Educación y Ciencia

14 marzo, 2018

Paritarias: revés judicial para docentes privados

El juez de primera instancia en lo laboral, Mario Zuretti, rechazó una medida cautelar presentada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) para reactivar la paritaria nacional, eliminada en enero por el gobierno de Macri mediante el decreto 52/2018.

El juez de primera instancia en lo laboral, Mario Zuretti, rechazó una medida cautelar presentada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) para reactivar la paritaria nacional, eliminada en enero por el gobierno de Macri mediante el decreto 52/2018.

La medida cautelar presentada por SADOP intentaba dar por tierra el hecho de que el gobierno nacional excluyó de la mesa de negociaciones a los docentes privados, quienes habitualmente se sentaban junto a la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), y la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) a discutir los salarios con el Estado, entre otros temas.

Pero una vez firmado el decreto que elimina la Paritaria Nacional Docente, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, señaló que SADOP al ser un sindicato que negocia con los privados, debe hacerlo con su patronal y no con el Estado. En este sentido, el juez Zuretti le dio la razón al Ejecutivo.

El magistrado consideró “constitucional” la medida gubernamental y esgrimió que el gremio no presentó argumentos serios. Sin embargo, Pedro Bayúgar, secretario gremial de SADOP señaló que “la legislación dice que tenemos que sentarnos con quien negocia el salario mínimo, o sea con el Estado”, en referencia a la Ley de Financiamiento Educativo.

El fallo se sumó a otro rechazo a una medida cautelar presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA). En enero, la jueza Alicia Puccirelli falló en primera instancia contra un reclamo similar, tildando de “idónea” la vía de amparo porque no se advertían omisiones ilegales o arbitrarias por parte del Estado Nacional.

Cabe destacar que el decretó igualó la representación gremial de los sindicatos nacionales en el espacio de discusión que garantiza la Ley de Financiamiento Educativo, y trajo como consecuencia la reducción de capacidad de negociación de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que pasó de tener cuatro representantes -por ser el gremio que reúne a más del 70% de los docentes del país- por encima de UDA y AMET (ambos con uno), a tener igual condiciones que los demás gremios.

El decreto 52/2018 dejó afuera de la discusión, entre el Gobierno y los docentes de todo el país, la cuestión salarial, establecida por la Ley de Financiamiento Educativo. Por el contrario, se estableció que la mesa de diálogo se utilizaría para discutir otros temas, como las condiciones laborales, el calendario educativo, o mismo las carreras docentes.

Con respecto a la paritaria, sostiene que el salario mínimo docente “no podrá ser inferior al 20% por encima del salario mínimo vital y móvil vigente”. El reclamo de los gremios es debido a que las negociaciones que superen ese valor, se regirán entre las provincias y los gremios en cada jurisdicción, no con el Estado Nacional.

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