Mundo Gremial

1 noviembre, 2017

La reforma laboral «ataca los pilares históricos del derecho del trabajo»

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, denunció que, al contrario de lo que el gobierno había anunciado, el texto de la reforma laboral expresa un proyecto de flexibilización laboral y un intento de transformar estructuralmente el mundo del trabajo en la Argentina.

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, denunció que, al contrario de lo que el gobierno había anunciado, el texto de la reforma laboral expresa un proyecto de flexibilización laboral y un intento de transformar estructuralmente el mundo del trabajo en la Argentina.

«Es una reforma estructural, integral, que ataca los pilares históricos del derecho del trabajo en la Argentina”, denunció Cremonte en un comunicado y agregó que «no existe ningún ejemplo en el mundo que muestre que haber renunciado a derechos haya creado más trabajo”.

El presidente de la AAL afirmó también que para resistir esta reforma no es necesario que exceda el ámbito exclusivamente parlamentario. «Los propios trabajadores y sus organizaciones deben dar batalla a esta reforma regresiva; todos los actores del mundo del trabajo deben hacerlo», planteó.

El comunicado llamó la atención sobre el «sesgo pro empresario» del proyecto difundido, así como sobre el objetivo general de la reforma que, textualmente plantea la “liberación de las fuerza de la producción”, invocando una expresión que hizo famosa José Martínez de Hoz, ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar.

La iniciativa oficial, plantea la AAL, «extiende de modo exponencial la tercerización laboral, desnaturaliza las multas por el empleo no registrado, crea la fraudulenta figura del ‘trabajador autónomo económicamente dependiente’ y reduce la indemnización por despido».

Además, «habilita a los sindicatos a negociar, a la baja, la ampliación de la jornada de trabajo, eliminando el pago de horas extras; como también la sustitución del pago de la indemnización por despido que le corresponde al empleador por un ‘fondo de cese de empleo'».

Por otra parte, la propuesta del gobierno «modifica el plazo de prescripción, en forma discriminatoria para las persona que trabajan, pasando de dos a un año, además de conceder disminuciones en las contribuciones patronales y suprimir las sanciones a los empleadores por la violación de las leyes que obligan a registrar la relación laboral».

Los abogados laboralistas sostienen que es «una falacia» que, para generar más empleo, se «eliminen las normas que tutelan a la persona que trabaja y el sentido compensador del derecho social». «Se trata de un presupuesto de matriz neoliberal que ha fracasado una y mil veces en la historia», afirman.

La semana pasada, la AAL junto con otras organizaciones de derechos humanos y sindicatos, denunció en la audiencia pública que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo, las distintas violaciones a los derechos laborales ocurridas durante el gobierno de Macri. «La CIDH expresó allí que no debía violentarse el principio de no regresividad en materia de derechos sociales», comentaron los abogados en la declaración y remataron: «El gobierno ha dado ahora un salto más, desoyendo esas recomendaciones y el movimiento obrero, tanto como las organizaciones académicas y profesionales del mundo del trabajo, deben dar una respuesta».

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