Cambio Rural y un nuevo revés para los inmigrantes

La semana pasada el Ministerio de Agroindustria emitió una resolución que excluye a los ciudadanos nacidos en otro país de acceder al programa Cambio Rural. El ministro Buryaile ya fue denunciado ante el INADI.

La resolución 249 del 6 de septiembre “crea” (según dice en su texto) el programa Cambio Rural. Lo cierto es que el mismo nació en el año 1993, como un modo de brindar asistencia técnica a los productores rurales para aumentar su competitividad. Se trata de proveer asesoramiento a través de un ingeniero agrónomo a grupos de productores que se asocian. El Estado financia la mitad del salario del técnico y los productores se dividen el resto. Cabe destacar que la función de un agrónomo es fundamental para quienes producen la agricultura familiar, y que -a diferencia de productores más capitalizados- no podrían afrontar el gasto de manera individual.

La nueva normativa introduce requisitos para acceder al programa que antes no se pedían: ahora sólo podrán participar las personas nacidas en territorio argentino, o que sean hijas de ciudadanos nativos. Esto excluye a un gran porcentaje de productores de la agricultura familiar, campesina e indígena, que son principalmente de origen boliviano. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) ya denunció por este motivo al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, ante el Instituto contra la Discriminación (INADI).

Notas dialogó con Ezequiel Manzolido, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) rama Rural -que es parte de la CTEP-, quien consideró que “esto tiene que ver con una política clara del Gobierno de no beneficiar y de invisibilizar a los productores de la agricultura familiar». «Ya se habían dado de baja 1200 grupos de productores familiares y de economías regionales, y ahora se sumó que en el nuevo Cambio Rural sólo pueden ser beneficiados productores argentinos”, agregó.

Respecto a cómo afecta en lo concreto esta exclusión, Manzolido contó que los principales perjudicados son los agricultores familiares del Gran La Plata: “Es el cinturón hortícola más importante del país y más del 90% de los productores que producen verduras y hortalizas son de origen boliviano. Esta medida es xenófoba y discrimina a los trabajadores de la tierra que hoy producen alimentos frescos para toda la población”, acusó.

“De esta manera, el programa estará destinado a asistir a los productores más capitalizados, dejando a muchos productores y productoras de alimentos sin asistencia técnica por parte del Estado”, finalizó Mansolido.

La CTEP emitió un comunicado refiriéndose a la discriminación de esta medida en particular, pero allí contextualizan la orientación política que enmarca y explica esta exclusión: “La Secretaría de Agricultura Familiar se encuentra totalmente desfinanciada con una gran parálisis en la política pública en general, trabando las pocas herramientas que tiene como el Monotributo Social Agropecuario y el Registro Nacional (RENAF), herramientas por las cuales miles de pequeños productores acceden a derechos básicos como jubilación y obra social”.

Mencionan además la previa eliminación de 780 grupos, que ya había recortado la asistencia a productores.

“Todo este entramado es parte de un proceso más amplio de profundización del odio, la xenofobia y la estigmatización negativa de los sectores populares que luchan por sus derechos, como lo está sufriendo el pueblo mapuche», indicaron también desde la CTEP. Y, para concluir, plantean que esto esconde a «los verdaderos protagonistas de esta cuestión, el gran negocio de la extranjerización de la tierra en manos de los Lewis, Los Benetton y las empresas multinacionales que se están quedando con nuestros recursos”.

Leticia Garziglia – @letigarziglia