Detención de De Vido: «Vivimos en un Estado de Derecho crítico»

Ante el desafuero y detención del diputado Julio De Vido, Radio Gráfica entrevistó a la abogada Natalia Dalesandro que analizó los pormenores de las distintas causas que tiene en su contra el ex ministro. No obstante remarcó como la cuestión jurídica queda en «segundo o tercer plano» en pos de una acción de carácter eminentemente político.

– ¿Es legal intentar desaforar dos veces en un mismo año a un diputado como sucedió con Julio De Vido en julio de este año y ahora?

– Si, no hay ningún impedimento legal para el pedido de desafuero. Sobre todo teniendo en cuenta que los dos requerimientos que hubo tienen dos raíces distintas. El de esta semana se dio en el marco de una causa judicial y el de julio fue realizado por un pedido exclusivo de los diputados y diputadas que consideraban que De Vido no tenía la «habilidad moral» para continuar en su cargo.

La raíz del pedido de aquel momento fue un artículo de la Constitución que pedía la expulsión de la cámara. En este caso fue un desafuero que no es lo mismo aunque tiene el mismo objetivo que es excluirlo de la Cámara de Diputados.

– ¿Cuáles son las causas de las que se lo acusa?

– Son dos distintas. El primer pedido de desafuero que llegó es por una investigación sobre cierto tipo de contrataciones que se hacían en el Ministerio de Planificación a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio.

La segunda es la causa a cargo del juez Claudio Bonadío donde está procesado -junto a otros 20 funcionarios del Ministerio- por un sobreprecio en la importación de gas natural licuado. Las dos están en proceso de investigación y no hubo ninguna decisión de fondo sobre De Vido.

Lo que es cierto es que en el marco del primer pedido de desafuero, el diputado no fue ni siquiera indagado. Eso es una situación a considerar porque no hay elementos contundentes.

El hecho que se le imputa es muy complejo de investigar. En ese sentido se nota, cuando uno va siguiendo la causa y los pedidos del fiscal Carlos Stornelli, que hay una vehemencia en la necesidad de que De Vido esté preso. Ahí queda en evidencia la intencionalidad política.

Cabe aclarar que el juez, Luis Rodríguez, intentó mantener la investigación dentro de los marcos correctos y con seriedad, pero la Fiscalía insistió hasta que obtuvo el pedido de desafuero por un fallo de la Cámara Federal.

– En términos jurídicos ¿qué tan complicada es la situación de De Vido?

– Queda en evidencia acá que lo jurídico está muy en segundo o tercer plano y lo que prevalece es un análisis político y creo que es correcto mirarlo desde ese lado.

Por ejemplo en la causa que está investigando Rodríguez, al momento de solicitar su prisión preventiva, la Cámara Federal lo fundamenta en que como De Vido sigue siendo presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, desde ese puesto puede entorpecer la investigación.

Ahora, si el fin es evitar que desde ese lugar dificulte el desarrollo de la causa, existen otras medidas posibles antes y menos gravosas. Por ejemplo obligarlo a renunciar a la Comisión. De hecho De Vido presentó un pedido de licencia que no fue tratado por la Cámara y en vez de eso se avanzó en el desafuero. También se podría haberle impedido ingresar a determinados lugares.

La Justicia debería solicitar la prisión preventiva sólo cuando se evalúa que ninguna de las otras medidas son suficientes.

– Ante esta situación en terminos legales, pero también el show montado en relación al despliegue de Gendarmería y otros avances contra, por ejemplo, de los abogados laboralistas ¿considerás que esto está dentro de los marcos del Estado de Derecho?

– El otro día hacía un ensayo de pensar que acá no sólo hay un Poder Ejecutivo o un oficialismo político como se viene entendiendo desde la vuelta a la democracia. Lo que hay es un co-gobierno con el Partido Judicial que está lesionando el Estado de Derecho.

No sólo avanza sobre los ex funcionarios del gobierno anterior, sino también contra las manifestaciones, los abogados que defienden a los trabajadores, etc.

Por ejemplo un caso llamativo y que hay que analizar es por qué ahora a los manifestantes que detienen les imputan el delito de intimidación pública que es mucho más grave, puede ser no excarcelable y que cae en Juzgados Federales.

Hay una construcción de cierta «legalidad» que atenta contra los derechos fundamentales de todos los habitantes de la Nación. Se vive en un Estado de Derecho crítico y una democracia desdibujada que va perdiendo los límites.