Luz verde en la AFIP: empresas reducirán sus aportes patronales

Las empresas operarias en Argentina podrán bajar progresivamente las contribuciones patronales de las nuevas contrataciones de personal a partir de la puesta en funcionamiento de la Reforma Tributaria aprobada en diciembre de 2017. Controversias sobre si apuntará a la generación de empleo o si aumentará las ganancias empresariales en desmedro de los ingresos fiscales.

La reforma impulsada por el gobierno en lo que respecta a la Seguridad Social crea un Mínimo No Imponible (MNI) para las contribuciones patronales, con un monto de 2.400 pesos mensuales por trabajador, para alcanzar los 12 mil en 2022, proporcional a la cantidad de días y horas trabajadas. Estas cargas deberán ser operadas mediante el nuevo Sistema de Cálculo de Obligaciones de Seguridad Social.

Según argumentaron desde la administración nacional, el propósito del MNI es que impacte en la reducción de los costos de contratación de los trabajadores para promover la formalización del mercado laboral.

En los cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el punto central del recorte reside en la aplicación de una porción del salario sin contribuciones. Al decir del presidente Mauricio Macri: “Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco”.

Sin embargo, se estima que la aplicación del MNI afecte la recaudación de 30.968 millones de pesos por el Estado nacional. De acuerdo al CEPA, “el impacto futuro de dicha reforma, manteniendo la cantidad de trabajadores, en un escenario conservador, alcanzaría los 217.611 millones de pesos”, lo que hace a un 34% de las contribuciones patronales.

Una medida poco innovadora

El Acuerdo Fiscal firmado el año pasado entre los gobernadores y  el Ejecutivo planteaba la necesidad de acordar “lineamientos para armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones de forma tal de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico y promover políticas uniformes que posibiliten el logro de esa finalidad común”.

Esta reforma presenta varias similitudes con la que planteó el gobierno de Carlos Saúl Menen en 1994, con la firma del Pacto Federal, cuyo inciso 3 pautaba “disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral”, con el objetivo de tender al “crecimiento sostenido de la actividad económica, la productividad y los niveles de ocupación”.

Sin embargo, la reforma impulsada bajo la década neoliberal no significó una mayor contratación de mano de obra, sino que aumentó las ganancias del sector empresario, y el mercado informal se incrementó. Las contribuciones patronales pasaron del 33% al 17,8% para el año 2000, uno de los años con mayores picos de desocupación (19,4%).

También el Estado dejó de recaudar más de 47 millones de pesos y las grandes empresas que redujeron sus aportes hicieron crecer su rentabilidad en grandes porcentajes, como resultado de una enorme transferencia de recursos que escaló a 16.057 millones de pesos.