«El control en la Ciudad tiene cierta debilidad, sobre todo respecto al poder económico”

Este lunes se cumplieron cuatro años del incendio del depósito de la empresa de custodia de documentos Iron Mountain. El defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y ex legislador porteño, Gabriel Fuks, repasó las responsabilidades del Estado en la tragedia que terminó con 10 vidas.

La intencionalidad del incendio que tuvo lugar el 5 de febrero de 2014 fue probada por la Policía Federal y la Universidad Tecnológica Nacional. Pero además de eso, el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recordó, en diálogo con Las Mañanas de Radio Sur, que previamente al siniestro “hubo más de 30 alertas de distintos organismos del Estado”, como la Agencia Gubernamental de Control (AGN) a cargo en ese momento de Juan José Gómez Centurión, el área de Inspección del Trabajo, de Defensa al Consumidor, de Defensa Civil, etc.

“Hay cantidad de datos que demuestran que al momento en que se produjo el incendio -por una mano criminal- el Estado podría haber previsto que un galpón de 1895 no cumplía evidentemente con las condiciones”, aseguró Fuks y remarcó que “de hecho eso fue lo que generó que las paredes se derrumbaran provocando la muerte de los servidores públicos”.

“Existe un problema y una responsabilidad estatal que no se saldó”, indicó el ex legislador porteño.  “El expediente de habilitación está perdido y nunca se intentó reconstruir, cuando es una obligación del Estado. Sobre todo cuando existe una causa judicial abierta”, ejemplificó. Sumado a eso, el Gobierno de la Ciudad “tenía contratada a otra empresa, por el equivalente a un millón de dólares, para reconstruir expedientes”. Pasaron cuatro años y aún no apareció.

“Cuatro años después no tenemos delimitadas las responsabilidades del hecho. Cuatro años después los familiares todavía piden explicaciones”, sostuvo Fuks.

El depósito incendiado se encontraba dentro del “distrito tecnológico” de la Ciudad de Buenos Aires, donde “existen exenciones impositivas muy fuertes”. “La auditoría había calculado en 2014, 2015 que había tenido un ahorro de casi seis millones de pesos en impuestos. Así que imaginemos cuanto es el monto hasta el día de hoy”, cuestionó el entrevistado. “En estos días la empresa festejó el crecimiento de su volumen de inserción en la economía. Por supuesto haciendo una alabanza de los CEOs de la empresa a este gobierno”, agregó.

La compañía “nunca ha sido investigada a pesar de tener, además, una gran cantidad de antecedentes en todo el mundo”. Y muchos de los documentos que tenía en guarda y se quemaron “eran probatorios de otros posibles delitos”. “Es lo que sucedió con algunos bancos a los que se le solicitó información (como el HSBC puntualmente) que respondieron que se habían perdido en ese incendio”, mencionó Fuks.

“El control en la Ciudad tiene cierta debilidad, sobre todo cuando tiene que controlar al poder económico”, analizó el ex legislador, quien remarcó que la ausencia del Estado genera “espacio propicio para que se desarrollen acciones delictivas”.

“Como hay una teoría que dice que si se presiona los empresarios se van o no invierten, la debilidad de los controles tiene una causa y no es solamente si tal o cual inspector es corrupto”.

Para el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad, “hay una responsabilidad estatal muy fuerte” y todos los cañones apuntan a Gómez Centurión, el ex carapintada integrante del PRO que estaba al frente de la AGN y después “fue premiado por el gobierno, primero con la Aduana y ahora como vicepresidente del Banco Nación”. “Claramente es un mal funcionario cuya acción e inacción permitieron la muerte de diez personas”, concluyó Fuks.