Caso Chocobar: posverdad y sentido común

Por Jonathan Gueler. En los últimos días, fuimos testigos -o mejor dicho espectadores- de una operación política y mediática de grandes proporciones alrededor del caso del policía Luis Chocobar, quien matara a un joven de 18 años luego de que un turista estadounidense fuera apuñalado en el barrio de La Boca. Chocobar fue procesado por homicidio con exceso en la legítima defensa, lo que motivó que numerosos funcionarios de primera línea nacionales, de la Ciudad y la Provincia salieran a hacer declaraciones respaldando al policía. Incluso fue recibido por  el mismísimo presidente Macri y la ministra de seguridad Patricia Bullrich en la Casa Rosada.

Resulta interesante analizar en primer lugar las circunstancias del hecho: Chocobar presenció por casualidad el robo y la agresión sufrida por el turista y posteriormente persiguió a Pablo Kukoc a lo largo de 300 metros para finalmente dispararle dos veces y matarlo.

La legítima defensa, prevista en nuestro Código Penal, requiere que exista una agresión ilegítima, pero que debe ser también actual o inminente, lo cual, sin lugar a dudas, no sería el caso del hecho que nos ocupa ya que el joven abatido estaba en retirada sin que en este caso persista peligro para el policía o para el turista.

Por otra parte, se exige la “necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla (a la agresión)”, también cuestionable si se piensa que el agente policial disparó con arma de fuego frente a un individuo que se estaba dando a la fuga.

Por estos motivos, resulta a priori razonable que se haya avanzado en su procesamiento (es decir, un mayor grado de sospecha al de la imputación). Lo que escapa definitivamente a la razón es la reacción por parte de los funcionarios oficialistas.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo: “Tenemos que apoyar a los policías que luchan por cuidar la vida de todos”. Llama esto la atención cuando la acción del policía no evitó la agresión al turista -naturalmente condenable- pero sí terminó con la vida del joven de 18 años. Evidentemente en ese “todos” que menciona el ministro se realiza una exclusión de parte de la sociedad.

En el mismo sentido fueron las declaraciones de Patricia Bullrich: “Queremos defender a los policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos”, y del presidente Macri que habló de “reconocer su valentía”. También hicieron lo propio Ritondo y Ocampo (ministros de seguridad de Provincia y CABA respectivamente).

Todas estas declaraciones buscan conectar con lo que “la gente común” entiende que está bien y que está mal, lo cual encuentra puntos de contacto con la llamada “criminología de la vida cotidiana”, corriente de sesgo claramente conservador.

En el relato oficial no se mencionan prácticamente detalles de las circunstancias de los hechos que se están investigando, sino que se construye una contraposición mucho más simple: un policía defendiendo a un ciudadano y a sí mismo frente a un “delincuente”.

Patricia Bullrich fue (una vez más) un paso más allá al decir que lo que iba a hacer el Ejecutivo era “poner abogados para que den un punto de vista alternativo al que tuvo el juez”. Esa propuesta cercana a la posverdad en boca de una ministra de la Nación resulta, cuanto menos, grave. Esto además del atropello al principio republicano de gobierno y a la división de poderes (que supuestamente defendían) con la inmiscusión directa del Poder Ejecutivo en una investigación judicial en curso.

Bullrich y el Gobierno que integra también aprovecharon la oportunidad para ubicar estos hechos en “la grieta”, por eso planteó que “lo importante es que damos vuelta la realidad. «Hemos dado vuelta lo que pasaba acá, los victimarios parecían las víctimas, en nuestro Gobierno hemos revertido esto, tanto en las fuerzas y como en la sociedad», aseguró.

Al decir de Marcelo Saín, de esta manera, la cuestión de la seguridad se limita a una guerra entre policías y delincuentes (estos últimos no formarían parte de la sociedad), siendo estos los únicos protagonistas y la sociedad queda reducida al mero lugar de espectadora.

Pero, más allá del relato, al final del día tenemos a las máximas autoridades del país celebrando un caso de gatillo fácil y recibiendo “con honores” a un policía que mató a un joven y está siendo investigado por ello. ¿Cuál es el mensaje que reciben los miembros de las fuerzas policiales?

El italiano Antonio Gramsci contraponía el sentido común, naturalmente conservador y dogmático, al “buen sentido”, de naturaleza crítica. Sin embargo, siguiendo las “normas” del sentido común (aún conservador), podría decirse que si alguien agrediera a otra persona con un arma blanca para robarle, esta debería ser juzgada y eventualmente condenada y no ejecutada extrajudicialmente en la vía pública. Asimismo, sería razonable plantear que estos hechos deberían ser investigados por el Poder Judicial sin injerencia de los otros poderes del Estado.

Sería cómodo pensar que el respaldo que pudieran haber recabado en la opinión pública se debe a la fascistización de la sociedad, pero sería equivocado entender que la mayoría de los argentinos están a favor de la pena de muerte, inexistente en nuestro país, o, peor aún, de las ejecuciones sumarias.

El Gobierno decidió entonces saltearse la realidad y apoyarse en unos alternative facts desde los cuales sí apelar a elementos del sentido común conservador. Las consecuencias de estos actos, como siempre, la van a pagar los sectores más vulnerables de nuestro pueblo.

@JGueler

*Abogado (UBA)

Foto: Infobae