El sistema de la crueldad: apuntes sobre el XI Informe Anual de la CPM

Hace poco más de 10 días y como todos los años desde hace más de una década, se presentó, con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Roberto Cipriano García, Nora Cortiñas y Cristina Gramajo, el XI Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El documento examina la situación de las instituciones de encierro y de las políticas de seguridad, desde una perspectiva de derechos humanos.

Alejándose de tecnicismos jurídicos y planteos abstractos, CPM construye un diagnóstico basado en los efectos que las políticas de seguridad provocan en los cuerpos de las mujeres, los hombres, los niños y niñas que transitan por los dispositivos judiciales, policiales y penitenciarios.

Se trata de una mirada “desde abajo”, cuyas conclusiones, a casi dos años de la asunción de María Eugenia Vidal, expresan la persistencia y profundización de las características más regresivas de un sistema penal orientado a perseguir los delitos de los más pobres, dejando inalteradas las redes de complicidad y gerenciamiento que reproducen la violencia en una sociedad desigual. En relación a la tan publicitada lucha contra la corrupción policial y penitenciaria la CPM destaca que hasta la fecha no se han presentado políticas orientadas a tal fin.

Uno de los indicadores más dramáticos de esta situación lo constituyen las 156 personas que murieron durante 2016 por acción u omisión de los responsables del sistema de encierro provincial. La gran mayoría de estas muertes fueron causadas por la falta de atención médica adecuada, por la deficiente alimentación y por condiciones habitacionales deplorables.

Por todas estas razones, la institución acuñó hace años la denominación “sistema de la crueldad” para intentar sintetizar la lógica sistémica que reproduce y convalida cada una de las situaciones de violencia estatal. En 2016, lejos de los anuncios mediáticos que prometen reformas y cambios, la inflación carcelaria alcanzó un nuevo record en la tasa de encarcelamiento.

Si bien el ámbito de monitoreo del Comité contra la Tortura de la CPM es la provincia de Buenos Aires, la institución tuvo un rol activo en la búsqueda de Santiago Maldonado, presentando el primer habeas corpus, tal como detalla la introducción del Informe. Aunque la responsabilidad del gobierno nacional es insoslayable en el reclamo por la aparición con vida de Santiago, Roberto Cipriano, uno de los oradores del miércoles, remarcó que se trata de un habitante de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobierno se mantiene indiferente frente al dolor de la familia y su reclamo.

En las primeras páginas del Informe puede leerse:

“Esta desaparición forzada no es la primera de nuestra democracia, amplia en ejemplos: Andrés Núñez, Miguel Bru, Iván Torres o Jorge Julio López entre otros. Pero, a diferencia de estos casos, resulta insoslayable la relación directa entre la represión ilegal de la Gendarmería Nacional a la protesta de la comunidad mapuche y la detención de Santiago Maldonado en el marco de ese operativo. Desde el retorno de la democracia, nunca fue tan clara la participación de una fuerza de seguridad en el secuestro y posterior desaparición de una persona. Su desaparición se produjo a plena luz del día, con testigos presenciales de la comunidad y, por supuesto, de la propia Gendarmería. Mientras los primeros prestaron testimonio de lo que vieron, los agentes de seguridad lo negaron sistemáticamente e incluso retacearon y adulteraron prueba e información en el marco de la causa. La gravedad es mayor en tanto el procedimiento estuvo conducido, desde las inmediaciones del lugar, por el segundo responsable del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, jefe de Gabinete de la ministra Patricia Bullrich” (Informe CPM 2016)

La gravedad de esta desaparición se intensifica por la criminalización que, desde el propio gobierno nacional y gran parte de los medios masivos, se realiza sobre la víctima y el pueblo mapuche, así como hacia la familia de Santiago y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. El reclamo por la aparición con vida de Santiago estuvo presente también en la voz y la emoción de Nora Cortiñas, quien llamó a enlazar las luchas por todas y cada una de las víctimas de la violencia estatal en una cruzada común por la democracia.

Otro de los casos emblemáticos de 2016 fue la denominada “Masacre de Pergamino”, en la que 7 jóvenes murieron quemados en una comisaria de esta ciudad bonaerense, y en la que es insoslayable la responsabilidad de los poderes judicial y ejecutivo. En la masacre de Pergamino se actualiza de modo cruel y brutal, la violencia letal de las políticas de encarcelamiento masivo que se suceden desde hace años en la provincia de Buenos Aires. La presencia entre los oradores centrales de la presentación de Cristina Gramajo y Silvia Rosito, madres de dos de los jóvenes asesinados, expresa la centralidad que en el trabajo de CPM tiene el fortalecimiento de la organización colectiva de las y los familiares de las víctimas de la violencia estatal. Cientos de familiares, integrantes de la red que la institución promueve, se hicieron presentes entre las más de 800 personas que asistieron a la presentación, muchos de ellos vistiendo remeras con las caras y los nombres de sus hijos e hijas, también víctimas de la violencia judicial que se superpone y solapa con la policial y penitenciaria.

Registro, denuncia, construcción de propuestas de política pública, pero sobretodo el fortalecimiento de la organización colectiva constituyen parte de las propuestas de CPM para esta coyuntura. La historia y el presente del movimiento de derechos humanos en Argentina pueden sintetizarse en el abrazo de Nora Cortiñas y Adolfo Perez Esquivel con las madres de los jóvenes masacrados en Pergamino.

Angela Oyhandy*

*Socióloga, profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP)