13 abril, 2018
Trabajadores de transporte de larga distancia: “En Álvarez también va a morir gente”
Trabajadores de la empresa de turismo “Álvarez Hermanos” se encuentran de paro hace más de 20 días en repudio por la falta de mantenimiento de los micros, sueldos impagos desde el mes de noviembre y despidos injustificados. Denuncian al sindicato y al gobierno por encubrimiento.

Trabajadores de la empresa de turismo “Álvarez Hermanos” se encuentran de paro hace más de 20 días en repudio por la falta de mantenimiento de los micros, sueldos impagos desde el mes de noviembre y despidos injustificados. Denuncian al sindicato y al gobierno por encubrimiento.
La empresa de turismo Alvarez Hermanos, con sede en Don Torcuato, realiza recorridos a lo ancho y largo del país desde su nacimiento, en los años 70. Actualmente cuenta con una dotación de 150 personas, entre administración y choferes, donde los últimos se encuentran de paro desde principios de marzo ya que no sólo no cobran sus haberes completos desde noviembre de 2017, sino que se rehúsan a seguir trabajando con los micros que tienen a disposición. “Van a provocar una tragedia en cualquier momento”, aseguran.
El abogado penalista Gabriel Gusso, fue el encargado de elevar y hacer el seguimiento de las denuncias de los trabajadores: “Alvarez está de paro, viajan a escondidas sólo los trabajadores que son funcionales a los delegados”, explicó.
En las denuncias radicadas no sólo ingresa la empresa de turismo en cuestión, sino que también se hace alusión a las imperfecciones que presentan otras agencias del mismo rubro. “No se cobra bien, no se viaja bien, hay cucarachas en los micros de Álvarez» pero «Flecha Bus, Vía Bariloche y Chevallier presentan las mismas inconsistencias». «En Chevallier le clausuraron el lavadero porque reciclaban el agua para hacer el café. Lleno de cucarachas. No hay un ente de control que regule todo eso”, apuntó Gusso.
En alusión a los responsables de intervenir en materia de seguridad, higiene y contratos de trabajo, el abogado afirma que tanto la Unión Tranviarios Automotor (UTA) -que como sindicato debe garantizar los derechos de los trabajadores-, como el Gobierno de la Nación, hacen eco hueco de los reclamos. “La denuncia está en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py. El juez que interviene es el juez Ariel Lijo, el fiscal federal Guillermo Marijuan. También hemos denunciado en el juzgado del doctor Claudio Bonadio, en el juzgado de Servini de Cubria, en el Ministerio de Trabajo y de Transporte, le llegó hasta en mano la denuncia al Presidente de la Nación», señaló.
Pero al parecer «ni a la UTA ni al gobierno les interesa la situación que se está viviendo con los compañeros”.
Cabe destacar que la UTA no sólo no responde a los reclamos, sino que además tomó represalias con aquellos que visibilizaron las problemáticas sufridas en las empresas.
“Cuando vos pensás distinto la UTA te crucifica”, relató Jorge Arazana, un ex trabajador de Chevallier. Jorge renunció a su puesto de trabajo por miedo a las amenazas recibidas. «Cuando vieron que me resistí a abandonar el laburo me amenazaron de muerte con armas, los mismos delegados de Chevallier, y tuve que renunciar porque no tenía más apoyo de los compañeros”, sostuvo.
Cuenta que además, posterior a esta situación, tomaron de ejemplo su caso para que el resto no se animara a continuar con las denuncias. “Sino te va a pasar lo mismo que al gaucho”, les decían haciendo referencia al apodo con el que se identificaba Jorge.
Los trabajadores no son los únicos damnificados en esta situación, sino que los propios pasajeros corren riesgos al ser trasladados en unidades con graves irregularidades. “Las cubiertas de Álvarez son recapadas, hecho que está prohibido ya que no se pueden reutilizar cubiertas usadas. Otras directamente están agujeradas, vencidas, se ven que están rajadas”, denunció Gusso.
“Tienen cucarachas. Los amortiguadores están cortados, con cualquier golpe pueden perder la estabilidad. La instalación eléctrica es absolutamente ineficiente. Los micros no están preparados para una emergencia ni tampoco responden correctamente a aquellas personas discapacitadas”, subrayó.
En cuanto a la pregunta de cómo es posible que unidades que presentan estos inconvenientes estén habilitadas, el abogado explica que la maniobra de la empresa consiste en enviar “dos o tres micros” que estén en buen estado, e ir cambiando las patentes para conseguir la verificación de todos los coches. “Las verificaciones técnicas son truchas, las hacen por medio de corrupción. Como los colectivos son muy parecidos, mandan algunos buenos que tienen y así, habilitan todos los demás como si fuesen otros”.
Gusso reclama no sólo respuesta e intervención por parte de las autoridades, sino que los medios escuchen a los trabajadores. “Lamentablemente tenes que tener poder para que te escuchen, poder para estar en los medios, poder como gremio para hacer el reclamo. A los trabajadores les están debiendo los sueldos desde noviembre. Les pagan de a $1000, $1500, les deben viáticos”, enumeró.
Rescata, sin embargo, que los compañeros están dispuestos a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias: “Se formó conciencia en los trabajadores de colectivo, hemos logrado que se sepa, la justicia y la gente”.
Eliana Toledo
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