CFK: “El Poder Judicial actúa como una fuerza de tarea del Ejecutivo»

Al día siguiente de que el juez Bonadío la citara a declaración indagatoria, Cristina Fernández denunció que existe una  “persecución política, degradación de la democracia y uso partidario y obsceno del Poder Judicial”.

«Hacemos responsable al presidente, Mauricio Macri, por un uso partidario obsceno, donde el Poder Judicial actúa como fuerza de tarea del Poder Ejecutivo”, dijo la ex presidenta de la Nación en la conferencia de prensa que realizó al mediodía del martes en el Instituto Patria.

La candidata de Unidad Ciudadana apuntó sus críticas contra Mauricio Macri y el juez federal Claudio Bonadío, que este lunes la citó a declarar en la causa por “traición a la patria” y supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, por haber firmado el Memorándum de Entendimiento con Irán, en el marco de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman.

“El Presidente tiene una lista negra y yo la debo encabezar”, disparó Cristina en relación a la información que publicó Clarín sobre un listado de 562 personas que, según Luis Majul, integran “los sindicalistas empresarios y jueces a quiénes le gustaría ver presos”. “Si los pusiéramos en un cohete a la Luna, el país cambiaría tanto”, publicó el diario de Herrera de Noble que había dicho Macri al respecto.

Luego la ex presidenta se refirió a Bonadío como “el juez más desprestigiado” de la Argentina y presentó un video en el que repasa su historial, desde su nombramiento como juez federal hasta la actualidad, pasando por su alejamiento de la causa AMIA y su aparición en la famosa “servilleta de Corach”, que nombraba a los magistrados que respondían al gobierno de Carlos Menem. Cristina lo hizo “responsable” de “servir a los intereses políticos del presidente Macri” y actuar “casi como una correa de transmisión” contra la oposición y contra ella en particular.

A continuación, acusó al presidente Macri de “someter a la democracia argentina a un estado de shock con el ánimo de intimidar” y de “judicializar la política”.

“Hacemos responsable al presidente Macri de obscenidad política al permitir que el juez más desprestigiado de la Argentina pretenda manipular el proceso electoral creando un clima de persecución política intolerable e inaceptable”, remarcó Cristina.

“En un llamado a indagatoria se debe aclarar por qué delito se lo cita para que uno pueda ejercer su derecho de defensa. Quiero tener los mismos derechos que cualquiera, ni más ni menos», subrayó la dirigente política.

«Ya basta. Hay que levantar la voz y denunciar la persecución y el deterioro grave de nuestra calidad democrática», sostuvo Cristina y dijo que la citación «vulnera todas las garantías». “Considero inaceptable el cronograma judicial en paralelo al cronograma electoral”, afirmó también.

Además, planteó que luego de las elecciones del 22 de octubre realizará una presentación ante Naciones Unidas por esta causa y este llamado a indagatoria, porque “no solamente esto es un hecho no judiciable sino que es algo hecho en el marco de la carta de Naciones Unidas”.

Acusaciones sin sentido

El periodista de Página/12 Raúl Kollman sintetizó la situación judicial de la ex presidenta en esta causa: «El juez debe definir entre dos delitos. Por un lado, está la acusación por traición a la Patria, no basada en pactar con un país enemigo, sino en auto-adjudicarse la suma del poder. (…) La otra alternativa es el delito de encubrimiento del atentado contra la AMIA, aunque el Memorándum se firmó para avanzar en la causa y, para colmo, nunca entró en vigencia porque el supuesto beneficiario, Irán, no lo aprobó en su Congreso ni manifestó disposición a entregar la carta de aceptación del tratado».

Es decir, ninguna de las dos posibles acusaciones, como la misma Cristina afirmó este martes, tiene ningún sentido jurídico.

Además, vale mencionar que el propio Bonadío fue separado en 2005 de la causa original que investigó el encubrimiento del atentado por ser juez y sospechoso al mismo tiempo y en 2010 fue denunciado por el fiscal Alberto Nisman por integrar una asociación ilícita junto a Jorge “el Fino” Palacios y Carlos Corach, ministro del Interior de Carlos Menem.

El Memorándum

Desde que en 2013 fue rubricado el Memorándum de Entendimiento con Irán fue centro de controversias, aunque fue avalado por el Congreso de la Nación y nunca llegó a aplicarse por la falta de aprobación en el Parlamento iraní. La entonces oposición (ahora gobierno) y algunos organismos de la comunidad judía se manifestaron en contra desde un primer momento.

De acuerdo a la denuncia de Nisman, presentada días antes de morir en medio de la feria judicial, la firma de ese Memorándum tenía como objetivos hacer negocios con Irán y hacer caer las alertas rojas en Interpol de los acusados iraníes. Ambas cuestiones carecen de evidencias. De hecho, cinco de siete jueces federales desestimaron la denuncia del fallecido fiscal.

El acuerdo promovido por el gobierno de Cristina Fernández y respaldado por el Congreso de la Nación pretendía tomar declaración a los acusados iraníes en una causa que se encuentra paralizada hace tiempo.

En total contemplaba nueve puntos, entre los que se destacaba la conformación de una “comisión de la verdad”, integrada por cinco miembros, dos elegidos por cada país y uno de mutuo acuerdo, con el fin de analizar toda la documentación presentada por las fuentes judiciales, para posteriormente labrar un informe con las conclusiones; y la realización de una audiencia en Teherán, hacia donde deberán viajar las autoridades judiciales argentinas para interrogar a los ex funcionarios iraníes que tienen pedido de captura internacional por Interpol.