Ley Brisa: avances, urgencias y paradojas

La semana pasada se reglamentó la ley «Brisa» -que garantiza una reparación económica a hijos e hijas de víctimas de femicidio- en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La niña por la que lleva el nombre no será beneficiaria porque vive en Provincia. La ley nacional tiene media sanción. Organizaciones exigen que Diputados la apruebe con celeridad.

Organizaciones como la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina (RIPVG-Ar) solicitan a la Cámara de Diputados de la Nación que otorgue «de manera urgente, una vez iniciado el año legislativo», la media sanción faltante al proyecto denominado “Ley Brisa”, que ya fue votado afirmativamente en el Senado y que brindará una reparación económica a niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres en el marco de femicidios ocurridos en todo el territorio argentino.

El reclamo se vio reforzado luego de la reglamentación de la legislación en la Ciudad al observar la paradoja de que la niña Brisa, cuyo nombre lleva la ley, no será beneficiaria de la misma hasta que se apruebe a nivel nacional o, en su defecto, provincial.

Como informó Notas, el proyecto obtuvo media sanción en mayo de 2017 por unanimidad en el Senado. Este plantea la creación de una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidios, la pérdida de responsabilidad parental para quienes cometan actos violentos hacia sus parejas, hijos e hijas, y asistencia médica y tratamiento psicológico para las víctimas colaterales de esta forma extrema de violencia machista.

El proyecto lleva el nombre de “Ley Brisa” para recordar el caso de Brisa Barrionuevo, una niña de tres años que vive en Moreno junto a sus hermanos gemelos, Elías y Tobías, de siete años. Su madre, Daiana Barrionuevo, fue asesinada a golpes el 20 de diciembre de 2015 y su cadáver arrojado a un río dentro de una bolsa.

El femicida, su marido, denunció con el único fin de quedar impune, que la víctima había abandonado el hogar y se había fugado con un amante. Pero el cuerpo fue hallado de casualidad el 10 de enero de 2016 y el sujeto resultó detenido. Desde entonces, la pequeña y sus hermanos conviven con su tía Cintia Barrionuevo, quien es madre de tres hijos.

Lo paradigmático del femicidio de Daiana Barrionuevo y el vínculo construido con su hija e hijos llevó a que desde la ONG La Casa del Encuentro y periodistas de la RIPVG-Ar como Maximiliano Montenegro -que dio a conocer el caso en Diario Popular– nombraran el proyecto de ley con el nombre de la menor. “No podemos dejar solos a estos chicos, sumarles dolor. Esperamos que otros colectivos se sumen”, había afirmado Montenegro.

En un comunicado, la RIPVG-Ar cuestionó que la ley porteña sólo contemple casos de personas menores de 21 años con exclusiva residencia en la Ciudad de Buenos Aires, dejando afuera a las víctimas colaterales del resto del país. Además, el texto «excluye, por su enfoque biologicista, a posibles beneficiarias y beneficiarios que no cumplen con el requisito de tener el ADN de los femicidas de sus madres». En la reglamentación se habla de “progenitores”.

«Desde que este colectivo de periodistas comenzó a publicar para visibilizar la necesidad de ayuda y reparación para las niñas, niños y adolescentes que padecen el horror de los femicidios por sus madres asesinadas, se estableció por unanimidad que el proyecto debía ser inclusivo, universal y discutido en el Congreso de la Nación, para que su alcance sea nacional», afirmaron las y los periodistas y comunicadores/as. Y subrayaron que en el apoyo que expresaron al proyecto en el Parlamento nacional insistieron en que el alcance debía incluir a «niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres en femicidios, sin importar quiénes cometieron el asesinato».

En el mencionado comunicado, recuerdan que la reparación económica incluida en la Ley Brisa consta del valor de una jubilación mínima, actualmente de 7.246 pesos mensuales, para cada hija e hijo de víctima, hasta los 21 años. Y para el caso de personas con discapacidad sin tope de edad.

«Tras la media sanción en el Senado, el proyecto fue enviado a Diputados, a las Comisiones de ‘Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia’ y ‘Presupuesto y Hacienda’. Se registraron tres llamados a audiencia, el 4 de julio, 6 de julio y 14 de noviembre, sin embargo se suspendieron, por razones que desconocemos», indicaron y alertaron que si no es tratado este año podría perder estado parlamentario aún cuando fue votado por unanimidad en el Senado.