El 90% de las trabajadoras sexuales sufrió violencia por parte de la policía el último año

En Argentina el trabajo sexual no es delito. Pero la falta de regulación por parte del Estado pone a quienes lo realizan en una situación de extrema vulnerabilidad: el 90% de las trabajadoras sexuales en la calle sufrieron violencia policial durante el último año y un 80% fueron detenidas o demoradas. En todos los casos de labraron actas, pero en ninguno se hizo un seguimiento judicial. El fin no fue nunca la detención en sí, sino el hostigamiento.

Los números se desprenden del Informe Nacional de la situación de Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina, realizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) en el marco de un estudio de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (Redtrasex).

Presentado ayer en el Salón Azul de la CTA por Georgina Orellano -secretaria General de Ammar Nacional–, Sofía Escudero y Sofía Tramayzagues, el documento arroja datos que dan cuenta de un empeoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de quienes ejercen dicha actividad. “Hubo un recrudecimiento de la violencia en estos últimos dos años”, denunció Orellano. Y argumentó que, desde que un fallo del gobierno de Mauricio Macri permite que la Policía pida documentos sin razón a cualquiera que transite la vía pública, las trabajadoras sexuales se ven especialmente afectadas por oficiales que las persiguen y hostigan, no sólo cuando están paradas en una esquina sino -dado que muchas viven en los mismos barrios en donde trabajan- cuando van a hacer las compras o a tomar un colectivo.

“Si hoy la policía ejerce violencia es porque hay una estructura por arriba que le da ese poder. No es que la policía se levantó un día y dijo vamos a limpiar las calles, es una decisión política a nivel nacional”, puntuó Orellano. Y siguió: “La policía no actúa por sí misma. Y también están expuestos a esto los manteros, los feriantes, todo trabajador y trabajadora de la economía popular. Hay una bajada de línea de represión policial a ciertos sectores sociales. Por eso es necesario abrir un canal de diálogo con el Estado, sobre todo con las fiscalías”.

“Los datos del Ministerio Público Fiscal indican que la mayor cantidad de actas que labran son el en barrio de Constitución: eso tiene que ver con que cada vez que la Policía necesita hacer número (aumentar las estadísticas) siempre recaen sobre los sectores más vulnerables, las compañeras trans, migrantes, trabajadoras sexuales cis, los trapitos, vendedores ambulantes y manteros”, había adelantado previamente Orellano.

El informe se hizo a través de una encuesta que duró tres meses. Para eso, las representantes de Ammar visitaron departamentos privados, bares, boliches y calles, principalmente en los barrios porteños de Once, Constitución y Flores, y entrevistaron a casi 400 trabajadoras sexuales. El mismo relevamiento se hizo, simultáneamente, en 12 países de América Latina.

Estos fueron algunos de los resultados arrojados:

Hostigamiento

Un 80% de las encuestadas dijo haber sido detenida/demorada por las fuerzas de seguridad en el último año. Ninguna tuvo una causa judicial posterior.

Presunción de criminalidad

Casi un 50% de las demoras fueron por averiguación de antecedentes. La mitad fueron a lo largo de entre 12 y 48hs. En la mayoría de los casos la única causal de demora era estar “parada en una esquina”.

Maltrato y coimas

Un 60% de las trabajadoras sexuales encuestadas fueron amenazadas verbalmente por las fuerzas de seguridad al ser interrogadas, mientras que un 58% fueron increpadas con la solicitud de sobornos para no ser trasladadas o que se les labre un acta contravencional. En ese sentido, un 73% declaró haber sido tratadas con un lenguaje inapropiado referido a su condición laboral o de género a modo de estigma. Y un 70% fueron tratadas de “putas” de modo despectivo utilizando el término como condición de discriminación.

Violencia institucional, xenofobia y racismo

Las trabajadoras sexuales migrantes, que representan un 41% de las encuestadas, denunciaron persecución y acoso con agresiones verbales, xenófobas y racistas por parte de la policía.

Transfobia

Los procesos de requisa siempre son más violentos con las trabajadoras sexuales trans.

Estudios

El 33% de las trabajadoras sexuales encuestadas no supera los estudios primarios. El dato determina una mayor situación de vulnerabilidad, vinculado a una mayor exposición a abusos de derechos por parte de las fuerzas públicas.

Estrategias

Desde Ammar se impulsaron dos herramientas para constrarrestar la violencia institucional: la Putyseñal, una aplicación para teléfono celular que es abierta y que prevé desde manuales de procedimiento ante situaciones de acoso y violencia hasta un botón de alerta a un grupo de abogados militantes. Y la Línea roja, una línea telefónica gratuita de denuncia de situaciones de violencia institucional por parte de la policía. Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 se recibieron 47 denuncias, de las cuales un 81% fue por violencia institucional y el 19% restante por vulneraciones de derechos en general.

Este martes buscaron visibilizar los resultados de la encuesta con un «twitazo»: con el hashtag #PutasHostigadas trabajadoras sexuales y activistas a favor de la regulación de la actividad contaron historias personales y exigieron mejores condiciones, además de la derogación de los artículos contravencionales que criminalizan el trabajo sexual.

Carolina Rosales Zeiger – @caroerrezeta