¿Qué hay detrás de la detención del polémico “Pata” Medina?

Juan Pablo Medina lleva dos décadas al frente de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) platense. Tiene un historial de violencia y manejos turbios. Sus sombras son más que sus luces, y las denuncias en su contra se cuentan por montón.

Es el adversario ideal para la «batalla contra las mafias sindicales», esa suerte de cruzada heroica encarnada por el Ejecutivo nacional.

Este martes, cuando se conoció la orden de detención en su contra, la imagen no lo favoreció para nada: el hombre estaba atrincherado en la casa gremial, resistiendo el golpe de la Justicia con mayúscula.

Del otro lado, y una semana antes, el gobierno ya había decidido intervenir el sindicato manejado por Medina. La consigna: seguir el camino de SOMU (marítimos) y SIVENDIA (canillitas), dos de las seis organizaciones gremiales que soportan la interferencia judicial desde la llegada del macrismo.

La intervención era sopesada en Casa Rosada desde hace meses. “El Pata” Medina es uno de los sindicalistas ortodoxos que peor imagen proyectan. Y como si fuera poco, en 2015 apoyó la candidatura presidencial de Daniel Scioli, y hoy se asume votante confeso de Unidad Ciudadana. Enfrentarse a él supone un rédito político para Cambiemos.

El pasado 20 de septiembre, en La Plata, la UOCRA lanzó una medida de fuerza que impidió, en los hechos, un acto de campaña que tenía previsto Marcos Peña junto al intendente Julio Garro.

Se trató de un episodio más en la lucha en torno a la obra pública. Pero eso terminó por decidir al gobierno. La imagen de un sindicalista kirchnerista impidiendo el desarrollo de la infraestructura del país era demasiado para dejarlo pasar.

Menos de una semana después, el juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó su detención en el marco de un proceso distinto, desvinculado del incidente con Peña, y a raíz de un hecho denunciado por los vecinos de Hudson hace más de cinco meses.

Por su parte, la fiscal Silvia Cavallo ya había imputado a Medina por supuesta “extorsión” hacía varias semanas, a principios de septiembre. Pero el envión que terminó con la orden de Armella no llegó, casualmente, hasta que el gobierno estuvo “decidido a intervenir la UOCRA”, tal como tituló el jueves pasado el diario Clarín.

La causa, la empresa y el conflicto

“El Pata” Medina es, desde hace años, el articulador del factor trabajo en las obras de construcción en la capital provincial. Las empresas se presentan a licitación, hacen sus negocios y después discuten ciertos términos con el sindicato. En los hechos, bastante parecido a lo que hacía Gerónimo “el Momo” Venegas en el sector rural, el adalid del sindicalismo probo o el enriquecimiento ilícito, según se mire.

El conflicto de fondo, que dio lugar a la imputación penal, llegó hace tres meses a la Cámara de Diputados bonaerense. En una audiencia sobre construcción, los empresarios denunciaron el “método extorsivo” del sindicato. E incluso pocos días después, la Asociación de Pymes de la Construcción de Provincia de Buenos Aires (APYMECO) sacó algunas cuentas y afirmó que construir en La Plata es un 60% más caro que en el resto de la provincia.

Lo cierto es que la denuncia de los “vecinos autoconvocados de Hudson” ante el juzgado de Armella tuvo su origen en un hecho irrefutable: el fenomenal retraso de las obras en la estación ferroviaria de esa localidad, cuya inauguración había sido prevista por el propio gobierno para el 11 de marzo pasado.

Pero la fiscal Cavallo desliga al Ejecutivo de toda responsabilidad. Según ella, el retraso “se debe exclusivamente a un conflicto sindical con la empresa contratista Coninsa S.A., por lo cual las obras no pudieron comenzar”.

El conflicto al que se refiere la fiscal es el aumento de los valores salariales que el sindicato ya había acordado con la empresa constructora, pero que el Ministerio de Trabajo bonaerense se negó a homologar. Ello, según los propios funcionarios de la cartera, por no contar con el aval de la conducción nacional de la UOCRA a cargo de Gerardo Martínez, adversario desde hace tiempo de Medina y hoy cercano al presidente.

“Sugestivas nuevas exigencias dinerarias sin proporción”, fue la calificación utilizada por la fiscal para graficar el incremento de los montos en juego. La exigencia, claro, se convirtió ahora en extorsión. Y, a su vez, en un pedido de detención de Medina, como máximo responsable del sindicato.

Tiros, lavado y extorsión

Juan Pablo Medina es un sindicalista incómodo. Son varios los que no quieren su reflejo, aunque estén más o menos cerca en su historial. Su pasado lo persigue más que cualquier causa.

El cambio de mando provincial y nacional supuso, por lo demás, una investigación por lavado de dinero que podría implicar, como mínimo, su camino a prisión preventiva. Lo llamativo, en tal caso, es hoy su detención por extorsión, en un proceso totalmente distinto, en el marco de una negociación -a priori- salarial.

Pero como la confusión es suprema, el gobierno aprovecha para impulsar una intervención ya definida. La UOCRA platense no sólo quedó al borde de ser descabezada, sino con un pie en el precipicio: la designación de un interventor presume, en los hechos, la paralización de la vida gremial interna.

La empresa Coninsa denuncia una interna “a los tiros” entre las facciones sindicales de Quilmes y La Plata. La conducción nacional de la UOCRA presiona para desligarse de Medina. El Ejecutivo denuncia extorsión y lavado.

En el medio, claro, son dos los que intentarán sobrevivir: los vecinos de Hudson y Pereyra, que todavía no tienen estación de tren, y los trabajadores de la construcción, que se preparan para perder su órgano de representación gremial. Los pecados del sindicalista se convierten así, para provecho oficial, en la desarticulación del propio sindicato.

Federico Dalponte – @fdalponte