Cárcel o reformas: el tándem Bonadio-Cambiemos

Por Federico Dalponte. La del juez Claudio Bonadio es una verdadera carrera política. Ex asesor de Carlos Corach, fue designado juez federal sin la necesidad de haber concursado. Llegó a su actual puesto en 1994, apenas seis años después de graduarse.

Si hay un juez sensible a las necesidades del poder, ése es Bonadio. Pero no es el único. El avance de Comodoro Py sobre la principal oposición política del país tiene varias explicaciones posibles; aunque ninguna de ellas es jurídica.

Habrá, desde luego, encuadramiento y tipificación penal, algunas declaraciones testimoniales, prueba documental, las indagatorias respectivas. No se trata de una violación al derecho, sino de una utilización del andamiaje institucional para colocarlo en contra de la dirigencia opositora.

La primera en sufrirlo fue Milagro Sala, apenas 36 días después del cambio de gobierno. La excusa del oficialismo en aquel momento fue exactamente la misma: es una decisión del Poder Judicial.

La justicia federal con asiento en la Capital no es como la jujeña, donde el gobernador Gerardo Morales amplió el número del máximo tribunal y colocó allí a tres legisladores radicales. En Comodoro Py la presión oficial es un tanto más sutil. Daniel Angelici “está operando para manejar la Justicia”, denunció la propia Elisa Carrió una semana después del ballotage de 2015.

Aunque nada cambió demasiado desde entonces. Apenas, si se quiere, la presión se volvió más institucional: el control del gobierno sobre el Consejo de la Magistratura les permitió por ejemplo destituir a Eduardo Freiler, acorralar a Daniel Rafecas y salvar a Ariel Lijo.

El resto del fuero procura entonces hacer buena letra. No es necesario siquiera que reciban un llamado. Alberto Fernández denuncia que el problema es que el Consejo se convirtió con el tiempo en un órgano político, cuando siempre debió ser mayormente técnico.

Es una explicación posible. Lo cierto es que al día de hoy están detenidas catoce personas que integraron o fueron cercanas al gobierno anterior. Ninguna de ellas tiene condena.

Y ése es el mayor peligro. Porque también hay imputaciones penales sobre medio centenar de actuales funcionarios. Y sería un despropósito que alguno de ellos fuera hoy detenido, ni siquiera Luis Caputo o Juan José Aranguren, cuyos negocios privados colisionan abiertamente con los intereses del Estado.

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Hasta hoy, paradojas de la política, la posición más cautelosa en el Senado es la de Miguel Ángel Pichetto, el hombre que rompió el bloque del PJ y dejó afuera a Cristina Kirchner.

Su doctrina parece sensata: hasta que no haya sentencia firme, no hay desafuero. Suena a defensa corporativa entre colegas, pero es una medida de resguardo contra la persecución política, como se la pensó al incluir en la Constitución argentina la inmunidad de arresto.

Habrá que ver ahora si mantiene su criterio. Sin los votos de su bloque, es imposible que se concrete la detención de la ex presidenta. Aunque es probable que ni siquiera haya sido esa la intención de Bonadio.

Según la agencia estatal Télam, el gobierno reconoce que hubo “cierta sobreactuación” del magistrado al ordenar las detenciones de esta madrugada. Una suerte de intento de golpear al entorno de Cristina Kirchner y a ella misma, pero descontando que no procederá el desafuero. Una forma particular de disciplinamiento.

Curiosamente, el debate ocupará buena parte de la escena pública, justo cuando el Congreso tiene en agenda las reformas estructurales impulsadas por la Casa Rosada. Difícil creer en casualidades.

Sólo una cosa es segura: al asumir el control de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, el oficialismo manejará los tiempos del debate. Tendrá, en definitiva, el poder de reinstalar el tema cada vez que lo necesite.

Para que se zanjara rápido la discusión debería primar la unanimidad sobre una consigna básica: nadie en la Argentina debe ir preso sin condena, especialmente si la acusación se funda en razones políticas.

Sin embargo, pese a mostrarse sorprendidos, los principales dirigentes del oficialismo, y el sector de la prensa que reproduce su discurso, no rechazan el avance de los jueces federales. Sino todo lo contrario.

Es más, se podría decir que una buena parte de la sociedad satisface su animadversión política hacia el kirchnerismo a través de este tipo de medidas. Nada bueno puede salir de ello.

Ahora Cambiemos deberá enfrentar una disyuntiva. Puede rechazar el pedido de desafuero en el Senado, para desmarcarse de una vez de Bonadio y de la doctrina “Irurzun”, según la cual cualquier ex funcionario puede ser detenido sin condena. O puede entregarse a contentar a sus votantes, como ya lo hizo en el caso de Julio De Vido: avalar el desafuero y esperar que este nuevo precedente nunca se les vuelva en contra.

Por lo pronto, desde el interbloque de senadores ya dieron un aviso oficial: “Bajo ningún aspecto seremos un obstáculo para la justicia”, señalaron en un comunicado.

@fdalponte