Macri y Aranguren buscan que los gobernadores asuman el costo del tarifazo

Luego de una semana agitada para la administración nacional respecto a los aumentos tarifarios, el ministro de Energia, Juan José Aranguren, se reunirá con representantes de las provincias en el Consejo Federal de Energía, para intentar que co-financien el pago en cuotas propuesto por los socios del PRO.

El funcionario buscará que los gobernadores acepten colaborar con el financiamiento de una demora en la reducción de subsidios, y la propuesta será que las provincias asuman al menos la mitad del costo.

La negociación incluye que los mandatarios provinciales abonen a mantener la tarifa social tal como se la conoce y resignen otros impuestos por sobre el consumo de energía. Por su parte, el gobierno pretende ayudar financieramente a las provincias que, a criterio del Ejecutivo, cumplan con la pauta de reducción de tributos acordada en el Pacto Fiscal.

De este modo, las gobernaciones que puedan sostener las tarifas diferenciadas para la población de menos recursos, o como le gusta decir a Macri, quienes hagan el mejor “esfuerzo”, serán quienes accedan al financiamiento nacional. Un mecanismo más de presión para disciplinar a la oposición, como ocurrió con la reforma previsional.

La administración nacional busca de esta manera repartir el costo político que generó el último aumento en las tarifas de servicios públicos, cuyo rechazó se vio reflejado en el ruidazo y la marcha de las velas, ambas iniciativas sucedidas la semana pasada en medio de la polémica.

El ajuste general en las tarifas se ubicó durante el primer cuatrimestre entre un 70% y un 75% del costo de la luz, el gas y el agua. Sobre las proyecciones de Aranguren, aún restaría un ajuste más de entre el 25% y el 30% según la prestación y la región.

Capital Federal, Buenos Aires y la región mesopotámica, por ejemplo, sufrirían otro aumento tarifario. Al respecto, Ámbito Financiero reveló que el ministro proyectó este mecanismo, sumado a la inflación, cuyo diagnóstico oficial es de 15%, pero que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó una variación de precios del 19,2% al finalizar el 2018.

Mientras tanto, el gobierno resolvió que no cambiará de rumbo a excepción del pago en cuotas, con lo cual los aumentos seguirán en la agenda de prioridades de Cambiemos.

Esta semana se anticipa una nueva discusión impulsada por los bloques opositores en el Congreso de la Nación, cuyo principal proyecto, impulsado por el Frente para la Victoria, propone congelar los incrementos y retrotraerlos al 1 de enero de 2018. Mediando la discusión, el Frente Renovador y Argentina Federal impulsan la propuesta de atar los aumentos a las variaciones de los salarios.

Foto: Agencia Télam