Reflexiones en ocasión del “Juicio a Ford”

Por Alejandro Jasinski*. En los últimos años, hemos profundizado nuestro conocimiento sobre distintos aspectos de la última dictadura que asoló nuestro país. Uno de ellos es el rol que cumplieron sectores empresarios en la política represiva del Estado terrorista.

El informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad ha aportado en este sentido al estudiar la combinación de las prácticas represivas de fuerzas de seguridad y armadas y los sectores empresarios en los territorios fabriles, apuntada contra los trabajadores. El estudio de 25 casos, encontrando un patrón de prácticas empresariales represivas permitió identificar una estrategia de disciplinamiento anclada en el terrorismo de Estado que fue común a un sector del empresariado nacional y extranjero.

Uno de los casos más resonantes en la época es el de la automotriz de origen estadounidense Ford Motor. No sólo por las prácticas represivas, siendo el caso más extremo el de la instalación de un centro clandestino de detención y tortura en el propio predio fabril de General Pacheco, sino por el hecho de que es el único caso en Argentina que se encuentra en juicio oral y público.

El “Juicio a Ford” comenzó tras cuatro años de espera. Se lleva adelante en el Tribunal Federal Nº 1 de San Martín y la primera audiencia tuvo lugar el pasado 19 de diciembre de 2017. Desde entonces ya han declarado cuatro ex trabajadores, víctimas de la represión.

Fueron entonces 24 obreros secuestrados, torturados y desaparecidos. La acusación no recae contra la empresa, sino contra las personas, funcionarios empresariales, responsables por lo que sucedía allí: en este caso, se trata de dos altos directivos, Pedro Müller, gerente de manufactura, de 88 años, y Héctor Sibila, militar retirado del Ejército y jefe de Seguridad de la planta, de 92. El presidente de entonces, Nicolás Courard, y Guillermo Galarraga, gerente de relaciones laborales, se encuentran fallecidos.

Además de los dos directivos, está imputado Santiago Omar Riveros, uno de los peores criminales del hampa militar genocida, oficial responsable del área militar centrada en Campo de Mayo, en el norte del conurbano bonaerense.

El juicio encontró eco fuera del país. En Argentina, sin embargo, la difusión fue masiva en medios alternativos y prácticamente inexistente en medios de alcance nacional.

En la empresa, silencio. La prensa extranjera destacó la negativa de la compañía a brindar una comunicación oficial sobre el caso. Pero el silencio tiene larga trayectoria: en 1985, el presidente de Ford, Courard, respondió por escrito que no brindaría información ni permitiría la compulsa de archivos y libros societarios. Y, hace varios años, cuando se difundió internacionalmente la denuncia de ex trabajadores, el entonces gerente de relaciones institucionales de la empresa, Jorge Di Nucci, desmintió que hubieran funcionado en el predio centros de detención.

En 2006, la BBC señalaba: “La compañía se rehusó hasta ahora a comentar sobre el caso. Pero, en el pasado, rechazó categóricamente que hubieran tenido lugar abusos en sus fábricas”. En 1976, mientras los trabajadores eran secuestrados y torturados en el mismo predio fabril, la empresa enviaba telegramas a los familiares de las víctimas, intimando a éstas a presentarse a sus puestos laborales. Era la única -y cínica- comunicación oficial entonces sobre los desaparecidos de Ford.

Ahora, los abogados de la defensa delinean una estrategia judicial que consiste en responsabilizar de forma absoluta al sindicato y en señalar que la propia Ford era víctima de la prepotencia militar, aunque nunca jamás la compañía lo denunció, ni contemporáneamente, ni en la época de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) ni en los juicios por la verdad ni en la reapertura de los juicios en la década pasada.

Ante el silencio de los ex directivos y de la propia empresa, quienes no guardan silencio son los ex trabajadores. Esperaban con ansias el momento de hablarle a un tribunal y a quien quisiera escuchar. Y empezaron. Pedro Troiani, Carlos Propato, Adolfo Sánchez… y siguen.

Troiani había sido uno de los primeros ex trabajadores en denunciar a Ford. Lo hizo en 1984, ante la Conadep, junto más de veinte ex compañeros. En octubre de aquel año, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Eduardo Rabossi, presentó ante la justicia civil la primera denuncia, pero ésta fue trasladada a la justicia militar, donde durmió por unos cuantos años. En 1998, insistieron ante el juez Baltasar Garzón, a través de la presentación realizada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). En 2002, Troiani declaró ante la Cámara Federal de La Plata, en los llamados juicios por la verdad. Luego de escucharlo, el fiscal Félix Crous inició una denuncia contra los ex directivos de Ford. Por aquellos años, se inició una denuncia en Estados Unidos que no prosperó, y una demanda civil que alcanzó éxitos parciales. La causa se reabrió en septiembre de 2003, luego de que el Congreso declarara la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida.

Las primeras declaraciones de ex trabajadores fueron muy extensas, cargadas de tensión. Troiani declaró por más de cuatro horas. Propato mucho más. Ambos respondieron las preguntas de los abogados querellantes, de la Fiscalía, las inquietudes de los jueces y enfrentaron los incisivos cuestionamientos de los abogados defensores, quienes señalan sin cesar contradicciones en las declaraciones de las víctimas y testigos en relación a otras declaraciones realizadas diez, veinte y hasta treinta años atrás.

Las querellas intentan demostrar no sólo que los ex directivos participaron de la represión de diferentes formas, sino también la profunda relación entre las prácticas represivas y las necesidades productivas: recuperar el orden fabril, hacer valer la autoridad de la empresa y eliminar los obstáculos que impedían una acumulación más intensa del capital, léase, impedían achicar el costo laboral y aumentar los ritmos de producción.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas no constituyen una problemática novedosa, sin embargo, se encuentran como nunca antes en el foco de denuncias e investigaciones en todo el mundo. Estas violaciones, las graves y los delitos de lesa humanidad, se constituyen como las prácticas más extremas de lo que puede entenderse como violencia empresarial, particularmente, una estrategia de rentabilidad basada en la exacción violenta del trabajo.

Lo que evidencia Ford ocurrió bajo regímenes dictatoriales, sin embargo, se trata de prácticas que trascienden la trama estatal, de la misma manera que el terrorismo de Estado trasciende una dictadura, aunque cobran un carácter de violencia inusitada cuando se implican en ésta.

La violencia para los empresarios constituye un recurso a la hora de resolver los problemas de acumulación, y aunque no es el único, pues hay que señalar el importante rol del consenso en el sistema hegemónico, no hay que permitir que quede velado el rol nunca extinto de la violencia empresarial en los procesos sociales. El “Juicio a Ford” viene en buena medida a llamar la atención de esta problemática, en su caso más extremo, pero también si se quiere en su brutal normalidad.

* Historiador y periodista. Fue uno de los coordinadores e investigadores del informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado y es autor de Revuelta obrera y masacre en La Forestal: sindicalización y violencia empresarial en tiempos de Yrigoyen.

Foto: Lucrecia da Representaçao