UE-Mercosur: lo (poco) que se sabe del acuerdo que desea Macri

En la primera visita oficial de la canciller alemana Ángela Merkel a Buenos Aires, el pasado mes de junio, sostuvo reuniones con Mauricio Macri y el canciller argentino Jorge Faurie. Uno de los puntos abordados en la agenda bilateral fue la reactivación de un acuerdo entre los dos bloques de integración regional de los que forman parte ambos países, la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Este miércoles, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la vicepresidenta Gabriela Michetti reiteró las intenciones del gobierno de avanzar en ese sentido.

No se trata de un nuevo proyecto. Sus orígenes se remontan a principios de la década de 1990, todavía en la convertibilidad. Cuando se dio el cambio de signo político en los países de la región y se dijo No al ALCA en 2005, estas negociaciones se cerraron.

En 2012 se reabrieron por impulso de la Federación de industrias brasileras (FIESP), aduciendo que el Mercosur estaba estancado y había que abrirse. A partir del año pasado volvió a tomar fuerza la posibilidad de concretar el acuerdo, al coincidir las presidencias de Michel Temer y Macri, con ambos países cambiando de signo político nuevamente.

Tras la visita oficial el canciller argentino salió a anunciar que para fin de año estaría concretado. El gobierno argentino lo promociona en el marco de la construcción de una imagen de apertura al mundo, pero sin publicar información sobre su contenido. Por su parte, en Alemania los anuncios hablaban de dureza en las negociaciones y que no se iban a ver complacidas todas las demandas de la Argentina.

La información disponible de las negociaciones se encuentra en los documentos que publicó la Unión Europea y algunas declaraciones públicas de los funcionarios, mientras que en Brasil la FIESP hizo algunos cálculos de impacto. Los tres aspectos más relevantes que se dejan entrever son: i) librecomercio entre los países miembros; ii) regulación de la compra pública y iii) extensión de los plazos de patentes.

En cuanto al primer punto, el resultado de bajar los aranceles en el marco de la apertura comercial, es un aumento de las exportaciones de materias primas desde el Mercosur a Europa y un incremento de las exportaciones industriales europeas con destino a los países del Mercosur. Se trata de la clásica división internacional del trabajo en la que estamos sumergidos desde el siglo XIX, reforzada. Este impacto no es para nada alentador para los países del Mercosur, si se tienen en cuenta los números estudios que dicen que cuánto más complejo es tu entramado productivo, como se caracterizan los países desarrollados, mayor grado de bienestar de ese país.

No obstante, ni siquiera es claro qué nivel de apertura tendría el mercado europeo para alimentos, porque hay una resistencia muy fuerte de sus productores agrarios, como por ejemplo en Francia donde éstos tienen relativa importancia. Se desconoce si las materias primas podrían acceder libremente a esos mercados lo que implicaría reforzar la desigualdad en los intercambios. Los gobiernos de Argentina y Brasil están tan preocupados por mostrar  señales de apertura avanzan sin medir consecuencias.

En cuanto al eje de las compras públicas, las expectativas son también poco auguriosas. Un país puede utilizar la compra pública para estimular la producción nacional, ya sea de insumos intermedios como de bienes finales de distinta complejidad. En nuestros países y en el Mercosur rigen programas que favorecen a los productores locales, asignándoles un margen de preferencia. Por ejemplo, si ante una licitación un productor local ofrece a un precio un 10% superior a uno extranjero, y el margen de preferencia es 10% o más, entonces el organismo público otorga la licitación al oferente nacional. La UE pide que sus empresas tengan el mismo trato en las compras nacionales de los países del Mercosur. Entonces, el derrame en variables como empleo y recaudación que traccionan las compras públicas a empresas nacionales podría estimular a las economías europeas en vez de a las nuestras.

El tercer punto es respecto de la extensión del plazo de las patentes. Cuando rige una patente no puede producirse ni comercializarse un similar a ese producto. Por ejemplo, un medicamento de un laboratorio con una patente vigente implica el monopolio de su mercado, lo que le permite regular el precio. Hasta que no vence la patente no se pueden hacer copias genéricas. Se deja entrever que el acuerdo buscaría extender ese plazo de las patentes, aunque no hay precisiones sobre la magnitud de las prórrogas.  Los países europeos son titulares de muchas más patentes que los latinoamericanos.

En conclusión, la baja de los aranceles y el libre comercio no beneficia a nuestras economías, sino que refuerza el patrón de especialización de los países. Por otro lado, tanto la modificación en las preferencias de compra pública como la extensión de patentes fundamentalmente tendría a beneficiar a las empresas europeas. En definitiva, serían medidas hechas a medida, valga la redundancia, de las empresas europeas. El hermetismo que hay en torno a la letra chica de las negociaciones impide que las sociedades civiles se involucren en un debate del cual sufrirán las consecuencias.

Pablo Wahren* – @p_wahren

*Economista. Integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP)

Artículo elaborado en base a la columna semanal de Economía del programa “Llevalopuesto” (FM La Tribu 88.7).