Perú movilizado contra el indulto a Fujimori

El domingo 24 por la noche el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), anunció el indulto al ex dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por haber cometido delitos de lesa humanidad. Su hijo, el diputado nacional Kenji Fujimori, se abstuvo y evitó la destitución del mandatario. Rechazo popular ante sospechas de un «intercambio de favores».

Este lunes 25, decenas de miles de peruanos y peruanas salieron a las calles a expresar su rechazo a la decisión presidencial. Con consignas como “PPK traidor”, “la justicia no se vende” y “Fujimori nunca más”, las y los manifestantes rechazaron el acuerdo entre el presidente y el fujimorismo. Vale recordar que el propio Kuczynski había afirmado en múltiples ocasiones, en particular durante la campaña electoral, que no indultaría al ex gobernante.

La votación del Congreso fue el 21 de diciembre. La oposición de derecha, liderada por Keiko Fujimori -hija de Alberto y candidata presidencial en las últimas elecciones-, había presentado un pedido de «declaración de vacancia» para destituir al presidente, involucrado en el escándalo internacional de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Pero 10 integrantes de su propio bloque, encabezados por su hermano Kenji, finalmente se abstuvieron y evitaron el desplazamiento de PPK.

El sábado, Alberto Fujimori fue trasladado a una clínica, alegando problemas de salud, el mismo motivo por el que, un día después, PPK anunció públicamente que lo indultaría «por razones humanitarias». En su mensaje, calificó los delitos de lesa humanidad cometidos por el ex presidente preso desde 2007 como «errores y excesos graves» y «transgresiones significativas a la ley». «Quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión», agregó.

“No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos juntos por nuestro futuro, que es, jóvenes del Perú, su futuro”, dijo el mandatario.

El fundamento para el indulto se basa en un informe de una junta médica que recomienda el perdón presidencial, aunque reconoce que Fujimori no tiene una enfermedad grave ni terminal. Sostiene que las condiciones carcelarias -con comodidades que no tiene ningún otro preso- afectan su salud. Uno de los tres médicos que conforman esa junta, Juan Postigo,es médico del ex dictador hace 20 años y ya en 2012 se había pronunciado a favor de su libertad. Como publicó Página/12, Elmer Huerta, un reconocido médico peruano, sostiene que no existen razones médicas que justifiquen un indulto humanitario.

La decisión de PPK fue criticada dentro y fuera de Perú. Por ejemplo, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado da la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), emitió un comunicado en el que «lamenta» el indulto y recuerda que «por su gravedad, los crímenes de Fujimori son del interés de la comunidad internacional». Para Amnistía Internacional, se trata de un «duro golpe» a la lucha contra la impunidad, «viola las obligaciones del Estado peruano frente al derecho internacional y es un retroceso en la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Perú».

La ex candidata a la presidencia peruana, Verónika Mendoza, aseguró que se trata de «un pacto de impunidad» para salvar el pellejo de PPK. «Los jóvenes que hoy se movilizan y a los que Ud. acusa de estar movidos por ‘emociones negativas heredadas del pasado’ lo hacen por dignidad y por amor a su Patria», contestó al presidente.

También hubo repercusiones dentro del gobierno de Kuczynski: renunció el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y varios legisladores se fueron de la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio.

Mientras, en las calles peruanas el gobierno respondió con gas lacrimógeno y represión a las y los manifestantes que expresaron su repudio al indulto. Entre quienes se movilizaron estuvieron familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que el ex mandatario fue condenado. Aseguraron que recurrirán a tribunales internacionales para establecer la ilegalidad de la decisión presidencial.