Derechos Humanos

17 octubre, 2017

“Los fundamentos para el traslado de Milagro Sala son una vergüenza jurídica”

Mara Brawer, coordinadora del Comité por la Liberación de Milagro Sala, detalló las irregularidades del traslado de la dirigente social nuevamente al penal de Alto Comedero.

En diálogo con “Llevalo Puesto” (FM La Tribu 88.7), la ex diputada nacional y coordinadora del Comité por la Liberación de Milagro Sala, detalló las irregularidades del traslado de la dirigente social nuevamente al penal de Alto Comedero.

– ¿Qué argumentos presentan las autoridades para justificar el traslado de Milagro Sala al penal de Alto Comedero?

– Los fundamentos son una vergüenza jurídica. Leer la resolución del juez lo único que demuestra es odio. Yo no soy abogada pero estoy muy acostumbrada a leer expedientes judiciales. Trabajé en las leyes reparatorias donde teníamos que leer muchos expedientes sobre personas asesinadas en la última dictadura militar y la verdad es que me hizo acordar a esos expedientes. Lo que se lee es bronca y arbitrariedad hacia una persona. Un incumplimiento del Estado de Derecho vergonzante.

El fallo dice que Milagro Sala tiene algunos problemas en relación a su estado de salud, especialmente psicológicos. Empieza un poco con los fundamentos de la CIDH, donde se vislumbra en Milagro, producto de la violencia, el encierro y el hostigamiento, algún estado depresivo con algunas ideaciones suicidas. Los psicólogos y psiquiatras de la Justicia recomiendan que esté siempre acompañada por un familiar y obviamente que se cambie la situación.

A partir de ahí, el juez Pablo Pullen Llermanos, dado su estado de salud, la envía a Milagro a hacerse unos estudios a un hospital público de Jujuy y que como ella se niega y está en riesgo su estado de salud, la mandan de nuevo al penal. Recomienda que en el penal esté aislada, y dicen que no se le notifique, que se difiera la notificación a sus abogados, para que no haya ninguna posibilidad de resistirse al traslado.

– ¿Se notificó a los organismos internacionales? ¿Qué respuesta hubo?

– Obviamente que los abogados de Milagro, del CELS y de Amnesty inmediatamente enviaron esta resolución a la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión se dispone a estudiarla. Ya emitieron un primer comunicado informal a través de la prensa donde dicen que esto viola lo que habían dispuesto.

Quiero explicar una cosa. Las personas que están detenidas se rigen por una ley que es la de Ejecución de la Pena. Esa ley dice que la persona que está presa tiene el derecho a elegir qué médico lo trata. Milagro, como está con problemas de salud, había pedido al juzgado a través de sus abogados, ser trasladada a una clínica para internarse y hacerse todos los estudios que necesitaba.

Un día caen a su casa 50 agentes del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) de la Policía de Jujuy a trasladarla compulsivamente a un hospital sin haber notificado a sus abogados y sin respetar el derecho de ella a elegir con quién quiere ser atendida.

El juez ya sabía que ella había pedido ser internada para hacerse los estudios, y la manda a llevarla compulsivamente por la fuerza a hacerse esos estudios a donde él quiere, sin aviso a los abogados. Sabía que Milagro no iba a aceptar ese traslado por lo tanto lo inventó para llevarla a la cárcel violando el derecho a la defensa. Un día Pullen Llermanos va a terminar con un juicio político y lo más probable es que cuando vuelva la justicia a este país termine preso porque puso todos los dedos en esta resolución cuando hasta dice que no se le notifique a los abogados.

No se había visto nunca una resolución de un juez que diga que no hay que notificar a los abogados. Hasta en las películas yanquis vemos que no se hace nada con una persona detenida sin antes notificar a sus abogados.

– Más allá de esta situación irregular del traslado, ¿se había avanzado en algún sentido en la situación de Milagro?

– En realidad, cuando Pullen Llermanos envía a la casa a Milagro dice que no es prisión domiciliaria, y no lo es. Porque sabemos hasta el cansancio que la prisión domiciliaria, como tienen muchos argentinos, entre ellos muchos genocidas, es ser trasladados a su casa, no pueden salir de su casa y punto. No puede una persona con prisión domiciliaria, y lo dice la ley, tener custodia de fuerzas de seguridad -Milagro tenía 23 gendarmes en su puerta-, una casa con muros, con alambre, ella con pulsera de seguridad. Esto ya estaba notificado a la CIDH y apelado al Poder Judicial de Jujuy.

– ¿Y cuáles son los pasos a continuación para seguir peleando por la liberación?

– Por un lado está todo el campo jurídico nacional e internacional. Estamos esperando que la Corte Suprema, que tiene hace un año el expediente de Milagro durmiendo, se expida sobre la cuestión de fondo, si es ajustada a derecho su detención, y sobre los fueros parlamentarios como parlamentaria del Parlasur.

Por otro lado están las apelaciones en la Justicia ordinaria de Jujuy, en la que no hay mucha confianza porque no hay justicia en esa provincia.

Después están los temas internacionales que obligan a actuar al gobierno nacional –porque las resoluciones de la Comisión y la Corte Interamericana si interviniera obligan al gobierno nacional y no al provincial, por lo tanto la responsabilidad es de Macri.

Y por último, y fundamental, la movilización popular. Desde el Comité obviamente colaboramos con lo jurídico pero nos ocupamos de armar campañas nacionales e internacionales y receptar todas las propuestas de acciones. Todavía no está confirmada pero estamos organizando una importante y representativa movilización de mujeres de distintos partidos a Jujuy. Dado que es una presa política, se va a resolver de forma política.

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