Sindicato de Peajes rechaza el plan del gobierno para despedir 2500 personas

Ante el anuncio del gobierno nacional de un plan para eliminar la mitad de las cabinas de peajes del país, el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) se declaró en “estado de alerta y movilización”. Finalmente logró que se abra una mesa de negociación para intentar frenar la iniciativa.

Luego de diversas gestiones con el Ministerio de Transporte de la Nación y Vialidad Nacional el SUTPA «formará parte de la negociación para discutir un proyecto que atenta contra la fuente laboral de 2500 familias», señaló el gremio en un comunicado.

«Es indispensable, por el conocimiento que poseemos de nuestra actividad, que estemos sentados en la mesa donde se discutirá el futuro de los corredores”, añadió.

El proyecto gubernamental, difundido por distintos medios de comunicación hace dos semanas, plantea que de las 50 cabinas de peajes existentes en las rutas nacionales queden entre 24 y 26 mientras se llevan a cabo distintas obras de refacción.

Desde el sindicato apuntaron que han sido «los primeros en denunciar el mal estado de la infraestructura de las rutas y los accesos» por lo que comprenden «la necesidad de las obras». No obstante opinaron que «estas mejoras no deben engrosar los índices de desempleo en un país con el 35% de trabajo informal y más del 30% de pobreza”.

El SUTPA también cuestionó la modalidad en la cual el Ejecutivo planea desarrollar la nueva infraestructura vial. Tal como señaló el diario La Nación «las obras se realizarán bajo el programa de Participación Público Privada (PPP)» establecido por la ley 27.238, aprobada en 2016.

Bajo el PPP «el desembolso para la obra lo realizará el privado» y recuperará ese dinero «por dos vías». Por un lado, «el consorcio podrá cobrar los peajes que le habilite el Estado» y además «recibirá una compensación que saldrá del Sisvial, un esquema de recaudación que se solventa con una tasa vial que se paga con el precio de cada litro de gasoil que se vende en la Argentina», subrayó el diario de los Mitre.

«La ejecución del proyecto que propone rutas seguras a través de la PPP, no sólo amenaza con dejar sin trabajo a 2500 familias sino que además atenta contra las Pymes, la mano de obra nacional y expone al estado a ser garante del privado, para asumir los riesgos que puedan surgir a futuro», denunciaron desde el SUTPA.

Además añadieron que «las empresas podrán contratar préstamos, emitir títulos de deuda y constituir fideicomisos con el Estado como garante» mientras éste «queda sin defensas ni beneficios» y sólo adquiere «deudas y obras posiblemente sin finalizar, debido a litigios por indexación, actualización de tarifas, indemnizaciones, etcétera».

Finalmente apuntaron que «ante estas controversias se da la posibilidad al contratista de optar por tribunales arbitrales extranjeros que, con la experiencia reciente con los Fondos Buitres, resultan desfavorables para nuestro Estado». Esta legislación «no sólo beneficia el ingreso de capitales extranjeros, sino que además excluye casi​​ ​​en su totalidad a la Industria Nacional”, concluyeron.