Otra domiciliaria a un genocida: esta vez, Musa Azar en Santiago del Estero

Antonio Musa Azar, ex jefe de Inteligencia de la Policía santiagueña, condenado en cuatro oportunidades a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, recibió este viernes el beneficio de estar detenido en su domicilio. Sus abogados argumentaron con su edad y salud. Organismos de derechos humanos denuncian una «maniobra».

La excarcelación fue solicitada por el hijo  y abogado del represor, Moisés Azar, y aceptada por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming y Carlos Lascano, que integran el Tribunal que lo condenó recientemente a 22 años de prisión en la «Megacausa 3».

«En una clara maniobra de otorgarle este privilegio al genocida y haciendo caso omiso a nuestras presentaciones y a los plazos pautados, los jueces son los responsables de que el genocida más grande de Santiago del Estero esté suelto», aseguró la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, querellante en la causa, en un comunicado.

La querella asegura que se trata de una maniobra jurídica ya que la resolución favorable al genocida fue emitida el 3 de enero, antes de que se conozcan los fundamentos de la sentencia, lo que ocurrirá el próximo 26 de marzo.

«Batule incurrió en esta canallada judicial desde Salta», sostuvo el abogado Pedro Orieta. «Es una resolución arbitraria, antojadiza, en la que se autoadjudica la jurisdicción de los otros tribunales, porque Musa Azar tiene tres condenas a perpetua (en causas federales) y otra perpetua en tribunales de provincia», agregó.

Los organismos de derechos humanos y sus abogados sostienen que la salud del represor -argumento del juzgado para darle la domiciliaria- puede ser atendida en el Hospital de Ezeiza, donde existe una unidad de alta complejidad en la que permaneció varios meses internado.

«Gestapo de Santiago»

Así se lo conoce a Musa Azar, quien antes, durante y después de la última dictadura fue jefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero.

En 2008 recibió su primera condena a cadena perpetua por la violación y asesinato de dos mujeres (Leyla Nazar y Patricia Villalba) en plena democracia, en 2003, lo que se conoció como «el doble crimen de La Dársena».​ El hecho, que ocurrió mientras era secretario de Seguridad de Nina Aragonés, la esposa y sucesora de Carlos Juárez, había sido determinante determinante en la intervención de la provincia.

Luego de esa sentencia, recibió tres condenas a cadena perpetua más y, recientemente, a 22 años de prisión.