Ley de Comunicaciones Convergentes: «El borrador no tiene muchas novedades»

Agustín Espada, becario del CONICET, licenciado en Comunicación Social e integrante del Centro de Producciones Radiofónicas, analizó en diálogo con el programa «Las mañanas de Radio Sur» el anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes elaborado por el oficialismo que se difundió hace unos días.

– ¿Cómo es que se filtró este anteproyecto de ley de Telecomunicaciones del gobierno?

– Vamos a contar la historia completa. En realidad en marzo de 2016 el gobierno creó vía decreto una comisión redactora de un anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que tenía como objetivo tenerlo listo en un plazo de seis meses.

Con sucesivas prórrogas eso se estiró y la última noticia que tuvimos fue en diciembre de 2017 cuando se emitió otra resolución del Ente Nacional de Comunicación (Enacom) donde se daba una nueva extensión para presentar este documento.

Sin embargo, en la letra chica se decía que el borrador de este anteproyecto quedaba disponible para quienes quisieran debatirlo y utilizarlo. Esa puertita que abría la resolución llevó a que uno de los participantes de la comisión redactora, Andrés Gil Domínguez, publicara el texto en su blog personal.

Todo medio turbio porque claramente ese documento debería haber sido subido primero y antes que en cualquier otro lugar en la web del Enacom.

– ¿De qué trata este borrador? ¿Cuáles son los puntos principales?

– En primer lugar divide dos grandes áreas de regulación que son los servicios de comunicación audiovisual (televisión y radio principalmente) y después lo que serían las comunicaciones electrónicas (internet, telefonía móvil y televisión por cable).

Este borrador declara esas actividades de interés público y no de servicio público, aunque se habla en algunos tramos de que todos los ciudadanos argentinos tenemos el derecho a un acceso a internet en buenas condiciones.

– ¿Cuál es la diferencia entre declarar algo «interés público» o «servicio público»?

– Si el gobierno declarase internet como un servicio público pasaría a ser regulado de una manera muy similar a lo que hoy pasa con la telefonía fija. Ahí el Estado tiene la capacidad de regular las tarifas y establecer condiciones de conectividad que no se habilitan a hacer cuando se declaran estas actividades de interés público.

Después el borrador tiene una composición muy similar a lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque se habla de crear una agencia de comunicaciones convergentes.

En este anteproyecto el Poder Ejecutivo tiene mayoría automática en esa autoridad de aplicación. De sus siete integrantes va a designar al presidente y tres directores. Los otros tres son designados por una comisión bicameral de acuerdo a las tres principales minorías parlamentarias. Esto suma un director más para el oficialismo.

También, en un asterisco muy chiquito pero relevante, se plantea que el quórum necesario para que el directorio pueda tomar decisiones es de cuatro integrantes. Es decir que podría funcionar tranquilamente con los miembros designados por el Gobierno.

– ¿Y cuáles serían las funciones de esta agencia? ¿Reemplazaría al Enacom?

– Exacto, reemplazaría al Enacom que en su momento eran dos autoridades de aplicación separadas (AFSCA y AFTIC). Principalmente esta agencia tendría la obligación de hacer cumplir la ley.

Después el borrador habla además de algunos organismos paralelos y complementarios como un Consejo Federal donde tiene su representante cada provincia, los operadores sin fines de lucro, los comerciales, los medios públicos, los sindicatos. Bastante diverso.

Se crea asimismo una Defensoría específica, que sería la continuadora de lo que hoy tenemos como Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Y por último crea un Consejo para la infancia, la adolescencia y la niñez.

– ¿Cómo aborda esta iniciativa el tema de la concentración? Es algo que el gobierno de Cambiemos venía regulando mediante decretos.

– En materia de concentración dice más o menos lo que podríamos obtener de pegar todos los decretos que fueron saliendo. Ahí está el permiso para la multiplicidad de licencias dentro de lo que viene siendo el marco regulatorio actual: 15 licencias a nivel nacional, cuatro a nivel local, con una AM, dos FM y un canal de televisión abierta en las ciudades más grandes.

La televisión por cable sigue siendo regulada con una sola licencia a nivel nacional. Continúa el impedimento para los prestadores de servicio de televisión de pago vía satélite -como DirecTV- para ser propietarios de cualquier otra licencia.

Así que en ese aspecto el borrador no tiene muchas novedades más allá de las que el gobierno ya había impulsado vía decreto.

– ¿El anteproyecto hace algún tipo de mención al 33% del espectro destinado a medios sin fines de lucro que contempla la ley actual?

– Eso aparece en el texto. Está claramente especificado de la misma forma que en la legislación vigente.

En relación a los Fondos Concursables (Fomecas) para este tipo de medios se establece que va a ser el 10% del presupuesto de la agencia de aplicación de la ley. Hoy en día ese dinero es el 10% de todo lo que se recauda en materia de multas y gravámenes en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual.

De todas formas el presupuesto de la Agencia de Comunicaciones Convergentes va a ser más grande que el que tiene hoy el Enacom porque va a recaudar mucho más de otros servicios como la telefonía móvil y la televisión por cable. Por eso ahí hay que hacer bien la cuenta para saber si hay una merma o un incremento de estos fondos.

Pero el borrador lo que sí establece es un máximo de presupuesto de ejecución para los Fomecas, pero no un mínimo. Eso es preocupante.

– Es decir que el presupuesto puede llegar a ser más grande pero pueden no ejecutarlo.

– Sí, por eso esta debería ser una de las cuestiones a debatir y modificar si este borrador de anteproyecto prospera.