América Latina

16 noviembre, 2017

Venezuela: round a round

Después de los comicios regionales de octubre el país celebrará elecciones para las 344 alcaldías el 10 de diciembre. Esto terminará de definir el mapa político de cara a la carrera por el premio mayor: las presidenciales de 2018. El gobierno buscará coronar un último triunfo mientras la oposición atraviesa su mayor crisis interna en los últimos años.

Sin duda, 2017 ha sido un año bisagra para el proceso político en Venezuela. Contra todo pronóstico, el chavismo ha podido reconstruir su mayoría electoral, estabilizar el escenario político y, ante todo, ganar tiempo en el que ha sido uno de los periodos más críticos para el proceso bolivariano desde la muerte de Hugo Chávez. Entre las elecciones para la constituyente y las regionales, el oficialismo pudo detener la avanzada opositora y retomar la iniciativa con nueva vitalidad.

Expectativas frente a una crisis (¿terminal?) de la MUD

El Consejo Nacional Electoral (CNE) destacó el 31 de octubre que se inscribieron hasta esa fecha 4800 aspirantes para las elecciones municipales de diciembre. Dieciocho de los 22 partidos políticos de carácter nacional participaron del proceso. De las candidaturas presentadas, 4016 aspirantes son hombres y 784 son mujeres, precisó Tibisay Lucena, de la CNE.

En estos comicios se elegirán 335 nuevos alcaldes de los municipios del país para los próximos cuatro años, 63 de los cuales están hoy en manos de la oposición. Al peligro de perderlas en manos del chavismo, se suma la posibilidad de que sectores opositores de segundo orden puedan obtener una victoria, reconfigurando parcialmente el mapa político interno de la oposición en detrimento de los liderazgos de Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP).

En los hechos, la MUD ha dejado de funcionar efectivamente como plataforma opositora unificada. Desde las regionales del 15 de octubre y a lo largo de noviembre, sus principales dirigentes y fuerzas políticas se vieron enfrascados en una serie de acusaciones cruzadas que acabaron con la unidad, para conmoción de sus simpatizantes.

Además se votará nuevamente para la gobernación del estado Zulia, luego de que Juan Pablo Guanipa (candidato electo en octubre y dirigente del partido opositor Primero Justicia) se negara a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Como aspirantes al cargo de gobernadora o gobernador del estado Zulia hubo 15 postulantes, incluyendo nueve independientes. Con los resultados del 15 de noviembre el chavismo tendrá una dura pelea si espera revertir la mayor derrota que sufrió allí.

Quien encabeza la alternativa opositora será Juan Manuel Rosales, dirigente de Un Nuevo Tiempo, quien ya gobernó el estado durante dos mandatos entre 2000 y 2008. Además, fue alcalde de su capital, Maracay, durante 2009 hasta quedar inhabilitado por causas de corrupción que lo llevaron a fugarse del país.

Su rehabilitación para competir ha profundizado la brecha interna en la oposición, siendo fuertemente criticado por fuerzas como VP, PJ y Acción Democrática (AD). Estos partidos han optado por abstenerse de participar en las municipales, prefiriendo reorganizar sus fuerzas de cara a 2018.

Sin embargo, AD sí dio vía libre a sus militantes para postularse en boletas independientes. Luego de que sus cuatro gobernadores se juramentasen frente a la ANC, reconociendo en el acto su legitimidad institucional -hecho que le valió ataques incendiarios de sus pares en la MUD-, el partido de Henry Ramos Allup se posicionó como el principal vector opositor en medio de la crisis general que está viviendo.

La herida que duele: el eterno retorno del frente económico

No obstante no todo está dicho. La situación económica se deteriora más y más conforme se acercan los festejos de fin de año. El patrón es el usual, pero no por eso menos drástico para el bienestar y la capacidad de consumo de la economía familiar. La combinación de factores distorsivos inciden sobre el salto inflacionario, como la escalada del dólar paralelo (que ha alcanzado los 50 mil bolívares) y las dificultades que persisten para garantizar el acceso pleno a bienes básicos como alimentos y medicamentos.

El gobierno ha reconocido la urgencia, pero aún queda por ver los resultados que traerán las medidas que se propone ensayar. Un marco legal para precios acordados entre consumidores, Estado y grupos privados que regule un comercio desbocado en la calle. Junto a la apuesta por fortalecer la red de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como primer mecanismo para el acceso inmediato a bienes de la canasta básica. Se trata de medidas de emergencia mientras aún aclara la vía hacia una recuperación económica en el mediano y largo plazo.

A esto se le suma una nueva batalla en el campo externo que ha tenido como centro la negociación de la deuda y la aplicación de nuevas sanciones, esta vez de parte de la Unión Europea, sobre transacciones relacionadas con la provisión del sector militar.

Pero la nueva guerra de interpretaciones que ha ocupado a los medios de comunicación y tironeo por encima y debajo de la mesa ha sido la deuda externa. Entre versiones ampliamente extendidas fuera del país y por la oposición nacional de que el país habría entrado en default, el Gobierno venezolano celebró este miércoles la firma de un Protocolo de Enmienda del Financiamiento vigente entre la Federación de Rusia y Venezuela.

El Ejecutivo detalló que el refinanciamiento por un monto de 3.150 millones de dólares prevé pagos de 10 años, con volúmenes de erogación mínimos en los primeros seis años y con lapsos flexibles. En un comunicado, dice que con la reestructuración acordada entre ambas partes el gobierno bolivariano podrá «asignar fondos para el desarrollo de la economía del país, mejorará la solvencia del deudor y aumentará las posibilidades de que a todos los acreedores se les devuelvan los préstamos otorgados a Venezuela».

Esto se dio en medio de importantes presiones por parte del gobierno estadounidense sobre los tenedores de bonos y acreedores para intentar obstaculizar las negociaciones, apoyado en las “alertas” emitidas por entidades de crédito y calificadoras.

Se espera que un mismo proceso de negociaciones sea iniciado con China. La apuesta del gobierno por garantizar el rol de Moscú y Beijing en el país busca dinamizar la economía en el mediano plazo, y a su vez que sirvan de garantía ante las presiones de Washington.

Julián Aguirre, desde Caracas – @julianlomje

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