Enero, mes clave para Lula

Este 24 de enero el ex presidente y candidato que mejor mide en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre, recibirá la sentencia del Tribunal de segunda instancia que juzga las acusaciones de corrupción en su contra. Lula pide ser escuchado por el tribunal antes de que este tome una decisión. Si ratifican la condena, sólo el Supremo Tribunal Federal podría salvarlo.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), Lula Da Silva, es hace tiempo objeto de persecución por distintas vías judiciales. Cuenta en este momento con siete causas abiertas entre ellas la que en este enero podrá definir el futuro del mandatario.

Se trata de un proceso de segunda instancia, ya que el mandatario apeló la decisión del juez federal Sérgio Moro de condenarlo a nueve años y medio de prisión por un supuesto delito de corrupción del que no tiene más evidencia que una delación premiada de un empresario.

En caso de ratificarse la condena, lo que inhibiría a Lula de ocupar cargos públicos, sólo quedará el Supremo Tribunal Federal como esperanza para el dirigente.

La causa

La denuncia por corrupción pasiva y lavado de dinero fue presentada en septiembre de 2016 por el procurador general de Brasil, Deltan Dallagnol, en el marco de las investigaciones vinculadas a Petrobras. Implica a la empresa OAS y la compra de un tríplex en la localidad balnearia de Guarujá, propiedad que fiscalía y juez le atribuyen a Lula y su esposa, Marisa Letícia Rocco, quien falleció durante la imputación. Según la acusación, habrían recibido 3700 millones de reales (1,1 millones de dólares), desviados por la empresa OAS Petrobras para la compra, reformas y decoración del inmueble.

Los abogados de Lula, al momento de ser presentada la denuncia habían declarado que “el inmueble que habría recibido las mejorías (…) es de propiedad de OAS como no deja duda el registro en el Registro de Inmuebles de Guarujá (matrícula 104801), que es un documento dotado de fe pública”. Agregaban también que la denuncia de Dallagnol “no contiene ni un único elemento que pueda superar esta realidad jurídica, dejando en evidencia, por lo tanto, que es una pieza de ficción”.

Las expectativas del PT están puestas en la decisión del Tribunal, que cuenta con un interesante antecedente: el tesorero del partido de Lula, Joao Vaccari, había sido condenado por Moro a 15 años de prisión pero el mismo Tribunal de segunda instancia que tratará el caso del ex presidente lo absolvió ante la falta de evidencia firme.

De todas formas, el apuro por tomar una decisión -habitualmente los procesos de segunda instancia se demoran hasta un año y en este caso sólo se tomaron seis meses- enciende un alerta importante, ya que podrían haber sencillamente postergado la convocatoria para después de las elecciones presidenciales que se realizarán este año, y así quitar sospechas de intencionalidad política a la hora de juzgar a Lula.

Un proceso «totalmente viciado»

Los abogados defensores del ex presidente pidieron en una nota que este «sea nuevamente escuchado», esta vez por el Tribunal de segunda instancia que deberá confirmar, modificar o anular la condena de nueve años y medio de prisión que ya pesa sobre Lula. Aseguran que lo solicitado está previsto en el Código del Proceso Penal y cobra sentido porque el interrogatorio que realizó el juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, en mayo del año pasado estuvo «totalmente viciado».

«El juez le hizo preguntas ajenas al proceso y no le permitió ejercer el derecho de autodefensa en su plenitud», justificaron los abogados.

Mientras, el propio Lula aseguró que existe «un pacto diabólico» entre «el Poder Judicial, el Ministerio Público Federal, la Policía Federal y la prensa» para intentar impedir su retorno al Palacio de Planalto.

«Siempre creí que la Policía Federal desistiría del caso por no tener pruebas, después imaginaba que el Ministerio Público no proseguiría por la falta de pruebas y después esperaba que el juez admitiera que no había pruebas», explicó. «Eso me hizo comprender que había una acción política mucho más fuerte que una jurídica. Lo que menos importaba eran las pruebas», subrayó en un acto del sindicato de bancarios de Brasilia hace unas semanas.

El 24 de enero, además de movimientos sociales y organizaciones políticas de todo Brasil, se harán presentes en Porto Alegre, para acompañar y rodear a Lula y exigir el cese de la persecución judicial, referentes culturales y políticos de todo el mundo como Bono (cantante de U2), Bernie Sanders (dirigente del ala izquierda del Partido Demócrata estadounidense) y «Pepe» Mujica, ex presidente de Uruguay.

Favorito

En todos los estudios de opinión pública, la imagen de Lula y su favoritismo para las elecciones presidenciales de este año se afianzan día a día. A mediados de diciembre, un estudio del instituto Ipsos para el periódico O Estado de S. Paulo afirma que la popularidad del dirigente del PT creció en 16 puntos porcentuales desde junio y se ubica en el 45%, más del doble que sus potenciales adversarios, el ultraderechista Jair Bolsonaro y el gobernador de São Paulo, el centrista Geraldo Alckmin.

En segunda vuelta, los datos son contundentes y muestran, de la mano de Lula, una victoria petista ante cualquier otro candidato.

Pero falta mucho para octubre. Aunque el ex presidente estratégicamente se dedica a recorrer el país y consolidar sus apoyos en lugar de centrarse en lo que sucede en los tribunales, el Poder Judicial ha demostrado que hará todo lo posible para impedir que el ex obrero metalúrgico de 72 años vuelva a presidir Brasil.

Julia de Titto – @julitadt