«El gobierno asfixia y ningunea a la agricultura familiar»

Este martes campesinos y pequeños productores de todo el país se movilizaron desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo para realizar un “feriazo de las economías regionales” donde vendieron más de 20 mil kilos de verdura y otros productos para denunciar la crítica situación que atraviesa el sector. “Llevalopuesto” (FM La Tribu 88.7) entrevistó a  Lautaro Leveratto, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos nucleada en la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular.

– La situación del sector no es nueva, ¿qué novedades tienen?

– Lejos de solucionarse la situación se va empeorando, por eso llegamos a esta medida, no solo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, sino en el país entero. El gobierno nacional a través del Ministerio de Agroindustria tiene una clara intención de asfixiar y ningunear en políticas públicas al sector de la agricultura familiar, los pequeños productores y los campesinos.

Venimos todo el año denunciando la falta de políticas que hay para el sector, y también la especulación con la intermediación de la verdura y los productos de las economías regionales. Por ejemplo hoy están pagando en las quintas 20 o 25 pesos la jaula de acelga, que tiene 10 atados mientras que los mayoristas y grandes cadenas de supermercados como Coto, Walmart y Carrefour venden a ese precio un solo atado.

Esta situación genera que los productores se fundan, que vendan por debajo del costo y que los consumidores paguen precios exorbitantes. Este es un de los puntos centrales que exponemos en este “feriazo”, donde se vendió la verdura al precio que venden los productores en las quintas. Por un bono de $10 pesos en Plaza de Mayo los consumidores se llevaron bolsones de verduras sin intermediarios.

Por otra parte el gobierno está beneficiando, en este modelo económico que tienen, a los grandes grupos concentradores del agro. Tal es así que por ejemplo el programa Fondagro, que tiene por objetivo otorgar créditos a pequeños productores, lo están destinando a medianos y grandes, a sus socios de la Sociedad Rural, a los grandes terratenientes del país que concentran la tierra y la comercialización. A estos grupos los están beneficiando con políticas activas, y al sector de la agricultura familiar, pequeños productores y campesinos que producen más del 65% de los alimentos que consumimos todos los ciudadanos en todo el país nos están llevando a la quiebra.

Un programa que se llamaba Cambio Rural II, que brindaba asistencia técnica y capacitaciones a pequeños productores fue cerrado, cerraron más de 800 grupos en todo el país dejando sin trabajo a los técnicos correspondientes y a más de 9 mil productores sin esas herramientas. Mientras, crearon el programa Cambio Rural III destinado a medianos y grandes productores. Con el agravante que en este programa incluyeron una resolución que prohíbe de participar a los productores extranjeros. Es decir, prohíbe que participen los horticultores que son en su gran mayoría de origen boliviano, gracias a quienes se produce hortalizas en Argentina, sino las estaríamos importando.

– Entre las reivindicaciones de la medida de fuerza incorporan ejes vinculados a proyectos de ley de la agricultura familiar y acceso a la tierra, ¿qué implican?

– La ley de acceso a la tierra es un eje estratégico para nosotros porque la tierra en argentina lejos de diversificarse se va concentrando cada vez más. Por ejemplo denunciamos que Lewis tiene 48 mil hectáreas en la Patagonia, Benetton concentra 900 mil hectáreas y Menéndez tiene 420 mil. Esto va a contramano de un desarrollo rural inclusivo.

Con la ley del acceso a la tierra, y con el articulado sobre el acceso a la tierra para los campesinos en el marco de la ley de agricultura familiar, proponemos mecanismos para resolver la problemática de la renta de la tierra para producir. Por ejemplo, en el caso de La Plata los productores pagan entre 10 mil  15 mil pesos la unidad productiva de entre 2 y 4 hectáreas para producir alimentos.

Proponemos, que así como existe el Procrear, se cree un programa que permita el acceso a la tierra a través de créditos blandos a 10 o 15 años y que los productores puedan tener su parcela sin tener que pagar estos arrendamientos exorbitantes. Es empezar a distribuir la tierra en manos de quien la trabaja.

– ¿Cómo entran en esta ecuación las cadenas de comercialización y distribución?

– Son un factor más en la formación de precios. Mientras los productores están  en situación precaria y baja infraestructura y el Estado alienta a las grandes comercializadoras, son estas las que forman los precios del sector. Por eso sucede que a los pequeños productores nos pagan precios miserables mientras las grandes cadenas obtienen ganancias exorbitantes a  expensas del trabajo de compañeras y compañeros. Esto es fruto de la falta de regulación que el Estado pone sobre los precios y las trabas y falta de políticas públicas en el sector.

En la provincia de Buenos Aires hay más de 70 mil comedores entre hospitales, escuelas, centros de ancianos. El Estado le compra la verdura a estas grandes cadenas, pagándoles entre 150 y 170 pesos la bolsa de cebolla mientras que los cebolleros perciben entre 10 y 15 pesos por la bolsa de 20 kilos. Los intermediarios socios de estas cadenas parásitas y del Estado, absorben la diferencia.

Nosotros proponemos que el Estado compre los a las cooperativas a un precio justo, digamos 80 o 100 pesos la bolsa. Esto le llevaría a ahorrar más de 60 millones de pesos  mensuales que podrían ser destinados a mejorar los hospitales y escuelas en vez de que se llenen los bolsillos los intermediarios parásitos.

Foto: Prensa CTEP