Jujuy: detuvieron a 40 gremialistas por protestar contra el ajuste de Morales

La justicia jujeña, a pedido del fiscal Diego Cussel y por orden del juez Jorge Zurueta, acusó a dirigentes sindicales por el delito de atentado contra la autoridad durante la represión que desató el gobierno provincial el pasado 4 de abril en una movilización contra el ajuste en San Salvador.

El juez resolvió la detención del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Jujuy, Marías Brizuela, y el secretario adjunto, Carlos Mercado. También fueron arrestados dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita y el Sindicato de Salud, entre otros.

“Fueron procedimientos arbitrarios, ilegales e ilegítimos que buscaron quitarles la libertad y el derecho de defensa a los imputados», dijo María José Castillo, abogada de José Zurita, uno de los manifestantes apresados 15 días después de la protesta.

Castillo lamentó que las detenciones fueran llevadas a cabo un sábado, “día inhábil para la justicia porque no se puede presentar un cese de detención, y mucho menos acceder a la causa». También remarcó que los arrestos habían tenido lugar en el marco de una manifestación legítima por parte de los trabajadores y trabajadoras.

La protesta se había convocado para cuestionar las políticas del gobernador Gerardo Morales, quien encabezaba la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura jujeña. Los gremios y organizaciones reclamaban el aumento de la oferta salarial del 5% planteada por el Ejecutivo y denunciaban las políticas de ajuste.

La jornada finalizó con una represión que dejó heridos, entre ellos, Bruno Bienvenido Méndez, quien había recibido un impacto de bala de goma en la cara. El sábado la policía ingresó a su casa y apuntó con armas a los niños que se encontraban en su hogar.

Otro de los detenidos fue Santiago Hamud, de la Tupac Amaru, quien dos días antes había concurrido a la Fiscalía de turno para denunciar amenazas por parte de la policía provincial. El militante es, a su vez, nieto de un testigo clave en los juicios contra el empresario ligado a la dictadura militar, Pedro Blaquier.

Desde ATE confirmaron que “el equipo jurídico de las organizaciones está tramitando un habeas corpus para terminar con la cacería”, y apuntaron que la “persecución que realiza el juez” es “bajo las órdenes del gobernador Gerardo Morales».

La CTEP se sumó al repudio de las detenciones y agregó que “la criminalización de la protesta social, la estigmatización a los movimientos populares y la judicialización de la política, son los métodos con los que Morales pretende amedrentar a quienes se manifiestan contra sus políticas de ajuste”.

El gremio de los trabajadores de la economía popular alertó que “Jujuy vive una situación de arbitrariedad judicial y de violencia institucional que no permiten el cumplimiento pleno de los derechos que nuestra Constitución garantiza”.

Durante la mañana de este lunes, ATE, CTEP, CCC y el Movimiento Evita, se movilizaron a la Casa de Jujuy en Capital Federal para exigir la liberación de los dirigentes detenidos y el cese de la persecución gremial.