Conflicto por el Río Atuel: “El agua es pública y debemos compartirla”

El Ingeniero Néstor Lastiri, de la Asamblea por los Ríos Pampeanos y ex secretario de Recursos Hídricos de la provincia, conversó con “Insurgentes” por Radio Sur 88.3 acerca de las reuniones entre los gobiernos provinciales de La Pampa y Mendoza para acordar un plan de obras sobre el uso compartido del Rio Atuel.

El conflicto por el agua del Río Atuel lleva un siglo de historia debido a que Mendoza desvío distintos cursos fluviales y construyó represas provocando la sequía de la región occidental pampeana. Si bien una resolución del primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946 – 1955), respaldada por fallos judiciales posteriores, estableció una entrega anual de agua para las y los pampeanos, la discusión sigue abierta.

Ahora la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), con participación de La Pampa, Mendoza y el gobierno nacional se encuentra debatiedo cual es ese «caudal mínimo ambiental que La Pampa reclama», explicó Lastiri. Además se están tratando «las obras para poder hacer una oferta de agua disponible para las dos provincias, más consolidada».

– Es un conflicto que lleva casi 100 años y que hace poco tiempo comenzó a generarse una mediación por parte de los distintos gobiernos para conversar y poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué es tan importante el Río Atuel para ambas provincias?

– Para la provincia de La Pampa es sumamente importante porque riega, baña, o escurre sobre una superficie de 50 mil hectáreas que al ser cortado el río sistemáticamente por Mendoza para su uso de riego esta casi extinguido permanentemente el caudal en territorio pampeano. Eso produce un daño ambiental muy importante reconocido por la Corte Suprema y además una desertización también de carácter muy grave.

Estos reclamos de que la provincia de La Pampa lleva hechos hacia la provincia de Mendoza (es el segundo juicio), ahora se están organizando en un periodo signado por la Corte donde ha establecido que nos pongamos de acuerdo con los caudales, cosa que no hemos logrado, y que ahora empecemos a discutir el tema de las obras.

El máximo tribunal ahora tiene las dos posiciones por el tema del caudal mínimo ambiental que reclama La Pampa, lo tiene digamos a su estudio para definir cuál es el número de ese caudal. La Pampa pide un caudal mínimo ambiental para reconstruir el medio ambiente en el noroeste de la provincia. Esto que es un grave daño ambiental, de éxodo de personas y de derecho humano de acceso al agua, es lo que La Pampa está reclamando desde hace tantos años.

Mendoza no acepta eso porque dice que toda el agua la usa para riego y no tiene excedente para mandarnos, entonces ahí está el conflicto.

Ahora, la Corte ha dicho “el agua no es de nadie”, el agua es pública y debemos compartirla. Entonces estamos trabajando en ponernos de acuerdo en el tema del canal ambiental y a partir de esta semana en el tema de las obras para el cual tenemos 120 días.

Este caudal ambiental es muy importante. Pedimos 4,5 que es un caudal estudiando en la Universidad de La Pampa propuesto a la Corte teniendo en cuenta todas las variables ambientales que afectan a la región. La Corte en este momento lo tiene a su disposición para establecer si es ese número u otro.

–  ¿Hubo alguna manifestación del Gobierno Nacional sobre éste conflicto?

– El Gobierno Nacional se manifestó en la audiencia ordenada por la Corte en julio del año pasado… yéndose. Y ahora está incluido en la comisión interjuridiccional. Estamos las tres partes Mendoza, La Pampa y Nación. Nación coordinando las tareas del Comité.

– Otro de los reclamos es sobre la construcción de la presa sobre el Río Grande ¿Esto sigue vigente cómo provincia? ¿La Pampa va a elevar algún recurso?

– Si, pero eso es de otro río. Es de de la Cuenca del Río Colorado, el Rio Grande es el principal afluente del Río Colorado y ahí están proponiendo hacer una obra en Portezuelo del Viento en la cual van a afectar básicamente los caudales en cantidad y calidad en toda la cuenca, sin haber hecho un estudio de impacto ambiental como exige cualquier obra púbica en el país.

Hasta ahora hay un lauda a favor de Mendoza. Nosotros nos seguimos oponiendo porque eso va a generar un grave daño en toda la cuenca del Río Colorado de donde se abastecem dos tercios de La Pampa con agua potable.

– ¿Qué expectativas tenes para esta reunión?

– No se ve un acuerdo fácil y es importante por lo menos volvernos a reunir y cumplir con el mandato de la Corte que esta vez ha puesto plazos y entonces van a tener una resolución en el tiempo porque antes todo se iba en excusas, en dilataciones.

– Este jueves es el día Internacional del agua ¿Se va a realizar alguna actividad?

– Si, en La Pampa se hace el Quinto Congreso Pampeano del Agua en el cual se van a hacer exposiciones y se van a tratar todos los trabajos referidos al agua, con un énfasis especial en la gestión de este recurso.

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El conflicto por el Río Atuel entre Mendoza y La Pampa se remonta a principios del siglo XX. En 1918 se realizó el primer desvío del brazo principal del río, el Atuel Viejo causando la desaparición del afluente. El paraje pampeano Isla Chalileo se vio directamente perjudicado y dejó de ser una de las regiones más fértiles de la provincia.

Años después, en 1937 se construyeron los “Tapones de Ugalde” en el límite de Mendoza con La Pampa, lo que convirtió al Arroyo Butaló en un pequeño hilo de agua. Así la Isla Chalileo perdió aquella ribera que lo rodeaba por el oeste y dejó de ser llamada “isla”.

El dique El Nihuil, finalizado en 1948, fue la siguiente gran obra que terminó de destruir el ecosistema del oeste pampeano. Todavía en aquella época La Pampa era un territorio federal administrado desde Buenos Aires por lo que no tuvo ningún tipo de participación en todas estas obras que afectaron directamente su ecosistema y producción local.

En 1978, en el marco de otras negociaciones sobre la cuenca del Río Colorado, se discutió también el caso del Atuel. Allí se acordó que Mendoza realizaría obras para redirigir parte del caudal del Río Grande al Atuel garantizando que llegue a La Pampa. Debido a diferencias de salinidad entre ambos cursos fluviales la obra no se llevó a cabo.

Para el año 1987 la Corte Suprema falló favorablemente a los intereses pampeanos resolviendo que el río era interjurisdiccional y debía ser administrado por ambas provincias.

La resolución reconoció el derecho de La Pampa a sacar provecho del caudal en la misma medida que Mendoza, pero en la práctica, la Corte reconoció a Mendoza el uso de esas aguas para riego y dispuso que La Pampa tendría derecho sobre “el excedente del caudal del Atuel”, sólo una vez que Mendoza hubiera garantizado el riego sobre casi 76 mil hectáreas de tierras.