Se lanzó el Foro Permanente por los Derechos Humanos y la Naturaleza en Escobar

El pasado sábado 2 de septiembre se llevó adelante en la sede de la Universidad de Buenos Aires de Ingeniero Maschwitz el lanzamiento del Foro Permanente por los Derechos Humanos y la Naturaleza. Esta iniciativa nace de la necesidad de conformar un espacio de encuentro, promoción y defensa de derechos en un contexto en que las organizaciones participantes denuncian una creciente vulneración de los derechos más elementales.

El Foro Permanente de Derechos Humanos y la Naturaleza es una iniciativa para debatir y construir, propositivamente, interpelando al Estado desde las organizaciones. Sus objetivos son: garantizar la protección de los Derechos Humanos; favorecer el acceso, y efectivización de derechos; promover la participación y protagonismo popular; contribuir a mejorar las condiciones de vida del pueblo; aportar a la formación, capacitación e información en Derechos Humanos; construir sujetos de derechos, con capacidad de demanda; producir conocimiento, investigación, estadística para aportar a la construcción de política pública y a la democratización de las instituciones; asistir y acompañar a los más vulnerados, víctimas, u organizaciones que así lo requieran.

Las organizaciones que impulsan este Foro son Patria Grande, Seamos Libres, Militancia Peronista, La Cámpora, CTA de Los Trabajadores, la agrupación HIJOS, la Universidad Popular de Escobar, representantes de distintos gremios, docentes, medios alternativos, cooperativas y distintas asociaciones civiles.

A su vez participa del espacio la Secretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Escobar. Desde el Foro resaltaron “la posibilidad de que el Estado municipal y las organizaciones populares puedan trabajar en conjunto”. “Entendemos que las organizaciones políticas no deben suplantar al Estado, ni tampoco deben perder la autonomía que las vio nacer, sino que deben trabajar de forma mancomunada para el desarrollo de Políticas públicas que nos permitan defender nuestros derechos, y conquistar los aún no alcanzados, generando una agenda de trabajo que supere los reclamos aislados y nos permita trabajar los derechos humanos de forma integral y transversal”, aseguraron.

En el transcurso de la jornada se realizaron distintos talleres, de los cuales surgieron proyecciones y propositivas de cara al Estado, de donde se espera que puedan surgir políticas publicas inclusivas. Estos fueron “Violencia Institucional”, “Estado y clase trabajadora”, “Lesa Humanidad”, “Derecho a la Ciudad”, y “Tríada de poder: mediático, económico y judicial”.

Cerraron el encuentro Vanesa Salgado, investigadora del Observatorio de adolescentes y jóvenes del Instituto Gino Germani de la UBA y Juan Grabois, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Ambos abordaron la actual coyuntura en materia de criminalización de los jóvenes bajo el actual gobierno, en complicidad con los grandes medios de comunicación.

La “cadena punitiva”, en términos de Salgado, implica a la Policía, como primera cara visible del Estado para buena parte de la juventud, seguida por la Justicia cómplice y el encierro del sistema penitenciario.

La investigadora aseguró que el Estado, cada vez más punitivo y menos social, en vez de discutir políticas sociales, discute política penal para responder al reclamo de mayor seguridad -que legitiman y difunden los medios- y presenta como solución la baja de edad de punibilidad. De fondo, el Estado deja de discutir, pensar y proponer políticas sociales y avasalla los derechos básicos de los niños y jóvenes.

Luego de problematizar el abordaje del delito desde el “progresismo académico”, Juan Grabois se refirió a la realidad de los pibes en los barrios, que sufren cotidianamente el hostigamiento de la policía y que son expuestos como enemigos sociales por los grandes medios de comunicación. Mientras tanto, se esconde el hecho de que es el Estado quien vulnera sus derechos sociales esenciales, como el acceso a la educación.

Referenciando al sector de la economía popular, consideró que es necesaria una mayor movilización y compromiso popular, porque es imperioso “que seamos cada vez más los que, desde los sectores populares, pongamos un freno al gobierno del ajuste”. Recordó así la experiencia de las y los trabajadores de la economía popular en la conquista de la ley de Emergencia Social.

Para cerrar, cuestionó la política ambiental del municipio, enmarcada en el proyecto del Consorcio zona norte II, que apunta a una planta recicladora que incinera la basura. Desde el MTE alertan que esta política atenta de manera preocupante contra el ambiente, ya que a través de la combustión de las plantas incineradoras se liberan toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera (entre otros gases y sustancias altamente tóxicas y peligrosas). Además, advierten que no son incluidos como protagonistas del proyecto.

Paula Jacquemin e Ignacio De Vedia

Foto: El Argentino – Zona Norte