La venta de Transener: un desprendimiento estatal de activos estratégicos

El primero de noviembre de 2017 el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 882/17, por medio del cual se instruyó al Ministerio de Energía y Minería a llevar adelante el proceso de fusión por absorción de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa) bajo la nueva denominación de Integración Energética Argentina S.A. En el mismo decreto se impulsa la liquidación de activos en poder de Enarsa, con los que se busca recaudar hasta 1000 millones de dólares.

Entre los activos que figuran para ser vendidos se encuentran: Termoeléctrica Vuelta de Obligado, Termoeléctrica Manuel Belgrano, Termoeléctrica José de San Martín; y la participación del Estado nacional en Central Puerto Sociedad Anónima, Centrales Térmicas Patagónicas Sociedad Anónima, Central Dique Sociedad Anónima y la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), controlante de Transener, la empresa titular de 8.800 km de líneas de alta tensión.

La historia de Transener se remonta las privatizaciones llevadas adelante por el entonces presidente Carlos Menem en 1993, cuando mediante el decreto 2.743/92 se desplegó la constitución de una sociedad que recibió la concesión del sistema de transporte de energía eléctrica, prestado hasta ese momento por Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AyEE), Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (Hidronor) y Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA).

La adjudicación fue otorgada al grupo Pérez Companc, quien a fines de esa década inició un camino de reconversión, para focalizarse en el sector agroalimentario por medio de Molinos Rio de la Plata. Para 2003 la participación del holding local en Transener fue vendida a Petrobras, junto a otros activos energéticos.

La otra parte titular de la concesión, la firma británica National Grid, vendió su participación en 2004 al fondo Dolphin Fund Management (hoy Pampa Energía), cuyo titular era Marcelo Mindlin, quien comenzaba su incursión en el mercado eléctrico tras separarse comercialmente de Eduardo Elsztain (IRSA).

Citelec era desde octubre de 2016 controlada en partes iguales por Pampa Energía y el Estado nacional que agregó al 25% que ya poseía vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, la parte que le vendió Electroingeniería. La otra mitad del paquete accionario de Transener cotiza en la Bolsa de Valores de Buenos Aires.

La decisión provocó el rechazo de la Unión Cívica Radical, que durante los meses de enero y febrero salió a criticar la resolución del Ejecutivo. En primer lugar lo hizo Ricardo Alfonsín, quien en Twitter afirmó: “Espero que la UCR persuada al Gobierno de que sería un grave error privatizar Transener. Se trata de un monopolio natural en un sector estratégico para la economía de los argentinos. No hagamos algo de lo que, cómo en el caso de la venta YPF en los ’90, nos vamos a arrepentir”.

Posteriormente, el Comité Nacional del centenario partido le envió una carta a Mauricio Macri en donde se preguntan: “¿Cuáles son los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos que ha evaluado el Ministerio para iniciar y ejecutar en plazos perentorios la operación de enajenación de las acciones del Estado nacional en Transener?”. El comunicado agrega: “La UCR impulsó la compra por parte del Estado nacional por razones económicas, por razones estratégicas y por razones de política energética”.

La repuesta corrió por parte del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien por intermedio de otra carta sostuvo que la venta de la participación del Estado en Transener “permitiría realizar una ganancia más que importante en beneficio de la empresa estatal”.

La polémica entre el radicalismo y el Ejecutivo precipitó la renuncia de Jorge Lapeña (ex secretario de Energía) de sus cargos en los directorios de Transener y Enarsa.

La apuesta energética

El sector energético terminó convirtiéndose en uno de los cuellos de botella más críticos durante la posconvertibilidad: reticencia inversora, subsidios compensatorios desbalanceados y pérdida de calidad en la prestación del servicio.

Con la llegada de Cambiemos a la gestión estatal en diciembre de 2015, energía pasó a ser uno de los sectores más beneficiados (revisión tarifaria mediante) y de mayor centralidad desde la conducción económica.

La aplicación del nuevo régimen tarifario vigente a partir de febrero de 2017 conllevó para Transener una ganancia neta consolidada para ese año de 2.200 millones de pesos, con un aumento en los ingresos por ventas un 173,8% en comparación con el año 2016. La rentabilidad (resultado del período/patrimonio neto) fue para 2017 del 78,3%, según consta en el balance presentado por la empresa en marzo de este año.

Estos resultados económicos, así como la perspectiva del sector para los próximos años y el actual marco regulatorio tras la revisión tarifaria, dispararon el interés por participar en la empresa que tiene el monopolio de la transmisión energética. Las primeras anotadas fueron las empresas chinas Southern Power Grid y State Grid, a las que se sumaría posteriormente Pérez Companc, quien ensaya un retorno al sector.

La resolución del ministerio de Energía puede enmarcarse en una política más general de desprenderse por parte del Estado nacional de su participación en distintas empresas (con sillas en sus directorios incluidas), por ejemplo mediante la venta de las acciones que posee el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De fondo resuena la pérdida de capacidades estatales de incidir en sectores claves para el desarrollo económico.

Leandro Navarro – @navarro_lean