Lesa humanidad: cuatro condenas por los crímenes de Orletti

Este lunes, el Tribunal Oral Federal Nro. 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a tres ex policías y un agente de inteligencia a penas de entre 6 y 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención «Automotores Orletti», ubicado en el barrio de Floresta, durante la última dictadura militar.

Los jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Daniel Horacio Obligado sentenciaron a 25 años de prisión a José Néstor Ferrer y a seis a Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. La fiscalía había pedido perpetua para estos tres ex integrantes de la Policía Federal. Para el cuarto acusado, el otrora agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) César Alejandro Enciso la pena será de 16 años.

Los jueces sentenciaron que los hechos investigados constituyeron «crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio» y encontraron a los cuatro acusados «coautores» del delito de «privación ilegítima de la libertad».

Nerone y Gutiérrez integraban, durante la dictadura militar, la División de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal y el grupo de tareas de Orletti y fueron condenados por el secuestro de Victoria Lucía Grisonas de Julien a seis años de prisión. Ambos fueron absueltos por el homicidio de Mario Roger Julién Cáceres, decisión que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), ya anunció que recurrirá.

Por su parte, a Ferrer, que formaba parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal, se lo encontró culpable por los secuestros de Gustavo Adolfo Gayá, Ana María del Carmen Pérez y el homicidio de Estela María Moya de Gayá.

En el caso de Enciso, se lo condenó por los secuestros de Gerardo Francisco Gatti, Julio César Rodríguez Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Silvia Navaja de Santucho.

El juicio comenzó en octubre del año pasado y desde entonces declararon aproximadamente 50 testigos. En el proceso judicial se unificaron dos causas, conocidas como Orletti III y IV.

Centro de operaciones del Plan Cóndor

«Orletti» funcionó como Centro Clandestino de Detención entre mayo y noviembre de 1976, apenas comenzada la dictadura militar.

Fue un punto clave del Plan Cóndor ya que, como explicó Ricardo Maggio, coordinador del Sitio de Memoria que allí funciona actualmente a «Con el pie izquierdo» (Radio Sur 88.3), «es la única base identificada como base operativa» de aquel operativo que «articuló y coordinó todos los aparatos represivos de las dictaduras de América Latina con supervisión de la CIA para la persecución de los militantes populares del Cono Sur».

«Por Orletti pasaron muchos compañeros chilenos, uruguayos, bolivianos, peruanos, en su mayoría militantes de países hermanos», apuntó Maggio. La mayoría de las y los militantes que fueron víctimas en «Orletti» eran militantes del PRT-ERP y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de Uruguay.

«Lo importante de este juicio es que se pudo identificar a represores que hasta ese momento no habían sido identificados como parte del Ex Orletti», aseguró el militante por los derechos humanos. Y explicó que en esa tarea colaboraron tanto el Centro de Investigación del Sitio de la Memoria como organismos estatales y judiciales.

En el mismo sentido, el CELS resaltó que «los ahora condenados en el proceso de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado nunca antes habían sido convocados para responder por sus posibles responsabilidades penales».

«Más que la cantidad de años de detención, hay que resaltar lo simbólico de que estas bestias puedan ser juzgadas, condenadas y que cumplan efectivamente la condena y no se los mande a la casa por mayores de 70 o problemas de enfermedad», aseguró Maggio y subrayó que, más allá de las penas, «nunca se va a reparar la ausencia».

«Pero la sentencia en sí es importante, más en estos momentos en que se intentó instalar el 2×1 o se vuelve a discutir la teoría de los dos demonios o negar el número simbólico de cantidad de compañeros y compañeras desaparecidas», concluyó.

El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos Martín Rico, por su parte, resaltó que en este juicio «se pudo probar el estrecho vinculo operacional entre los grupos orgánicos de la SIDE y la Policia Federal, quienes a veces coincidían, pero también mostraban cierta autonomía al momento de producir los delitos aberrantes que se cometieron».

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 23 de noviembre.