativas. Luego hay un circuito informal que es de difícil cálculo pero que también tiene alrededor de cuatro mil laburantes más. Después en la calle hay otros trabajos indirectos, en los galpones de acopio y en la cadena de intermediación.

– Estos 10 mil puestos de trabajo sumando al sector formal y al informal ¿De un día para el otro van a perder la posibilidad de hacer el cartoneo? ¿En qué sentido corre riesgo su puesto laboral?

– El día de la votación un poco por la presión que había en la calle y por la influencia de algunos legisladores de la oposición la ley, que en realidad es una modificación de la ley Basura Cero, estableció una serie de garantías para quienes realizan la recuperación y reciclado de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de Buenos Aires, aún en el caso de que se logren colocar finalmente los incineradores.

Insisto, a la larga o a la corta, si ponen los incineradores todas las políticas de reciclado se van a ir al tacho, porque el incinerador se alimenta del mismo material que se recupera a través de los mecanismos de reciclado. Para que tengan menor costo tienen que levantar mayor temperatura para generar una suerte de energía, termovalorización, sino son muy caros, para que suceda eso necesitan quemar plástico, no lechuga. A la larga va a desincentivar cualquier política de reciclado y va a incentivar a que se tire más ahí adentro. Es un problema de mediano plazo.

Ahora faltan pasos cómo la aprobación de la utilización del incinerador, que se consiga el crédito de 400 millones de dólares que va a ser deuda externa, para colocar eso. Con el 10% de esa plata se podría hacer una excelente política de reciclado que permitiría reducir muchísimo la cantidad de residuos que se envían a CEAMSE. Todavía nos quedan esas batallas, no queremos ni pensar en los planes de contingencia por si esto llega a avanzar porque creemos que es una política que la vamos a terminar derrotando. Hasta pocos días antes de la votación fue un tema que estuvo fuera del circuito de información.

– El Gobierno está presentando un proyecto para expropiar terrenos en las villas para urbanizar que en principio parecería ser interesante ¿qué opinión tenés?

– Es un proyecto muy bueno que se elaboró desde los movimientos populares. Cuando lo presentaron le cambiaron algunos artículos que ponen algunas «trampitas». Yo creo que lo vamos a ir resolviendo en trámite parlamentario. Es de una enorme importancia como base normativa para ir resolviendo la integración urbana de las 4.300 villas y asentamientos que hay en Argentina. Es una deuda pendiente de la democracia y es imposible aspirar a un país con justicia social si el 10% de la población no tiene acceso a los más elementales servicios públicos.

Lo que hace el proyecto es nacionalizar los lotes sobre los que están los barrios populares, se acaban las excusas legales para no intervenir y no darles servicios a los vecinos y vecinas. Luego hay un proceso de regularización dominiales que va a ser lento porque las normas urbanísticas de cada municipio están pensadas para la ciudad formal y no para la barriada. Lo más importante es que hay un reconocimiento a la existencia de estos barrios, que va a pasar a ser propiedad estatal para poder realizar las obras de infraestructura. No está prevista en la ley una partida presupuestaria para esas obras y esto tiene que ver con una cuestión de correlación de fuerzas.

Es raro, pero a veces nos toca explicarles a diputados o senadores de la oposición que con un gobierno de derecha neoliberal no se puede esperar resolver los problemas sociales que no se resolvieron con un gobierno popular. Y que a este proyecto de ley no se le puede pedir más de lo que es.

– ¿El proyecto lo elaboraron ustedes?

– Si, ahora lo presenta la bancada oficialista, a mi me tocó un rol de negociación. Cuando hicimos el relevamiento de barrios populares se empezó la redacción, se llegó a un acuerdo el año pasado después de que pasó por todas las instancias administrativas. El Gobierno decidió no presentarlo, se iba a presentar como un proyecto del Ejecutivo y decidió no hacerlo. Creo que por miedo a la reacción de su electorado reaccionario

Con el más elemental sentido común nadie puede estar en contra de eso. Se frenó y hace poquito tuvimos que plantearle al oficialismo que si no entra por el Ejecutivo, lo vamos a presentar por la oposición. Siempre dijimos que nosotros preferíamos que lo presente el oficialismo porque si lo presenta sale. Es una gran oportunidad que no podemos desaprovechar por más mal que nos caiga la gente que firma ese proyecto.

Foto: Gustavo Pantano