Una legitimación cínica y peligrosa de la violencia institucional

Por Cristian Cuevas y Santiago Pérez. El 8 de diciembre pasado, Luis Chocobar, integrante de la Policía Local de Avellaneda, mató de dos tiros y por la espalda a Juan Pablo Kukoc. Este fue el famoso caso que provocó que los medios se llenaran de noticias acerca del estado de salud del turista estadounidense que había sido asaltado por Juan Pablo, pero ninguna sobre el crimen que había cometido el policía que, además, estaba vestido de civil.

Chocobar fue procesado por la Justicia y embargado por 400 mil pesos. Como corolario, dentro de la fuerza se inició un sumario, algo que es casi inédito para estos casos que implican lo más grave y terrible de una realidad que conocemos sobradamente: la violencia institucional. Pero lo que sucedió más tarde fue más increíble –y peor-.

Este jueves, el presidente Mauricio Macri recibió al oficial en la Casa Rosada para mostrarle su apoyo de cara a la causa que enfrenta. «Estoy orgulloso de que haya un policía como vos, al servicio de los ciudadanos», señaló el primer mandatario, avalando de esta forma el “gatillo fácil”, habilitando y “empoderando” negativamente a quienes forman parte de distintas fuerzas. Demostrándoles así que cuentan con el apoyo del Estado que, finalmente, legitima activamente un tipo de violencia que niega -y aplica- de forma sistemática.

Cabe agregar que en un caso similar a este el oficial de la policía metropolitana Ricardo Ayala disparó en un claro caso de gatillo fácil a Lucas Cabello. Tenía 20 años cuando, en noviembre de 2015, un agente de la Policía Metropolitana efectuó tres disparos que lo dejaron sin caminar de por vida. El relato policial, que hablaba de un “enfrentamiento armado” se logró desactivar más rápido que nunca porque los vecinos de Lucas salieron a la calle a contar lo que vieron: el joven sólo tenía dos sandwiches de milanesa en la mano cuando el policía le disparó en el abdomen, la mandíbula y los testículos.

Al día siguiente la entonces vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal quiso instalar otra versión y dijo ante los medios que lo ocurrido se había originado en un conflicto por “violencia de género” pero la desmintieron desde el subjefe de la Metropolitana, Ricardo Pedace, hasta la familia de Lucas y los vecinos.

En el caso de Chocobar, este viernes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich empeoró aún más la situación al criticar las “interpretaciones judiciales que condenan a los policías por trabajar”, y añadió: “No hay que confundir más la legítima defensa con la función policial”. Estas declaraciones se dan en el marco de una avanzada desenfrenada por parte de la ministra quien muy suelta de lengua llego a decir cuando Prefectura Naval asesinó, también por la espalda, a Rafael Nahuel: “No tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad”. Y agregaba: “Nosotros le creemos lo que nos dicen las fuerzas y no tenemos por qué no creerles”.

Diferencias entre legitima defensa y asesinato, ni más ni menos

En su artículo 34, el Código Penal exime de responsabilidad penal a aquel que actúe en defensa propia o de sus derechos siempre que se reúnan tres circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. La legítima defensa es una causal de justificación, es decir, elimina la antijuridicidad y por lo tanto, evita que esa conducta sea punible. No es condenable. Es condenable cuando la agresión sea legitima, es decir que otro también se esté defendiendo. El medio empleado refiere a que si un sujeto agrede a otro con un palo, uno no puede simplemente pegarle tres tiros, no hay reciprocidad en la agresión. Tiene que haber inmediatez entre la agresión y la defensa. Es decir, debe ser instantánea: si alguien me roba y no hago nada en el momento, no puedo ir matarlo al otro día, eso sería venganza.

Además, en el artículo 35, el Código Penal indica: «El que hubiere excedido los límites impuestos por la Ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia». Es decir que, si quien actuó con exceso en la legítima defensa mató, la pena será la del homicidio culposo, 1 a 5 años de prisión.

Un muerto cada 25 horas por gatillo fácil

En diciembre de 2016 la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó un informe concluyente el cual arrojaba la estremecedora cifra de un muerto cada 25 horas por casos de gatillo fácil. Esto se dio en el primer año de gestión de Mauricio Macri.

Según María del Carmen Verdú, abogada de la organización, “en casi un año de gestión, el gobierno de Cambiemos superó a sus antecesores. Nunca hubo una brecha tan corta como esta, de un muerto cada 25 horas. Entre 2003 y 2015 era de una víctima cada 28 horas y entre el 83 y el 2003 la relación era un muerto cada 30 horas”.

“No es un héroe, sino un asesino”.

En tanto la madre Ivonne Kukoc, madre del chico asesinado por Chocobar afirmó que, de acuerdo al relato del joven, cuando Pablo y su compañero asaltaron al turista estadounidense Joe Wolek, fue su amigo quien acuchilló al norteamericano porque se resistió. Luego, los dos habrían huido en direcciones distintas, y Pablo habría sido interceptado por un amigo suyo junto con otra persona a bordo de una moto, quienes le pidieron que devuelva la cámara.

«No te mandes más cagadas, Pablo. Por favor, en el barrio no», le habrían dicho. Entonces, cuando su hijo les dio la cámara, sintió disparos -que serían los de Chocobar- y comenzó a correr. El policía habría disparado ocho veces. Uno de ellos le provocó una fractura en el fémur y lo hizo caer. El segundo disparo que lo impactó fue el que lo hirió de muerte. Según la madre, en el hospital le habrían dicho que fue a menos de siete metros de distancia. Lo hirió cerca de la columna vertebral y le perforó «el riñón, el hígado, el colon y el estómago».

República, independencia de poderes y otras yerbas

La actitud del presidente  y de la ministra Bullrich refiriéndose al caso y dándole su apoyo a Chocobar no hacen más que interferir en la investigación del hecho y condicionar los fallos de los jueces de Cámara que ahora deberán resolver la apelación sobre el procesamiento y embargo del policía.

Al respecto, la Constitución Nacional establece límites expresos con el objeto de proteger el ejercicio jurisdiccional libre de presión del Poder Ejecutivo. “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas o restablecer las fenecidas”, sostiene la Carta Magna. No es ninguna novedad la inmiscuencia del Ejecutivo en terreno judicial, en dos años de gobierno ya lo han demostrado.

En suma ¿qué puerta vamos a ir a golpear cuando maten a otro pibe por la espalda? La irresponsabilidad del presidente y la ministra es flagrante. Sus palabras habilitan que la policía sienta que puede matar libremente porque cuenta con el aval del Poder Ejecutivo. Y demostrado ha quedado que cuando la policía mata por gatillo fácil, mata a pibes pobres.

Cristian Cuevas y Santiago Pérez – @santidpe