De enólogos y borrachos, o cómo ajustar y mercantilizar la ciencia y la tecnología

Por Victoria García* y Andrés Scharager**. El ministro Lino Barañao dio la nota esta semana con su presencia en la asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación en la provincia de Tucumán. Retomando la seguidilla de declaraciones inaugurada tras su juramento en el año 2007 -cuando discurrió sobre el carácter “teológico” de las ciencias sociales-, en este caso hizo hincapié en la necesidad de dar una “batalla” contra los “fundamentalismos”.

“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”, afirmó el funcionario poniendo nuevamente sobre la mesa sus antipatías con las investigaciones que advierten sobre las consecuencias del extractivismo. Según el ministro, si existen resistencias contra esas actividades, el problema sería en última instancia una incapacidad de la ciencia de dar cuenta de sus impactos positivos: “Las comunidades perciben que el riesgo lo corremos todos, pero que el beneficio es para unos pocos. Pasa con la minería y con la soja. Tenemos que ser capaces […] de que se comprenda el beneficio colectivo”.

Ciertamente, las preocupaciones de Barañao están fundadas: las luchas contra la megaminería a cielo abierto con cianuro han puesto en cuestión en los últimos 15 años la creación o continuidad de algunos yacimientos, y las fumigaciones con agrotóxicos fueron colocadas en tela de juicio por numerosos estudios. A través de diversas disciplinas (desde la biología molecular hasta la sociología), en el CONICET y en otros organismos de ciencia y tecnología muchos equipos han trabajado para exponer las limitaciones y peligros del modelo productivo en términos ambientales, económicos y sociales.

Sin embargo, en muchas ocasiones estas agendas de investigación no han sido desarrolladas en sintonía con la política científica oficial, sino más bien a pesar de ella. El caso del fallecido Andrés Carrasco, que con un estudio expuso los efectos del glifosato sobre la salud humana -cuestionando así al proceso de sojización en su conjunto-, es en este sentido elocuente: el propio ministro de Ciencia y Tecnología lo desacreditó (tildándolo de “anticientífico” y “antitecnológico”) y el CONICET se desentendió ante las agresiones por él sufridas.

Las declaraciones contra los “fundamentalismos” cobran en este marco un significado más evidente: no se tratan sino de un intento de arrogarse la autoridad de definir lo que es la ciencia legítima. Además de permitir la descalificación del conocimiento que no es funcional al poder, estos razonamientos operan como puntapié argumental de una ofensiva para imponer de modo autoritario qué merece la pena ser investigado y qué debe ser excluido por “teológico”, “inaplicable” o, sencillamente, “inestratégico”.

En este sentido, desde su ingreso -por continuidad- al gobierno de Macri, el ministro ha pugnado por cumplir dos grandes objetivos políticos. El primero es el que ha adquirido mayor conocimiento público: afianzar un giro radical en la curva de crecimiento de los organismos de ciencia y tecnología. Si hasta 2015 la tendencia se había inclinado hacia un alza presupuestaria sostenida -y con ello una expansión en materia de infraestructura, subsidios, becas e ingreso de investigadores/as a la planta del CONICET-, en estos dos años Barañao se ha propuesto deshacer con una mano lo que había escrito con la otra.

Por otro lado, el ministro ha apuntado al objetivo de profundizar lineamientos latentes de su gestión anterior. El crecimiento de los “temas estratégicos” a expensas de las convocatorias libres, la apertura de un debate contra las “ciencias básicas”, el llamado a la articulación con el “sector productivo” y el incentivo a la empresarialización de los/as investigadores/as -bajo la ideología del “emprendedorismo”- son las insignias más notorias de estos dos años, que buscan volver explícito el vínculo entre la política científica y algunos sectores ganadores del modelo de desarrollo vigente.

Claro está, el rumbo mercantilizador está facilitado por lineamientos institucionales de larga data. En el CONICET, la propia estructura de gobierno del organismo avala el entrelazamiento con los principales actores económicos: de su Directorio participan representantes de la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, dos de las mayores asociaciones patronales del país. Similar es el caso con el Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica: además de contemplarse la posibilidad de que se integren a él “empresarios innovadores”, el nombramiento de sus miembros está supeditado a una consulta previa con instituciones vinculadas al “quehacer empresario”.

El gobierno titubea con ensayos y errores, proponiendo reformas y volviendo sobre sus pasos, anunciando programas y luego desfinanciándolos. Pero los cimientos de la orientación de su política científica ya están sentados: un decidido achicamiento del sector y su indeclinable direccionamiento hacia las necesidades del mercado. Por este motivo, la urgencia de las luchas defensivas ante un ajuste cada vez más agudo no debe opacar la necesidad de discutir nuevas coordenadas de largo alcance. Mientras Barañao clama contra los “fundamentalismos” y propone encuentros new age sobre “ciencia y espiritualidad”, los/as trabajadores/as de la ciencia y la tecnología nos debemos una perspectiva estratégica propia que le permita al borracho decirle al enólogo dónde se halla realmente aquel “beneficio colectivo”.

* Secretaria de Géneros de ATE-Conicet Capital e integrante de la Corriente 12 de Mayo – Docentes universitarios/as e investigadores/as

** Integrante de la Corriente 12 de Mayo – Docentes universitarios/as e investigadores/as