Santiago Maldonado: el juez Otranto no llamará a declarar a Noceti

Más de 40 días después de la desaparición del joven durante una protesta en el Pu Lof en Resistencia – Cushamen, en la provincia de Chubut, el juez a cargo de la causa, Guido Otranto, realizó una conferencia de prensa y detalló el estado de la investigación. Luego, se reunió con Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior de la Nación, quien le entregó documentos que contienen «información relevante» sobre la actuación de Gendarmería.

«Esta semana deberían estar los resultados de las pruebas de ADN de la ropa que nos aportaron y de todo lo que se encontró en las camionetas de la Gendarmería», indicó el juez. Explicó también que aún no llamó a ningún gendarme a declarar en el marco de la causa por la desaparición forzada de Maldonado porque «para definir en qué situación van a presentarse a declarar, se necesita tener el resultado de las pruebas de ADN». Aclaró que estos sí declararon en la causa por el corte de ruta.

Otranto también aseguró que no convocará a Pablo Noceti a dar testimonio, a pesar de haber sido identificado en fotografías y videos en las cercanías del lugar de los hechos. Justificó su decisión diciendo que se encontraba allí porque «tuvo reuniones en la zona». “No tengo pensado citarlo a declarar porque no hay ningún elemento que lo amerite”, afirmó.

«Él estuvo acá, en Esquel, estuvo reunido conmigo evaluando toda la situación. Yo creo que no fue él el que coordinó el operativo», dijo el juez sobre el desalojo y represión del corte en la ruta 40 de Chubut. «No sé qué habrán coordinado a nivel político en la reunión del 31 de julio [que mantuvo Noceti con funcionarios provinciales]. A mí, en la reunión que tuve con Pablo Noceti acá, él me reconfirmó lo que me había adelantado el día anterior: la Gendarmería o las fuerzas de seguridad provinciales iban a actuar por iniciativa propia cada vez que hubiese un corte de ruta con violencia», agregó.

El magistrado pidió a Milman «reforzar la cantidad de personal» para las tareas de rastrillaje que comenzaron la semana pasada, más de un mes después de que Maldonado haya sido visto por última vez. Detalló, a su vez, que estos serán río abajo, «hasta que la Prefectura diga que ya no es necesario».

Presión internacional

Los primeros días de la semana el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra, se reunirá con el jefe de Gabinete Marcos Peña. Por pedido de la familia, el organismo la semana pasada se reunió también con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

Los familiares de Maldonado piden al gobierno la intervención de dicho organismo en tanto asesores técnicos para que se «garantice una investigación independiente». Recientemente la Acnudh expresó su preocupación por la «falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo». A su vez, reclamó a las autoridades «realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas».

«La Convención establece claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de hechos. En especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública», dijo Incalcaterra sobre la relevancia de conformar una comisión de investigación independiente al estar en el centro de las sospechas la actuación de Gendarmería.

Esto se suma a las declaraciones de la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas que también reclamaron al gobierno el esclarecimiento de los hechos.