Diputados prorrogó la ley que prohíbe los desalojos de tierras indígenas

Este miércoles el Congreso aprobó la extensión por cuatro años más de la ley 26.160 que obliga al Estado a realizar un relevamiento de los territorios de pueblos originarios y suspender los desalojos mientras dure el proceso.

La legislación fue prorrogada de forma unánime por la Cámara Baja y de esta manera dio sanción definitiva al proyecto que ya había recibido el aval del Senado a fines del mes de septiembre.

Desde su sanción en 2006 se han extendido los plazos de manera sistemática ya que nunca cumplió con el tiempo estipulado -que originalmente era de tres años- para llevar a cabo el registro correspondiente.

El texto de la ley sostiene en su primer artículo: «Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes». Asimismo el artículo 2do. plantea que «por el plazo de la emergencia declarada» no se llevarán a cabo «la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º».

La iniciativa da cuenta del conflicto en varias comunidades y puntualmente del pueblo Mapuche que denuncia la apropiación ilegal de tierras por parte de diversos empresarios, muchos de ellos extranjeros. Por llevar adelante esta lucha se encuentra detenido el lonco (jefe) Facundo Jones Huala y por su libertad se estaba exigiendo el día de la desaparición de Santiago Maldonado.

Silvia Horne, diputada por Río Negro, declaró que este es una primer paso para saldar una “deuda histórica” que es el “reconocimiento como establece la Constitución Nacional de la preexistencia al Estado de estos pueblos y el respeto a sus etnias, su cultura y lenguaje”. Además añadió que es necesario avanzar en “el verdadero tema de fondo», que implica construir «un Estado multicultural y plurinacional».

“La falta de regularización de las tierras de comunidades indígenas es la gran causa de todos los conflictos”, sostuvo en diálogo con Notas el abogado especialista en derecho indígena, Eduardo Hualpa.

Por su parte la doctora en Antropología de la UBA, Florencia Trentini, explicó a RT en Español que en total hay más de 1.500 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI), que depende del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Sin embargo solo en 759 se hizo algún tipo de relevamiento. “Cerca del 49% de las comunidades” de las cuales “solo 459 cuentan con una resolución del INAI que considera los relevamientos terminados”.

Si no se sancionaba la prorroga de la ley 26.160 “Más del 50% de las comunidades inscriptas en el registro hubieran quedado en una situación de vulnerabilidad jurídica, pudiendo ser desalojadas de sus territorios.