Sin plan propio, el Ministerio de Ciencia apuesta a las universidades

Tras la ocupación pacífica del Ministerio de Ciencia (MinCyT), la Secretaría de Políticas Universitarias finalmente estudiará las demandas de los becarios afectados por el ajuste en CONICET de revisar las condiciones de ingreso a las universidades, y dará una respuesta el próximo martes 3 de octubre.

Desde el Ministerio de Educación confirmaron a Notas que el reclamo de garantizar condiciones laborales similares a las de un investigador de CONICET, la antigüedad docente y la cláusula que habilita a las universidades a salirse del convenio en caso de recorte presupuestario, serán revisadas el viernes en la próxima reunión plenaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), por las autoridades académicas.

A pesar de que las expectativas de los 498 damnificados por el ajuste presupuestario 2016 que los dejó fuera de la carrera de Investigador del CONICET, estaban puestas en la reunión del martes, los funcionarios de la cartera conducida por Lino Barañao solo se limitaron a comunicar la decisión de las universidades y no ofrecieron alternativas complementarias desde Ciencia.

Tras ocho días de toma el gobierno nacional había accedido a extender al 13 de octubre los plazos de negociación con el organismo que nuclea a las casas de altos estudios incluidas en el Programa de reinserción de los investigadores.

Desde la Red que representa a los afectados por el recorte del 60% en la admisión a la carrera de Investigador del CONICET en 2016, explicaron que fueron las presiones del gobierno para acelerar la firma del acuerdo en condiciones adversas, lo que movilizó la medida de fuerza.

Es que la confrontación entre el gobierno y los científicos se remonta a diciembre del año pasado cuando los funcionarios nacionales se comprometieron a reinsertar a los hombres y mujeres de ciencia en las instituciones del sistema científico, garantizando igualdad de condiciones laborales y salariales.

Sin embargo, si el convenio entre las carteras de Ciencia y Educación de la Nación no fuese revisado, hoy los investigadores percibirían un salario 30% más bajo (unos diez mil pesos menos) de lo que hubieran recibido si ingresaban a la carrera de Investigador de CONICET.

Pero además verían perjudicada su estabilidad laboral en razón de una cláusula por la que las universidades se declaran con potestad para auto-excluirse del acuerdo en caso de ajuste presupuestario, situación de la cual hoy no se encuentra exenta ninguna institución superior.

Otra de las demandas que fricciona la negociación es que se garantice el ingreso de todos los afectados al “Programa de Fortalecimiento de la Investigación en Universidades”, y que se priorice el perfil de investigadores con “doble recomendación” del CONICET en los concursos con los que revalidarían los cargos, en 2020.

El “Programa” forma parte de un convenio entre los ministerios de Ciencia y Educación para negociar la reinserción de los damnificados en el ámbito académico mediante la creación de 410 cargos nivel Jefe de Trabajos Prácticos (JTP), con dedicación exclusiva para investigación.

Todas estas demandas implican decisiones que requieren, necesariamente, la determinación autónoma de los rectores de las universidades nacionales. El problema es que las instituciones académicas dependen del presupuesto asignado al Ministerio de Educación, no de Ciencia.

Es por eso que Agustín Campero, secretario de Articulación Científica y Tecnológica del Mincyt, gestionó con Danya Tavella, su par en Educación al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias, que las demandas sean tratadas por las autoridades académicas en la reunión plenaria del CIN de este viernes.

Ahora bien, esto motivó críticas desde la Red de Afectados y desde la gremial que nuclea a los trabajadores de ciencia (ATE-CONICET) puesto que los secretarios del Ministerio de Ciencia no mostraron una propuesta alternativa ante la posibilidad de una negativa de las universidades a aceptar las demandas de los investigadores.

Notas dialogó con integrantes de diferentes sectores de la mesa de negociación con la cartera científica, quienes pusieron el acento en este punto.

Juan Manuel Sueiro, titular de ATE-CONICET, expresó que “en el balance político [tras la reunión] quedó demostrado que no hay un problema de financiamiento, es una decisión política del gobierno de Mauricio Macri no otorgar el presupuesto para incorporar a los becarios a la Carrera de Investigador en CONICET”.

Desde la Red Federal de Afectadxs, Andrés Stagnaro, doctor en Historia, ofreció, también, su mirada a este medio tras la reunión, al manifestar que “el ministerio [de Ciencia] no se compromete para la resolución política de los detalles técnicos, por ejemplo ante el caso que la SPU no se disponga a colaborar con nuestra situación con presupuesto, condiciones o salario. Eso es un compromiso político y todas esas definiciones políticas no las están tomando y dicen que no las pueden tomar”.

Eduardo Porto – @PortoEdu