Derechos Humanos

21 diciembre, 2017

CIDH: «preocupación» por la escalada represiva y los ataques a la prensa

La Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su «preocupación por el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de seguridad federales de Argentina», considerando los hechos del pasado 14 y 18 de diciembre. Hizo especial hincapié en los ataques a periodistas.

La Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) manifestó este jueves su «preocupación por el uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de seguridad federales de Argentina», considerando los hechos del pasado 14 y 18 de diciembre. Hizo especial hincapié en los ataques a periodistas.

Respecto a lo ocurrido el jueves pasado, en el primer intento del gobierno por sancionar la ley de Reforma Previsional, desde la CIDH registraron que «varias personas habrían resultado heridas por impactos de balas de goma y dos legisladores denunciaron agresiones por fuerzas de seguridad», lo cual supone «un uso desproporcionado de la fuerza». También cuestionaron «el uso indiscriminado de gas lacrimógeno y spray de gas pimienta».

En relación a este lunes, el organismo regional aseguró que hubo más de 183 lesionados, entre ellos al menos 88 policías y 95 ciudadanos. Estimaron en 70 la cantidad de personas detenidas que «denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento verbal, insultos y amenazas en su contra durante su detención».

Desde la CIDH subrayaron particularmente que en ambas jornadas «al menos 26 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habrían sido agredidos por fuerzas policiales mientras cubrían las manifestaciones». Entre ellos, 18 periodistas denunciaron recibir múltiples impactos de balas de goma, y otros tantos fueron afectados por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Seis trabajadores de un medio de comunicación (de FM La Patriada) fueron detenidos y posteriormente liberados.

 

La Comisión Interamericana y su Relatoría Especial por la Libertad de Prensa recordaron en el comunicado emitido que «en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público». Y  rechazaron «cualquier forma de violencia», promoviendo «la búsqueda de soluciones con absoluto apego a los derechos humanos».

«En reiteradas oportunidades la CIDH ha manifestado que la criminalización de la movilización y la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente», afirmaron.

En ese sentido, «los operativos de seguridad deben ser planificados de forma cuidadosa bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo». Entonces, la actuación policial «debe orientarse a facilitar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, así como a la protección de la vida e integridad de los manifestantes y de los terceros presentes y no la contención o la confrontación con los manifestantes». De hecho, también afirmaron que la existencia de algunos grupos o personas que ejerzan violencia en una manifestación «no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas».

«El Estado tiene», afirmaron también, «el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos,  amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión». «Los ataques contra periodistas y la destrucción o incautación de equipos de quienes cubren estas situaciones violan la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva», subrayaron.

Para finalizar, llamaron a las autoridades a investigar «de forma pronta y exhaustiva» la conducta policial «y establecer las sanciones correspondientes». Exhortaron, por último, al Estado a garantizar «el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social».

Foto: Gustavo Pantano

 

 

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