Reforma Previsional: dictamen para el congelamiento de las jubilaciones

En el marco de un plenario de comisiones del Senado, el proyecto de Reforma Previsional fue aprobado con modificaciones introducidas por Miguel Ángel Pichetto sobre la fórmula de cálculo del aumento de las jubilaciones. También hubo dictamen para el Acuerdo Fiscal entre las provincias y el Estado nacional. Además, anunciaron que la Reforma Laboral se tratará después del 10 de diciembre, con el nuevo Congreso.

En el centro del debate estaba cuál sería el cálculo para establecer los aumentos en los haberes jubilatorios. El proyecto original del gobierno indicaba que «las jubilaciones se actualicen meramente por la inflación», explicó a Notas el economista Pablo Wahren. Esto hacía que por más que la economía creciera, los haberes se mantenían constantes en términos reales. «El poder adquisitivo de la población no cambia», sumó Wahren, que integra el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).

Después de las negociaciones con la oposición, el gobierno planteó agregar «un plus cuando la economía creciera». Se trataba de un 5% del crecimiento sumado a la paridad con los índices inflacionarios. En los hechos, era una suma irrelevante. Por ejemplo, con un crecimiento del 10%, la suba en las jubilaciones sería del 0,5%.

Pero finalmente, en la sesión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de este jueves, el gobierno aceptó la fórmula que propuso el jefe de la bancada del PJ, Miguel Ángel Pichetto que, en sus propias palabras, se compone “en un 70% de las variaciones del índice de inflación y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)”.

En los hechos, es básicamente idéntica a la propuesta inicial del oficialismo, ya que «los salarios se mueven prácticamente como la inflación y pesan el 30%, con lo cual es resolver que básicamente las jubilaciones se van a mover con la inflación», aseguró Wahren. «Están congelando las jubilaciones», remarcó y sostuvo que si a eso se le suman la quita de subsidios al PAMI, por ejemplo, la situación «es complicada».

Vale recordar que hasta ahora las jubilaciones se actualizan dos veces al año (en marzo y en septiembre) por la ley de Movilidad Jubilatoria que considera fundamentalmente dos variables: la recaudación fiscal y la evolución de los salarios de las y los trabajadores. «En la práctica, lo que ocurría era que cuando la economía crecía, las jubilaciones crecían», explicó el integrante del OCEPP.

«Cambiar la fórmula va a implicar un ahorro para el gobierno», analizó el economista. Es que si se toman las proyecciones de crecimiento para el año que viene, «la diferencia entre lo que se pagaría con la fórmula normal y con la nueva, son 100 mil millones de pesos». «Es más o menos lo que el Estado va a dejar de recaudar por la rebaja de las contribuciones patronales», afirmó, en relación a uno de los ítems incluidos en la Reforma Tributaria. «Están compensando los impuestos que se le dejan de cobrar a los empresarios», subrayó.

El proyecto podría tratarse en la sesión del 30 de noviembre.

Acuerdo fiscal

En la misma sesión conjunta -que contó con la presencia de los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Trabajo, Jorge Triaca, además de gobernadores y vicegobernadores de todo el país- se aprobó el «Consenso fiscal» entre las provincias y el Estado nacional.

El único gobernador que se opuso fue Alberto Rodríguez Saá que ratificó este jueves que el acuerdo «no es bueno» porque, entre otras cosas, «implica desistir de procesos judiciales del régimen de coparticipación sin ninguna compensación a cambio». El puntano sostuvo que el pacto fiscal habilita «un potencial stock de deuda que el gobierno nacional tiene con las 24 jurisdicciones, lo que lo habilitaría a seguir endeudándose a nivel trasnacional» y exigió a la Rosada que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó pagar la deuda que mantiene por coparticipación con San Luis.

Entre otros puntos, el acuerdo suscripto la semana pasada por los gobernadores y el Poder Ejecutivo, plantea bajar gradualmente impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, mantener el gasto fiscal real constante en los próximos años (apoyo a la ley de «Responsabilidad Fiscal»); resuelve el debate por el Fondo del Conurbano; deroga el artículo de la ley de Ganancias y en vez de establecer un porcentaje de lo recaudado para Buenos Aires, se establece un monto fijo; suspende las demandas judiciales contra Nación por fondos coparticipables y establece que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan con el tiempo con las de mercado.

Reforma Laboral

Este jueves también el titular de la comisión de Trabajo, Daniel Lovera, anunció en conferencia de prensa junto a Pichetto que no avalará un “tratamiento exprés” de la Reforma Laboral. “Esta comisión no va a convocar hasta tanto se conforme con los nuevos integrantes que el pueblo argentino ha elegido como senadores de la Nación”, sostuvo.

Y agregó: “Atento a la sensibilidad y las voces disonantes, creemos responsable tratarla con la próxima composición del Senado, con transparencia, respeto y debate, y que todas las voces sean escuchadas”, concluyó.

“Hemos decidido postergar este tema hasta la nueva composición del Senado, hasta que la Comisión de Trabajo y Previsión se constituya con las nuevas autoridades, y hasta que la CGT coherentice y unifique en una sola voz si hay voluntad de avanzar en reformas en materia laboral”, afirmó por su parte Pichetto.

De esta forma, quedó prácticamente descartado que el oficialismo pueda tener dictamen de comisión la semana próxima y votar el proyecto de Reforma Laboral en el recinto antes del 10 de diciembre.