Géneros

5 abril, 2018

Soledad Deza sobre el aborto: «Una consulta popular no es posible constitucionalmente»

Soledad Deza, coordinadora del Área Litigio de Católicas por el Derecho a Decidir, conversó con “Insurgentes” por Radio Sur 88.3 a pocos días de cumplirse un año de la liberación de Belén y sobre el proceso judicial que, como corroboró la Corte Suprema tucumana, violó los derechos de la joven que había tenido un aborto espontáneo.

Soledad Deza, coordinadora del Área Litigio de Católicas por el Derecho a Decidir, conversó con “Insurgentes” por Radio Sur 88.3 a pocos días de cumplirse un año de la liberación de Belén y sobre el proceso judicial que, como corroboró la Corte Suprema tucumana, violó los derechos de la joven que había tenido un aborto espontáneo.

– Se cumplió un año de este fallo que fue muy importante ¿Qué balance podemos hacer?

– Por un lado este caso sirve para visibilizar la excusa más usada por nuestros legisladores y legisladoras para no debatir la legalización del aborto. Que el tipo penal del aborto no se utilizaba en la vida real me parece que el caso de Belén lo dejó en términos de falsedad indiscutible. Porque Belén pago 29 meses de cárcel por haber tenido un aborto dentro de un hospital. Dejó al descubierto la maquinaria simbólica que compone la policía, el personal sanitario -sobre todo en hospitales públicos porque hay que sincerar que en clínicas privadas esto no ocurre- y el Poder Judicial que puestos a funcionar bajo prejuicios morales y estereotipos de género dan como resultado una condena, una privación ilegítima de la libertad.

Por otro lado me parece que finalmente puso al descubierto la desigualdad con la que nos paramos las mujeres frente a los poderes del Estado. En el caso de Belén no sólo frente al Poder Ejecutivo, porque la policía y el personal sanitario forman parte de este poder, sino también frente al Poder Judicial. Pensemos que Belén transitó durante dos años un proceso judicial sin una defensa feminista. Fue recién cuando ella obtuvo una defensa feminista donde pudo abrir una puerta real hacia el acceso de la justicia.

– Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO sostuvo que si el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo pasa al recinto el debate va a ser difícil porque están muy divididas las voces. ¿Cómo seria en el ámbito de la justicia? ¿Cómo podría llegar a tomar una legislación que despenalice el aborto teniendo en cuenta que muchas veces lo que prima es este juicio de valor sobre los cuerpos gestantes y las mujeres?

– Me parece que al menos la legalización del aborto por voluntad de la mujer dentro de las 14 semanas, que es el plazo que está en los ocho proyectos que están presentados, corre la persecución penal del horizonte de las mujeres.

¿Cómo puede actuar la justicia? Va a poder actuar, de aprobarse la legalización, si algún grupo fundamentalista plantea la inconstitucionalidad de la ley. Quien en definitiva va a fallar en última instancia es nuestra Corte. Algo similar a lo que paso con Roe vs. Wade en Estados Unidos. Yo lo veo altamente improbable, pero ese sería el rol de la justicia.

Ahora lo más urgente es el rol del Poder Legislativo, que es el que está siendo interpelado para ver si debate de cara a la gente, al pueblo, las mujeres y personas con capacidad de gestar que son las que se ven directamente afectadas por la criminalización del aborto. O si esos legisladores y legisladoras votan de espalda sal pueblo y de cara a los sectores poderosos, que son a quienes usualmente han sido genuflexos. El verdadero dilema lo tienen ahora ahí. Afortunadamente la lucha feminista es muy potente en estos momentos. Querer darle la espalda al pueblo les va a ser mucho más difícil que en otras coyunturas políticas.

– El presidente del bloque de Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, presentó en la mesa de entrada de la Cámara Alta un proyecto para someter la despenalización del aborto a una consulta popular no vinculante. ¿Crees que esto es posible?

– En terminos constitucionales no es posible. El artículo 39 y el 40 de nuestra Constitución que deben interpretarse de forma conjunta y complementaria inhabilitan la consulta popular para cuestiones vinculadas a temas penales.

Pensemos acá que se esta desincriminando un tipo penal que es la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. Así esta en el código penal. Por la materia, como se dice en derecho, está excluida la posibilidad de la consulta popular.

Me parece doblemente grave que un parlamentario desconozca los estándares constitucionales. Por un lado por la ignorancia pero por otro lado porque una consulta popular no vinculante a lo que se equipara es a una encuesta popular pero utilizando los fondos del Estado. Si quieren hacer una encuesta que la paguen. Que no utilicen vías que no son habilitadas por la Constitución para testear cuales son las opiniones favorables o no.

– Además de la ley que despenalice el aborto ¿Qué se necesita para que no sea una razón para estigmatizar a las mujeres?

– La segunda parte que viene después de la legalización del aborto es desarticular las resistencias del sistema público de salud. El aborto ya es legal en nuestro país desde 1921, esto es para embarazos forzados o riesgosos pero en estos casi 100 años ha encontrado resistencias para poder ser una prestación efectivamente disponible dentro de la oferta sanitaria. Esas resistencia tienen que ver con la cultura.

El rol del personal sanitario es central porque son quienes cristalizan en los hechos el verdadero acceso a la salud. Más allá del marco legislativo. El verdadero desafío es cultural. No digo la despenalización social, porque me parece que ya está. Es un tema que ha salido del closet. Se habla en los colegios, en la televisión, en la calle, en sectores, familias y espacios donde usualmente no se ha tocado el tema. Me parece que el desafío tiene que ver con los actores estratégicos de esta problemática en el acceso a la salud.

– ¿Hablas por ejemplo de formación específica en políticas que tengan que ver que significa el aborto o por qué las mujeres necesitan acceder a el?

– Esa legislación va a necesitar de una política pública que la implemente como todos los derechos. Se va a necesitar una acción estatal para implementarla y por otro lado se va a necesitar concentración, ética y disciplinas dentro de las instituciones hospitalarias publicas o privadas y que se van a ver expuestas a lo que ya conocemos: el abuso de la objeción de conciencia. Creada para preservar a los efectores pero es mal usada por la falta de control estatal y termina vaciando de contenido algunas políticas públicas.

– Cuando hablas de objeción de conciencia, que es uno de los puntos que se trata cuando se habla de la interrupción voluntaria del embarazo ¿Por qué se le da tanta importancia si hay una ley que permite el aborto por causales y que indica que si el médico tiene objeción de conciencia tiene que encontrar un profesional con la que la mujer pueda llevar adelante el aborto?

– La objeción de conciencia en nuestro país no está regulada en leyes. Está incluida en el protocolo para la atención integral con derecho de interrumpir un embarazo, elaborado por el Ministerio de Salud de Nación. Para que funcione, tiene que darse en el marco la ley 26.529 del derecho de los pacientes. Esta ley sostiene que cualquier efector de la salud que quiera negarle asistencia sanitaria a cualquier paciente, tiene la obligación de derivarlo en legal forma consiguiendo al profesional que si le va a garantizar la prestación licita.

En los hechos, la objeción de conciencia como no esta supervisada y es utilizada como herramienta de agresión, no funciona como debe funcionar. No es un déficit en el marco del derecho, es un problema cultural avalado por la falta de control estatal.

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