La ley de Integración Urbana y el rol de las organizaciones populares

El miércoles 11 de abril se dio a conocer por parte del gobierno nacional un proyecto de Ley denominado “Régimen de Integración Urbana y Regularización Dominial”. La iniciativa propone, fundamentalmente, iniciar un proceso de regularización en barrios populares. Para ello, como mecanismo y paso inicial, plantea avanzar en un proceso de expropiación de las tierras donde estos barrios se emplazan, a partir de la creación de un fideicomiso especial.

El proyecto del oficialismo en realidad es producto de una larga lucha iniciada en 2016 por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), TECHO y Caritas. En ese entonces, este grupo de organizaciones y ONGs lograron iniciar, en articulación con Jefatura de Gabinete, un relevamiento nacional para crear un Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso De Integración Urbana (RENABAP), en la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Decreto N° 358/2017).

Según lo expuesto por estas organizaciones, como resultado del relevamiento se evidenció que actualmente en Argentina existen 4329 barrios populares, donde habitan en situaciones de precariedad más de cuatro millones de personas (500 mil hogares). A la vez, el 61% de los terrenos donde se asientan pertenecen a propietarios particulares, 13% a municipios, 7% son provinciales y el 13% restante no posee información.

Luego de la realización del relevamiento se han comenzado a entregar certificados de vivienda, que permiten reconocer el domicilio de las familias, un paso único en la historia de los asentamientos populares de nuestro país.

El proyecto de Ley propone declarar de “utilidad pública y sujeta a expropiación” a todos los terrenos donde se ubican estos hogares registrados en el RENABAP. Además, suspende los desalojos por dos años y habilita que las empresas prestadoras de servicios realicen obras aún cuando no se cumplan todos los marcos regulatorios necesarios.

De esta forma se evidencian dos caras de una misma moneda que dialogan y se tensionan en los procesos de urbanización. Por un lado, las organizaciones sociales y políticas que históricamente han peleado por garantizar el derecho a la vivienda digna -tal como lo afirma la Constitución Nacional en su artículo 14- y que, en este caso particular, han logrado dar pasos sustanciales realizando por primera vez en nuestro país un relevamiento de estas características, como paso previo y necesario para la construcción de viviendas. Del otro lado, el gobierno de Cambiemos que, desde su triunfo a nivel nacional, ha anunciado el inicio de obras de urbanización sobre todo en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.

Sin duda este proyecto es un triunfo de este conjunto de organizaciones. Sin embargo, la historia argentina en relación a esta problemática anticipa que los riesgos son variados.

Por un lado, el primer desafío será que lo sancionado en una Ley logre concretarse en la realidad. Las distintas lógicas con las que opera el poder Legislativo y el Ejecutivo han promovido procesos donde las leyes han logrado legitimar ciertos derechos, pero con un carácter meramente declarativo, que no ha implicado transformaciones materiales. Casos de este estilo se pueden reconocer en la historia de la urbanización de la Villa 31, algunos de los casos de la Cuenca Matanza-Riachuelo, las poblaciones residentes en el Elefante Blanco (Villa 15), entre otros.

A la vez, han existido diversas políticas y leyes que se han propuesto avanzar en este tipo de procesos, y una de las principales limitaciones que han tenido en su desarrollo ha sido la desarticulación entre las distintas instancias de Gobierno.

Por otro lado, luego de algunos proyectos anunciados en la Ciudad y el territorio bonaerense es central poner en discusión qué es la Integración Urbana. Es fundamental no perder de vista que ningún proceso de integración puede sustentarse principalmente en el otorgamiento de títulos precarios y en la dotación de servicios de modo insuficiente.

Para evitar este tipo de procedimientos, con los que hemos lidiado por lo menos en la Ciudad en los distintos proyectos desarrollados por el PRO desde el 2011, es fundamental la inclusión de los habitantes en los procesos de proyección y desarrollo de las políticas de urbanización. Son las personas y organizaciones de estos barrios las que mejor conocen las problemáticas y pueden aportar a construir sus soluciones. En aquellos casos donde el Estado a legitimado sus voces, incluyéndolos en por ejemplo mesas de trabajo, los proyectos de urbanización han tenido mejores resultados.

Este proyecto de Ley, o la aprobación de cualquier plan de urbanización, son el primer paso del largo camino de disputas que se deberán transitar para asegurar la real integración y regularización urbana de los barrios populares. Si bien los riesgos son múltiples, y las experiencias históricas fallidas variadas, en este caso, la existencia de un conjunto de organizaciones que viene avanzando en asegurar la garantía de diversos derechos sociales y humanos, es el mejor elemento para confiar en el desarrollo positivo de esta experiencia.

Denise Brikman – @Denise_Brik