16 noviembre, 2017
Los «consensos básicos» del gobierno, al Congreso con acuerdos de cúpulas
Por Federico Dalponte. Hay al menos una decena de proyectos en discusión y el Ejecutivo apuesta a una gran seguidilla de votaciones que le garanticen un 2018 tranquilo. En el medio, gobernadores, CGT y legisladores optan por la negociación, sin aire para la resistencia.

Por Federico Dalponte. El gobierno sacó ventaja. Y no sólo porque ahora impulsa los proyectos que antes escondía, sino porque lo hace perdiendo poco. Esa impronta política, que sólo había expresado a inicios de su mandato, es capaz ahora de doblegar a gobernadores, jueces y sindicalistas por igual, en un brevísimo rapto.
Los frentes de batalla se siguen abriendo: el esfuerzo del oficialismo no sólo está orientado hacia las reformas tributaria y laboral. En el medio se acumulan debates sobre el Ministerio Público, la designación del Defensor del Pueblo, el reparto de comisiones, el ajuste jubilatorio, la feria judicial, el achicamiento de la administración pública y hasta la ley de glaciares.
En todos los casos existen grupos masivos o modestos que resisten ciertos cambios. Pero la quietud generalizada refuerza las posibilidades de un gobierno que se siente respaldado.
El trámite de la reforma laboral fue sintomático. La CGT pudo haberse negado a negociar. No sería la primera vez. Pero la central obrera tiene dirigentes que huelen las relaciones de poder.
La presión sindical consiguió modificar una parte importante del proyecto original del Ejecutivo. O al menos ése será su discurso. No queda claro cuánto hubo de negociación previa: desde un principio era evidente que al macrismo le interesaba apenas una porción del total proyectado.
Pero igual el triunvirato dirigente dirá que sin ese pacto las consecuencias serían peores, que el gobierno hubiese avanzado sin ellos, que lograron defender todo cuanto pudieron.
Los gobernadores de provincia le dirán a sus gobernados algo similar. Se vendrán tiempos de ajustes y recortes sensibles, pero ninguno se cree capaz de ofrecer resistencia y así es que se someten.
El pacto fiscal y la reforma tributaria avanzan a paso firme. Y el costo lo pagarán aquellos que tienen incluso menos fuerza que los gobernadores: los jubilados. El centenar de miles de millones de pesos que cederán es apenas la antesala a una reforma de envergadura. Como en 1993, cada vez que se habla de crisis en el sistema previsional, es porque el cambio normativo está a la vuelta de la esquina.
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Es fuerte la tentación de afirmar que la sociedad no votó esto, que no se votaron estos cambios, que el gobierno no edificó su campaña sobra la base de estos debates. Pero no importa.
El electorado respaldó por segunda vez una forma de hacer política basada en la sorpresa: Cambiemos nunca dice lo que quiere, pero no genera resistencias de peso cuando hace.
Se dirá que existe un consenso social tácito. Es más: sobre esa ficción se monta el Ejecutivo, que ahora ejecuta ese cheque en blanco. ¿Se pueden recortar jubilaciones, eliminar derechos, aumentar tarifas y eximir de impuestos a los poderosos sin pagar ningún costo? Al parecer sí. Tal es el rumbo marcado.
Lo difícil es ofrecer una resistencia robusta y efectiva cuando el poder político, económico y mediático marchan en una sola dirección. Cuestionar el sentido de las mayorías no es tarea fácil.
En ese contexto, el Congreso es una incógnita. Cambiemos acrecentará su peso a partir de diciembre, pero sin formar mayoría. Lo curioso es que no esperará a ese recambio para debatir sus reformas en agenda. O sabe que le sobran los votos, o confía en doblegar a los díscolos.
En cualquier caso, lo que sobrevuela es la sensación de que el focus group macrista se tomó un descanso. Así como la mayoría de los trabajadores creen que la reforma los afectará, es evidente que los jubilados no querrán una merma en sus haberes, ni la sociedad civil querrá un defensor del pueblo metido por la ventana. Y los ejemplos siguen. Pero ahora hay menos especulación.
Desde fines de octubre hasta hoy, el gobierno atraviesa su período más tecnócrata y «ceocéntrico». Los proyectos que impulsa afectan a vastos sectores de la sociedad, pero son resultado de un círculo cerrado que empieza por el Fondo Monetario Internacional y termina en los «think tank» formales o de hecho con llegada a Casa Rosada.
La premisa básica del macrismo es que una mayoría sólida les dio su aval para emprender este camino, con todo lo que ello implique. Ese contrato social con sus votantes todavía no está roto y hoy pesa mucho más que cualquier gobernador o sindicato.
Curiosidad para otro momento: las grandes reformas que sueña Cambiemos las intentará aprobar en los próximos dos o tres meses, ¿y después qué?
@fdalponte
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