27 noviembre, 2017
Bullrich, Garavano y la legitimación del homicidio
Este lunes sus familiares, los compañeros del taller de oficio que realizaba, sus amigos y parte de la ciudad de Bariloche enterraron el cuerpo de Rafael Nahuel en el cementerio Municipal. Un nuevo crimen en manos de las fuerzas represivas del Estado, justificado por el gobierno y encubierto por los medios de comunicación.

El 1ro de agosto, la desaparición de Santiago Maldonado puso sobre la mesa un conflicto que no es nuevo: la disputa por los territorios en Patagonia. Los medios de comunicación hegemónicos se encargaron de criminalizar y estigmatizar al Pueblo Mapuche para fundamentar porque estaba bien que fueran reprimidos. La lógica mediática indica que si son vagos, peligrosos, terroristas y además chilenos, entonces está bien que las fuerzas de seguridad del Estado los desalojen violentamente.
En aquel momento se llegó a afirmar que los mapuches tenían escondido a Santiago, se habló de los supuestos arsenales terroristas que escondían (conformados por serruchos, palas y otros elementos para trabajar la tierra) y la propia ministra de seguridad, Patricia Bullrich manifestó tener pruebas sobre el supuesto intento de armar un Estado aparte en la Patagonia.
Con la aparición del cuerpo de Santiago, los medios de comunicación hegemónicos dejaron de interesarse en el sur y en los mapuches, pero ya habían hecho el trabajo de construirlos como terroristas peligrosos y de instalar que Santiago “se ahogó” en el Río Chubut, que en ese momento tenía un caudal de 40 centímetros. Mientras tanto, en la Patagonia el conflicto siguió.
En este contexto, a principios del mes de noviembre se supo de la “recuperación territorial” que estaba llevando adelante la Lof Lafken Winkul Mapu en la zona de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, en jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. En un comunicado público la comunidad explicó que la “recuperación se daba a partir de la necesidad de territorio, luego de ser reducidos, reubicados y despojados de nuestra Mapu por parte de los wingka” y que si bien llevaban allí algunos meses, decidían hacerlo público debido a las fuertes versiones de desalojo. Además aclararon explícitamente no formar parte de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Por su parte, desde la intendencia del parque, luego de constatar lo que entienden como “ocupación”, se efectuó la denuncia en el Juzgado Federal de Bariloche. La situación es extremadamente delicada para la institución en tanto en la zona se encuentra la Lof Wiritray, reconocida por el parque y parte del proceso de co-manejo que se viene llevando adelante desde hace varios años para administrar los territorios y recursos de manera conjunta entre las comunidades y el parque nacional.
El pasado 23 de noviembre, en el marco de la Mesa Política mensual de co-manejo entre las comunidades mapuche y representantes de la Administración de Parques Nacionales, se trató el caso de la comunidad Winkul Lafken Mapu, en la búsqueda de posibles caminos de solución. El acuerdo alcanzado fue agotar todas las gestiones desde las instituciones que integran dicha instancia (de la que también participa el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y conformar un ámbito de diálogo a partir del lunes 27 de noviembre en la ciudad de Bariloche.
Sin embargo, ese mismo día la comunidad sufrió un violento desalojo llevado adelante por Prefectura, Policías de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal y Gendarmería, en un despliegue de cientos de efectivos, donde detuvieron a algunas mujeres y niños, mientras que otros miembros de la comunidad lograron huir hacia los cerros. Las fuerzas de seguridad continuaron con la búsqueda de estas personas, que pronto se convirtió en una cacería.
El sábado 25, cuando tres miembros de la comunidad bajaban de la montaña, la violencia que se pretendía frenar en una mesa de diálogo dejó como resultado una nueva muerte. Esta vez la de Rafael Nahuel, un joven de tan solo 22 años quien murió tras un disparo perpetrado por las fuerzas de seguridad, mientras las otras dos personas resultaron gravemente heridas. Dos compañeros de Rafael que lo bajaron de la montaña en busca de auxilio médico fueron violentamente apresados y encarcelados en régimen de aislamiento. Las fuerzas represivas negaron durante 24 horas estas detenciones.
Rápidamente los medios de comunicación informaron de este hecho como un “choque”, un “enfrentamiento” entre fuerzas federales y mapuches. Nuevamente cumpliendo el rol de desinformar, de hacer creer que lo que pasó es que tres personas que bajaban de los cerros se enfrentaron con cientos de integrantes de las fuerzas de seguridad armados con balas de plomo, sugiriendo que era un enfrentamiento entre dos bandos armados. El Ministerio de Seguridad publicó una versión de los hechos acorde con esta idea.
La autopsia expuesta este lunes confirmó que la bala que hirió por la espalda a Rafael y que luego subió hasta dañarle órganos vitales y acabar con su vida, era efectivamente una bala de calibre 9 milímetros de las que usa Prefectura. También se constató que Rafael no tenía residuos de pólvora en sus manos.
No se trató de un choque, ni de un enfrentamiento. Lo ocurrido se llama represión y violencia estatal, amparada en esa idea del “otro interno” peligroso, terrorista, separatista. No hubo una pelea entre dos bandos en iguales condiciones, hubo población civil (entre las que se encontraba un pibe de 22 años) atacada por fuerzas de seguridad del Estado nacional, con cientos de efectivos, en el marco de una represión.
En el medio de todo esto el gobierno nacional no sólo no busca resolver por el camino del diálogo una situación sumamente compleja que se remonta a la conformación de nuestro Estado y al reparto desigual de derechos y territorios en Patagonia, sino que sigue dedicándose a criminalizar a los mapuches, utilizando sus medios para hacernos creer que ‘Rafa’ era un terrorista peligroso.
Enemigo interno
En esta misma línea argumentativa giró la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad y el ministro de Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano respectivamente, este lunes al mediodía.
La justificación del accionar del grupo Albatros de la Prefectura se basó en la supuesta violencia de los mapuche que violan la ley. Así explicaron que llevaron adelante “una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”.
La ministra Bullrich volvió a referirse a los más de 70 atentados que habrían sucedido en el último tiempo en Patagonia, pero de los que no se conocen más datos que su afirmación y las repeticiones de este argumento en programas televisivios como el de Jorge Lanata. Así, nuevamente, la supuesta violencia mapuche por fuera de los marcos de la ley del Estado nación es utilizada para justificar que sea lícito llevar adelante una cacería.
‘Rafa’, igual que Santiago, murió defendiendo el territorio. Ambos murieron en el marco de una represión. En un caso seguimos reclamando que se clarifiquen los hechos que llevaron a su muerte, en el otro sabemos que le dispararon con balas de plomo las fuerzas de seguridad del Estado nacional. Balas usadas para defender al poder y sus terratenientes en el marco de una violencia avalada por las estigmatizaciones y los prejuicios. Balas usadas para mantener a las y los miembros de los pueblos originarios amontonados en las periferias más pobres de las ciudades de la Argentina, identificando pobreza y raza.
Este lunes sus familiares, los compañeros del taller de oficio que realizaba, sus amigos y parte de la ciudad de Bariloche enterraron el cuerpo de Rafael Nahuel en el cementerio Municipal.
Florencia Trentini – @flortrentini, Florencia Montenegro, Mariana da Silva Évora y Leandro da Rold
Foto: Gustavo Pantano
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