Operativo Independencia: “El juicio sirvió para darle voz al pueblo tucumano”

Después de un año y medio de comenzado el proceso judicial, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dictó sentencia en la causa por el Operativo Independencia, desarrollado en esa provincia entre 1975 y 1976. El abogado querellante por parte de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero, Rodrigo Scrocchi, analizó el juicio en diálogo con Notas.

– ¿Están conformes con la sentencia?

– Hubo 10 condenas y 7 absoluciones. Seis de las condenas fueron perpetuas y las otras cuatro penas de entre cuatro y 18 años. La verdad no estamos conformes. Se vivió un clima de decepción durante el día. No esperábamos ese panorama. De todas formas sabemos que hay cosas importantes para rescatar de la sentencia, aunque algunos aspectos preocupan. Los fundamentos de la sentencia los tendremos recién en noviembre, ahí veremos qué medidas tomar y con qué argumentos iremos a Casación. Pero esto continúa.

Lo más importante es que determinó que durante el Operativo Independencia, durante 1975 en Tucumán, se cometieron delitos de lesa humanidad. Lo que prueba que el plan sistemático implementado a partir de 1976, un año antes ya estaba siendo ejecutado en Tucumán.

Lo más preocupante es la absolución de tres imputados que no se esperaba. No les encontramos lógica. En particular un militar que era encargado del centro clandestino de detención en Santa Lucía, que lo llamaban “de cielo abierto”, porque estaba en el ex Ingenio Santa Lucía. Además prácticamente lo confesó cuando le tocó tomar la palabra.

En otros de los casos se tomó el argumento de las defensas de que hubo “error de prohibición”, que es bastante novedoso usarlo en delitos de este tipo. No tenemos conocimiento que otros tribunales hayan decidido absolver con este argumento que, en principio, sería algo muy parecido a una Obediencia Debida. Habrá que profundizar después con los fundamentos pero es muy preocupante.

– Una de las grandes ausentes en el juicio es la ex presidenta Estela Martínez de Perón que firmó el decreto por el cual se ponía en funcionamiento el Operativo Independencia, ¿por qué no se la pudo juzgar?

– Está claro que con las complicidades políticas del OI, como las complicidades civiles durante la dictadura, hay una cuestión clara en la Justicia argentina de no querer llevarlas adelante. Lo vimos claramente en este juicio, pero viene de antes. En Instrucción hubo negativas ante pedidos de la querella y de las propias defensas públicas y de los imputados. Negación constante a imputarla a María Estela Martínez de Perón y tampoco quisieron llamarla ni como testigo.

Creo que en general hay una especie de pacto judicial político que muestra los límites de estos procesos, que poco a poco podemos ir corriendo. Después de 15 años de juicios está claro que las complicidades civiles, empresariales y políticas quedan más al desnudo.

Es una de las grandes ausentes pero no viene de ahora, viene de mucho antes esta negación.

– ¿Qué aportó -aparte de las sentencias- el juicio en términos de verdad sobre lo ocurrido en Tucumán entre 1975 y 1976?

– Ese es otro de los aspectos positivos. No tanto de la declaración de los imputados, pero justamente este juicio le dio como nunca antes voz a un sector de la sociedad tucumana, al sector más postergado, del sur de la provincia. Que fueron destruidos con las medidas económicas, los cierres de los ingenios en 1966 y luego aniquilados pueblos enteros en 1975 con el OI. Esos sectores de la población nunca tuvieron la capacidad reparatoria. El juicio lo que pudo hacer es darle voz a estos sectores. Hubo más de 500 testigos que en su gran mayoría eran familiares o víctimas mismas. Obreros del surco, obreros de la caña, obreros fabriles. No es lo mismo lo que viven esas personas que quienes militaban durante esos años, que tuvieron la posibilidad simbólica de hablar y reparar todo lo que había pasado. Estos hermanos tucumanos callaron durante 42 años. Eso también es muy importante.

