Brasil: «El Poder Judicial no considera a Lula un ciudadano, sino un enemigo»

El abogado y profesor Pedro Serrano, autor del libro Autoritarismo y golpes en América Latina – Breve ensayo sobre la jurisdicción y la excepción, analizó en una entrevista con Brasil de Fato el escenario político y jurídico del ex presidente Lula Da Silva después de la condena en segunda instancia que se produjo el pasado 24 de enero en Porto Alegre.

“El sistema de justicia brasilero no ofrece condiciones para que el ex presidente Lula sea tratado como un ciudadano sino como un enemigo”, aseguró Serrano, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Pontificia de Sao Paulo.

Para el especialista, la situación es completamente atípica porque se trata de un juzgamiento político con medidas de excepción. “No hay normas de hecho, sino una suspensión de derechos, una mala aplicación del derecho que responde a intereses políticos externos extrajudiciales”, afirmó.

Serrano destacó la importancia de la movilización popular y enumeró las características de una decisión que considera “inconstitucional en varios aspectos”.

– ¿Cómo analiza la decisión tomada por el Tribunal Regional Federal de la 4ta Región (TRF4) de mantener la condena al ex presidente Lula?

– Es una decisión inconstitucional en varios aspectos. El juez Sérgio Moro estipuló una pena el ex presidente Lula por una acusación sin pruebas y con eso creó un delito penal, una ley soberana. En el tribunal, Moro defiende que Lula sea condenado por haber recibido un departamento en Guarujá a cambio de beneficios que habría concedido por ser el líder de una organización ligada a Petrobras, pero no fueron presentadas pruebas de eso ni sobre la organización. Es decir, se trata de una acusación etérea. Ellos consideran que la propiedad fue usada para pagar coimas y citan reformas realizadas en un departamento del que el ex presidente nunca tuvo la propiedad.

Yo llamo a eso una medida de excepción. O sea, un juzgamiento donde hay suspensión de derechos y el Estado no funciona como aplicador de la ley sino como un soberano que busca producir un resultado político. En este caso, el objetivo es una eventual prisión del ex presidente para que no pueda formar parte de la disputa presidencial y sea tratado como indigente y no como ciudadano.

La situación es totalmente atípica, es un juicio político similar al que se ha pronunciado en Brasilia donde una norma es creada para cada caso. O sea, no hay ley de hecho, sino una suspensión de derechos, una mala aplicación del Derecho para atender intereses políticos extrajudiciales. Como la Justicia actúa en favor de eso, las personas no ven lo absurdo de la decisión, y las críticas sobre la falta de principios y la histeria moralista van a surgir en el futuro.

– ¿Entonces no se ve una salida dentro del proceso judicial?

– Yo creo que es una ilusión porque estamos ante la acción de una soberanía de excepción semejante a una dictadura con la aplicación de medidas no civilizadas dentro de una democracia. Tenemos que denunciar lo que está ocurriendo y terminar con esa idea de tener esperanzas en un sistema de Justicia que nunca va a tratar a Lula como a un ciudadano, sino que siempre lo hará como a un enemigo.

Todo eso proviene de una acción política, no jurídica. Para quien conoce el derecho y consigue tener una cierta exención ideológica, al ver este proceso constata que no tiene ningún fundamento de cara a nuestra Constitución y ciertos valores civilizatorios. Se trata de una decisión bárbara.

Para el futuro existe todavía la posibilidad de la prisión de Lula porque el objetivo principal es volverlo inelegible. La eficacia de la Constitución depende de la lealtad de sus aplicadores y como ellos no son leales, la única oportunidad es el pueblo. Es el llamado directo a la resistencia, que surgió con el concepto de Constitución en la Edad Moderna del Siglo XV. Por lo tanto, no hay otro camino que la movilización popular.

Ahora, procesalmente Lula tiene derecho a recursos y debe utilizarlos. Pero mi impresión es que el sistema de justicia brasileño no ofrece condiciones para que el ex presidente sea tratado como un ciudadano. Lo tratan como a un enemigo y como tal es objeto de una voluntad soberana que decide sobre su libertad o no libertad y en otra sociedad podría decidir sobre su vida y muerte.

Lula está recurriendo a una Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y mi esperanza es que por lo menos salga de allí una decisión favorable a él por el sentido político. Pero soy pesimista en la actuación de la justicia en este caso, al menos por el momento.

– ¿Cambia en algo el escenario la presencia del miembro de la ONU y consejero de la familia real británica, Geoffrey Robertson?

– Geoffrey es una abogado legendario en el área de derechos humanos. Era abogado del ex presidente Lula en la Corte, pero no lo representa por completo. Como abogado va a defender la presidencia con toda su calidad frente a la Corte, pero no sabemos qué va a decidir.

La Corte de Derechos Humanos tiene un funcionamiento muy político, como cualquier corte de derecho internacional, pero tengo más esperanza que con la de Brasil, porque vivimos un momento en el que el sistema de justicia, combinado con los medios de comunicación comerciales, se han ubicado como una fuerza de excepción con poder anticonstitucional. Por lo tanto, sólo hay una forma de garantizar el cumplimiento de la Constitución: que la sociedad, la población, se movilice. Si no conseguimos hacer eso, francamente no veo solución de la justicia o el derecho en este caso.

Edición: Daniela Stefano / Brasil de Fato

Traducción: Julia de Titto