Derechos Humanos

18 septiembre, 2017

11 años sin López: «El Estado es responsable de decir dónde está y quiénes se lo llevaron»

Este lunes 18 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición forzosa de Jorge Julio López, víctima y testigo de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Las reflexiones de su abogada, Myriam Bregman y la abogada de la familia, Guadalupe Godoy.

Este lunes 18 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición forzosa de Jorge Julio López, víctima y testigo de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Las reflexiones de su abogada, Myriam Bregman y la abogada de la familia, Guadalupe Godoy.

«Es muy importante que no nos acostumbremos a la impunidad», dijo a «Llevalo Puesto» (FM La Tribu 88.7) Myriam Bregman. «Es un compromiso que tenemos que reasumir todos», agregó.

Bregman, abogada de López, sostuvo que es «inexplicable que pasen 11 años y que la fiscalía que está a cargo de investigar la desaparición de López no se sienta siquiera en la obligación de sacar un comunicado o decir algo. Es terrible. Es una parálisis inexplicable». Y subrayó: «Eso es la impunidad: no cuando no hay pruebas, sino cuando hay pruebas y no se las investiga, analiza ni hace nada con eso».

Además, aseguró que «las desapariciones siguen siendo una herramienta de las fuerzas armadas y de seguridad a la hora de encubrir sus crímenes».

«En el caso de López surge claramente que aquellos que se lo habían llevado, por un lado lo hicieron con la clara intención de evitar la continuidad de los juicios», aseguró por su parte Guadalupe Godoy en el aire de «Con el pie izquierdo» (Radio Sur 88.3). Pero por otro, «luego de la desaparición hubo agentes de la Policía Bonaerense que obstruyeron la investigación e impidieron que se esclareciera. En este sentido, el paso del tiempo sin respuestas es lo que configura el delito», añadió.

Godoy contextualizó la desaparición del albañil retirado de 76 años en «el inicio de los juicios, pero también el intento de reformas y democratización de la policía». En ese sentido, remarcó: «Tuvimos que soportar que durante los dos primeros años fuera la policía de la provincia la que investigara. Por ejemplo Farinelli, que estaba a cargo de la investigación, había sido parte del aparato represivo de la dictadura en el aparato de inteligencia de la Policía».

En momentos en que el país está convulsionado por la desaparición de Santiago Maldonado hace casi 50 días, ambas abogadas se refirieron al tema. Aunque los escenarios son completamente distintos, se encuentran algunos puntos en común. «En el caso de Julio fue más bien lo que se conoce como una patota paraestatal, mientras que en el de Santiago es una fuerza estatal la que interviene en su desaparición. El caso se empieza a emparentar en el encubrimiento, en tapar las pruebas, en no investigar lo importante», indicó Bregman.

«En el caso López el Estado no es responsable del momento ni de la decisión de secuestrarlo y desaparecerlo, pero sí de dar respuestas, siempre. Más allá de los gobiernos», sostuvo por su parte Godoy. «Nadie está más o menos desaparecido de acuerdo a cuánto nos gusta un gobierno. Hay responsabilidades institucionales. El Estado fue y es responsable de decir dónde está y quiénes se lo llevaron y que haya justicia por ese caso», subrayó.

Por otro lado, Godoy explicó que, por «cuestiones que como sociedad tenemos internalizadas desde la dictadura», al pensar las desapariciones en democracia, lo primero que surge como elemento común es «la duda sobre quién es la víctima».

«En la dictadura era el ‘algo habrán hecho’, cuando desapareció Miguel Bru decían que era traficante, que era un problema de drogas. Con López era el viejito perdido que vivía en un barrio de policías que solía irse de vez en cuando y con Santiago Maldonado es un agente entrenado por las FARC que funcionaba como correo entre RAM y los mapuches chilenos que son organizaciones terroristas», detalló. «En todos los casos son etapas de los distintos enemigos internos que fuimos teniendo. El enemigo subversivo en la dictadura, el pibe del conurbano en los ’90 y hoy otra vez la idea del militante político como enemigo peligroso», planteó.

En segundo lugar, la abogada de la familia de López señaló «la demonización de aquellos que reclaman la aparición».

Para concluir Bregman planteó que la única herramienta que se puede usar «para forzar a la Justicia y al poder político es la movilización para imponer la verdad, saber qué pasó. En estos casos y en todos».

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