Por otro lado, lo que quedó demostrado con esta sentencia es que durante el OI no hubo una guerra en Tucumán. Eso es algo que en distintos sectores de la sociedad está instalado. Recordemos que la sociedad tucumana fue la que después le puso el voto al genocida Bussi. Esa es otra característica importante del proceso. Y la sentencia lo vino a corroborar. No hubo una guerra, lo que hubo fue un ataque sistemático a la población civil donde se cometieron delitos de lesa humanidad. Eso quedó ampliamente probado.

– El OI fue un laboratorio del terrorismo de Estado que se desarrolló luego en todo el país durante la dictadura. Para quien no conoce lo que fue el OI, ¿cómo podrías sintetizar lo que pasó en Tucumán en esos años?

– El OI se instala en Tucumán con la excusa de la célula guerrillera que efectivamente existía, la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Pero con esa excusa se despliega aproximadamente 10 mil hombres con el OI. Para combatir a una célula guerrillera que tenía entre 150 y 200 personas.

Nosotros lo que planteamos es que el OI no sólo fue un laboratorio. En Tucumán se instaló el primer centro clandestino de detención, tortura y exterminio, La Escuelita de Famaillá, donde se implementaron los métodos que después se utilizaron en La Perla, en ESMA, en todos lados.

Pero también sirvió como una especie de graduación para los altos mandos militares y de inteligencia. Que venían hace muchos años preparándose en lo que llamaban la guerra contrarrevolucionaria y la doctrina de la seguridad nacional. Acdel Vilas lo dice claramente en su diario de campaña que fue una de las pruebas fundamentales del juicio: ellos no solamente estudiaban lo que habían hecho los franceses en Argelia, sino que además los admiraban. Y está probado que los agentes de las Organización del Ejército Secreto (OAS, por sus siglas en francés) vinieron a preparar a los militares argentinos. Por eso también pasó tanta tropa por el OI. Venían aquí a aplicar todo lo aprendido. Eso se sistematizó y a partir de marzo de 1976 se desperdigó por todo el país.

Con el cierre de los ingenios en 1966, queriendo llevar adelante un modelo económico de capitalización de lo que era la producción azucarera, lo que llevaron a cabo fue un industricidio. Y en 1975, un genocidio.

Por otro lado quedó totalmente probada la complicidad empresarial. Los grandes terratenientes ponían a disposición los ingenios para que se instalaran las bases durante el OI. Fueron muchas veces nombrados, por ejemplo, los Avellaneda.

– ¿Qué consecuencias dejó en la sociedad tucumana?

Una de las cosas que más me impactó en mi experiencia durante el juicio es la cantidad de obreros del sur de la provincia, del Tucumán profundo, que vino a declarar como víctimas. También muchos que vinieron como testigos y terminaron contando que ellos también habían sufrido secuestros, torturas, etc. Lo que nos demuestra es que lograron una fisura en el entretejido social tucumano. Si uno hoy recorre la provincia lo puede ver claramente. Hay una ruptura que no ha logrado sanar del todo.

Salían colectivos enteros para asistir a la sentencia. El juicio reactivó una solidaridad que está silenciada por el terror, el miedo. Vinieron alrededor de 30 compañeros de Santa Lucía. Eso muestra que el juicio movilizó una fibra sensible en el interior de Tucumán. Esperemos que de aquí en adelante se pueda entrar en un proceso de reparación. Muchas personas todavía no pudieron contar o denunciar.

En el juicio vimos 271 casos, pero fueron muchos más. Vilas en su diario de campaña dice que por “la Escuelita” pasaron entre 1400 y 1500 personas. Hay mucha tela para cortar todavía. El juicio sirvió para darle voz al pueblo tucumano y para reactivar cosas que estaban silenciadas. Eso la verdad fue muy gratificante, independientemente del sinsabor que dejó la sentencia. Después de 42 años muchas veces se pensaba que este juicio era irrealizable y estuvimos aquí. Eso se logró con la lucha. Sabemos que si bien no estamos conformes, vamos a seguir. No vamos a claudicar en el pedido de memoria, verdad y justicia.