DDHH: organismos rechazan la idea de Macri de crear parque nacional en Campo de Mayo

En su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el presidente Mauricio Macri anunció la creación de un parque nacional en Campo de Mayo, partido de San Miguel, donde funcionaron cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

«Nos preocupa que una iniciativa tan vinculada a la garantía del proceso de Memoria, Verdad y Justicia no haya sido consultada con los familiares de las víctimas que pasaron por ese centro de tortura y muerte, que hoy el presidente propone como espacio de esparcimiento», afirmaron en un comunicado Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros organismos de derechos humanos.

En Campo de Mayo, funcionaron varios centros clandestinos de detención. Por allí pasaron al menos 5 mil víctimas y nacieron muchos nietas y nietos apropiados durante el terrorismo de Estado.

Como bien detalla Ailín Bullentini en Página/12, se trata de un predio de 8 mil hectáreas entre los partidos de San Miguel, San Martín, Hurlingham y Tigre. Los centros clandestinos que allí funcionaron son El Campito, La Casita, el Hospital Militar -en donde además funcionó una maternidad clandestina- y la Cárcel -donde se encuentran la mayoría de los represores detenidos que gozan de prisión de privilegio-. Campo de Mayo fue, sumado a eso, un punto de despegue de los vuelos de la muerte, «estructura de terror en la que está implicado el Batallón de Aviación Militar 601 que tuvo asentamiento allí».

«Las investigaciones acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese regimiento, perteneciente al Ejército Argentino, aún continúan en curso», recuerdan los organismos. Las y los familiares aún se encuentran a la espera de juicios que den cuenta de lo ocurrido mientras que continúan la búsqueda de quienes nacieron en cautiverio allí.

«Campo de Mayo es un espacio de prueba para juicios de lesa humanidad que están por venir, cualquier modificación puede entorpecer el testimonio fundamental de un sobreviviente», recalcaron. Además, insistieron en que la justicia «continúa recibiendo denuncias de cuerpos enterrados en ese lugar y frecuentemente se realizan excavaciones para verificar si alguno de esos restos pertenece a nuestros desaparecidos y desaparecidas».

Por eso, los organismos entienden que la iniciativa del gobierno «se contrapone con lo establecido por la Ley de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado» que tiene como objeto la preservación de estos espacios “a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país”.