Despidos e informalidad: el combo previo a la Reforma Laboral

Por Federico Dalponte. Fueron despedidos 1.200 trabajadores de la administración pública nacional. Se estima que esa cifra se duplicará en los próximos dos meses. A ellos se suman cerca de 1.500 cesanteados en los municipios de Quilmes, Tres de Febrero, Lanús y Morón.

En el sector privado la regla es la imitación. En la planta de Envases del Plata, por ejemplo, el cierre llegó con vallas, patrulleros y grupos antidisturbios. Los trabajadores se enteraron recién al llegar a la puerta de entrada, allí todavía no ingresó la democracia, diría Norberto Bobbio.

Si la discusión política de diciembre estuvo centrada en los trabajadores pasivos, la de febrero radicará en los activos. La actualidad laboral será el gran telón de fondo para el debate de la reforma legislativa que se viene.

El pasado 28 de octubre, mientras el funcionariado económico retocaba las metas de inflación, el Ministerio de Trabajo presentó su informe sobre el mes de octubre. El crecimiento del empleo asalariado era la gran noticia. O parecía serlo.

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Desde que asumió Mauricio Macri, los despidos tuvieron sus oleadas, pero el índice de desempleo no llegó nunca a ser alarmante. De hecho, la renuncia de Cynthia Pok al INDEC, con denuncia de presiones incluida, no generó zozobras sobre la fiabilidad de las estadísticas.

Si los datos laborales resultan llamativos, ése tal vez no sea un problema para la actual gestión. Hoy la tasa de actividad, índice supuestamente birlado por el kirchnerismo, se ubica en un rango similar al del período 2007-2015. Al tiempo que los aparentes subocupados demandantes crecen frente a un desempleo en baja.

Las explicaciones pueden ser múltiples. Pero en cualquier caso la cartera conducida por Jorge Triaca quedará a mitad de camino cuando intente defender la propuesta de flexibilización. Si la lectura oficial de las estadísticas es que el empleo crece y la economía se reactiva, la necesidad de una conversión liberal del trabajo pierde sentido.

La segunda opción pareciera entonces más sesuda: admitir que la expansión macroeconómica es insuficiente y argumentar, con esmero, que las inversiones del empresariado están sujetas al eventual desmantelamiento del régimen laboral protectorio. Cuestionable, pero con cierta lógica.

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El fondo del debate, sin embargo, recae en la calidad de los puestos que se ofrecen. Y allí es donde el gobierno nacional replica con creces las formas del «mercado» privado.

Frente a los recientes despidos en el sector público, la versión oficial se amparó en el alto índice de ausentismo e incumplimientos varios por parte de los afectados; aunque ninguno de los despedidos había sido siquiera advertido, a modo de amonestación, de esas supuestas faltas.

De hecho, las desvinculaciones se dieron a través de una no-renovación de los contratos, y no mediante rescisiones unilaterales por mal desempeño. Es decir que el argumento del gobierno es que los despedidos no asistían a sus puestos o lo hacían de forma deficiente; pero aun así se les respetó la totalidad del plazo acordado. Curioso.

En el sector privado sucede algo similar. Luego de un 2016 de fuerte retroceso en materia de empleo, el 2017 no sólo no alcanzó a recuperar los guarismos previos a la llegada del macrismo, sino que el deterioro en la calidad creció de forma sostenida. Casi el 70% del aumento de la ocupación registrada en estos dos años está explicado por los nuevos monotributistas. Y respecto a los últimos cuatro trimestres, la leve suba de la tasa de empleo se basó en el incremento de los cuentapropistas y los asalariados informales, en detrimento de los dependientes formales.

Como sujeto social, por tanto, estos no se diferencian demasiado de los contratados del sector público. Amén de las sutiles diferencias, ninguno de ellos cuenta con vacaciones pagas, licencias por enfermedad, incrementos salariales por convenio ni garantía de estabilidad.

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La precarización laboral, que fue el gran pecado de la gestión anterior, es el gran anhelo del macrismo. Y para peor, el kirchnerismo al menos puede jactarse de haber reducido en más de una decena de puntos el índice de informalidad. En cambio, desde el año 2015 hasta la fecha, el porcentaje de trabajadores sin descuento previsional, lejos de disminuir, aumentó.

De ello tal vez se desprenda parte de la estrategia oficial para imponer la reforma el próximo mes: utilizar el blanqueo laboral como caballo de batalla; procurar que la atención mediática se centre en los actuales informales y no en los futuros precarizados.

Si algo caracterizó a la flexibilización de los años noventa, fue que el «mercado» laboral se colmó de trabajadores precarizados: pasantes, eventuales, a plazo, informales, cuentapropistas.

El proyecto de Cambiemos, en ese sentido, no innova demasiado. Las figuras de «trabajador autónomo económicamente vinculado» y «colaboradores independientes», vertidas en la propuesta oficial, profundizan el rumbo pasado. Con una diferencia: la flexibilización en ciernes se da en un escenario ya altamente precarizado.

@fdalponte

Foto: La Nueva Mañana