Farmacity y la ley de los CEOs contra el derecho a la salud

Mario Quintana, segundo del PRO en Jefatura de Gabinete, impulsa en la Suprema Corte un expediente contra la Provincia de Buenos Aires por una Ley que ampara a sus habitantes ante prácticas comerciales que afectan el derecho a la salud. Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte y ex abogado de la firma, en la mira.

Días atrás, la cadena Farmacity presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un amparo contra la Ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires que protege a los ciudadanos bonaerenses en casos donde los intereses empresariales afectan el acceso universal a los medicamentos.

La norma, con 30 años de vigencia, tiene en sus fundamentos el concepto de medicamento como «bien social», que obliga a las empresas del sector a garantizar la provisión en todo el territorio provincial y a enmarcarse en figuras societarias con responsabilidad profesional, impidiendo las sociedades anónimas.

La presentación de la cadena farmacéutica perteneciente al grupo Pegasus, del que es accionista Mario Quintana, hombre fuerte de Marcos Peña en Jefatura de Gabinete, ya recibió el visto bueno del Alto Tribunal de Justicia nacional, para ser revisado, a pesar de haber sido rechazado por la Justicia Provincial en numerosas oportunidades.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Farmacéuticos y los laboratorios nacionales con sede en el territorio bonaerense se encuentran en alerta por lo que consideran “una avanzada que podría afectar hasta a la industria nacional de medicamentos”.

Notas dialogó con Diego Beghelini, secretario de Derechos y Garantías de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires quien se refirió a este posible avance jurídico nacional sobre la normativa provincial.

“El modelo de negocio de Farmacity es incompatible con el sistema de provisión de medicamentos como lo entiende la Provincia, como bien social. Ellos deberían adaptar su lógica comercial y empresarial, como lo hacen todas las farmacias, a lo que la Provincia ha decidido como la mejor manera de garantizar el acceso al medicamento”, explicó Beghelini a este medio.

El funcionario que trabaja junto al defensor del pueblo, Guido Lorenzino, fundamentó que la norma “pone en la cabeza del farmacéutico la responsabilidad directa, ahí hay limitación a la consideración de la farmacia como un mero negocio porque no puede haber una sociedad anónima sin una cabeza responsable”.

En el caso del medicamento esto está más agravado porque estamos hablando del derecho a la salud.

La preocupación de la Defensoría está centrada en que el medicamento llegue los siete días de la semana, las 24 horas del día, a toda la provincia. Con una modificación de ese esquema, lo más probable es que desaparezcan muchas farmacias y que el negocio farmacéutico se concentre en los centros urbanos más rentables.

Beghelini anticipó que “si Farmacity o cualquier otra empresa adapta su modelo de negocio al esquema de la provincia de Buenos Aires, va a estar permitido”.

Ahora bien, desde los laboratorios nacionales como Roemmers o Bagó también están mirando de reojo esta causa porque consideran que puede afectar la producción de medicamentos genéricos que hacen en su mayoría los laboratorios argentinos.

Cabe mencionar que en la última Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación (ENDEI), publicada en 2015 por el Ministerio de Ciencia (MinCyT), el sector farmacéutico se destaca primero entre las industrias que destinan capital a innovar e invertir en Investigación y Desarrollo científico (I+D).

Sobre este tema opinó María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, en el programa “Mal Aconsejados”, por Radio Caput: «Esta embestida de Farmacity es motivo de debate de todo el sector, desde la fabricación, la distribución hasta la dispensa de medicamentos.

Reinoso explicó que “esto pasó ya en países de la región, como Chile, donde se quedaron con la farmacia, después con la distribución y con la fabricación del medicamento, con el adicional que en Argentina tenemos una industria nacional fuerte en el este rubro”.

La titular de cuerpo colegiado de farmacéuticos se refirió también a uno de los ítems que frena la llegada de la firma: “La Farmacia es un servicio público, no es un comercio, y si a un paciente le pasa algo con un medicamento, si estamos ante una sociedad anónima no hay una responsabilidad directa de un propietario, y Farmacity lo es”.

Para finalizar, Reinoso expresó que «Farmacity igual se puede instalar cumpliendo la Ley, no es que no pueden, pero a donde se necesita, no donde ellos quieren». Y concluyó que «este expediente fue iniciado por Mario Quintana y patrocinado en su momento por Carlos Rosenkrantz, uno hoy es Poder Ejecutivo de la Nación y el otro es Poder Judicial».

Por su parte Diego Beghelini subrayó que “nuestra defensa no es ni corporativa de los farmacéuticos, ni va en contra de nadie, nuestra defensa es lo que la Constitución provincial marca”, es decir, “que el medicamento debe llegar a la totalidad de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires”.

Eduardo Porto – @PortoEdu