Reforma del Ministerio Público Fiscal: un «retroceso constitucional»

Con la presencia del ministro de Justicia, Germán Garavano, este miércoles comenzó el debate en comisión del Senado sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el de la Defensa propuesta por el oficialismo. Esperan poder abordar el tema en la sesión plenaria del 15 de noviembre y que el reemplazante de Gils Carbó asuma bajo la nueva normativa. Fiscales, especialistas internacionales y organismos de derechos humanos, entre otros, critican que la propuesta «termina con la autonomía» del cuarto poder.

Sin duda la iniciativa de Cambiemos está marcada por su batalla contra la –hasta fin de año– titular del MPF, Alejandra Gils Carbó, y la incapacidad que tuvo el oficialismo para apartarla de su cargo por vías legales. Pero en caso de aprobarse el proyecto presentado con las firmas de Federico Pinedo (PRO), Ángel Rozas (UCR), Rodolfo Urtubey y Miguel Ángel Pichetto (PJ), las consecuencias de la reforma serán sumamente profundas y peligrosas para el orden republicano.

En diálogo con «A los botes» (Futurrock), la fiscal general y co-redactora de la primera ley del Ministerio Público Fiscal, Mónica Cuñarro advirtió sobre el avasallamiento institucional que implica el proyecto avalado por el Ejecutivo.

En primer lugar, Cuñarro destacó que las modificaciones planteadas respecto a la designación y remoción llevan a tener «un procurador mucho más débil frente a los otros poderes y al poder político de turno». Es que, respecto a lo primero, bastará una mayoría simple de la Cámara de Senadores para el nombramiento (en vez de los dos tercios actuales), mientras que se reemplazará el juicio político como mecanismo de remoción por una decisión del Poder Ejecutivio o de la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado por mayoría de la mitad más uno.

Además, en lugar de ser el o la titular del Ministerio Público Fiscal quien sea vocero institucional ante los otros poderes, será el ministro de Justicia, es decir, «una clara injerencia del Poder Ejecutivo», quien además, tendrá facultades reglamentarias sobre el organismo, lo que «está impedido constitucionalmente». «Esto existía durante la época de Menem, antes de la reforma, que se ponían a dedo fiscales y se los cambiaba por decreto para poder digitar causas», recordó Cuñarro.

La reforma, afirma la fiscal general, «es un retroceso constitucional para los ciudadanos». Sumado a lo anterior, «se amplían facultades de la comisión bicameral» ya que introdujeron un artículo por el cual «cualquier fiscal que tenga una causa en trámite puede ser convocado» por el organismo parlamentario. En la actualidad eso no está permitido ni siquiera por parte del procurador. «Si hoy nos llama el procurador para pedir lo que sea, la ley nos garantiza autonomía interna para cortar el teléfono. Que haya colegas que atiendan es otra cosa, pero la ley lo garantiza», sostuvo.

También se habilita un nuevo mecanismo de remoción para cualquier fiscal. Si en la actualidad este «no tiene mayoría política», ahora cualquier fiscal podrá ser enviado a jury por «mal desempeño» a criterio del Ejecutivo. Como en esa instancia «la mayoría es política, la suspensión es automática». «Se tiene que dejar trabajar independientemente a los fiscales», indicó Cuñarro.

«No se puede decir que en los fundamentos es un proyecto que afianza el artículo 120 de la Constitución [que indica que el MPF y de la Defensa son organismos con autonomía funcional y autarquía financiera] cuando lo fulmina, se termina la autonomía del organismo», analizó la fiscal. «No se puede decir que esto mejora la independencia de poderes cuando la representación es del Ministerio de Justicia y tiene facultades reglamentarias», subrayó también.

Además, criticó la anunciada «revisión» de 1500 funcionarios y secretarios: «Aparenta ser una cacería de brujas», declaró en relación a varios puntos del proyecto que implicarán ajustes en el personal del MPF. Entre otras cosas, la reforma coloca «en comisión» a casi todo el personal de la estructura central de la Procuración nombrado desde el 31 de mayo de 2013 y quedarán «sin efecto» las designaciones de todos los funcionarios nombrados o contratados desde la promulgación de la ley de ingreso democrático y que no hubieran atravesado un concurso.

Por último, advirtió que con esta reforma «hay que tener 10 años de antigüedad como fiscal general lo cual no lo tiene ninguna mujer», lo que implica «una desigualdad y la violación de los derechos de las mujeres tanto para los concursos como para los cargos».

«Han llegado al Senado las asociaciones internacionales de fiscales diciendo que esto es una regresión democrática», afirmó la fiscal y contó que un amplio arco de personalidades y entidades se han posicionado de forma contraria a la reforma, entre ellos el ex procurador brasileño Rodrigo Janot, conocido por las causas del Lava Jato, distintas ONG afines a este gobierno como Poder Ciudadano y organismos de derechos humanos como el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo.